Audiencia de la Junta Fiscal revela el "indignante" estado del Departamento de Educación

Escuelas que no han reabierto a dos años del huracán María, facturas de agua y luz en planteles escolares que cerraron hace años, un sistema de asistencia que no se ha implementado a cabalidad en 10 años y procesos de subastas que tardan meses antes de que los estudiantes puedan tener un nuevo libro en sus manos son parte de las trabas operacionales en el día a día del Departamento de Educación de Puerto Rico.

La pobre gestión administrativa en Educación, ahora, tiene como telón de fondo la congelación de sobre $600 millones en fondos federales, incluyendo unos $125 millones en Educación Especial; las exigencias de recortes presupuestarios por parte de la Junta de Supervisión Fiscal (JSF) y los reclamos para que los estudiantes tengan mejor desempeño académico o reciban los servicios necesarios según determinó el tribunal hace más de una década en el sonado caso Rosa Lydia Vélez.

De esa forma podría resumirse la situación que encara el Departamento de Educación, la agencia con el mayor presupuesto del gobierno y que, en palabras del presidente de la JSF, José Carrión III, administra un sistema de enseñanza pública “ineficiente e indignante” para la juventud puertorriqueña.

“El respaldo técnico lo tendrá, pero creo que ustedes pudieron ver la situación que está confrontando el Departamento”, dijo Carrión a los miembros de la prensa, tras concluir la audiencia efectuada en el Centro de Convenciones de Puerto Rico.

Carrión, quien en varias ocasiones comparó Educación con una empresa privada, sostuvo que mientras el gobierno ha planteado que la JSF redujo el presupuesto de la agencia, en la práctica, “hay un tema administrativo” que necesita atenderse.

“La responsabilidad fiscal trata de tomar decisiones, decisiones acerca de dónde gastar y dónde cortar. Asignar más dinero no significa necesariamente mejor educación. Dónde gastar es tan importante como decider dónde cortar y la calidad del gasto importa tanto como la cantidad”, dijo por su parte, la directora ejecutiva de la JSF, Natalie Jaresko.

“Todavía es que me da un yeyo a mí”, musitó una educadora sentada en la audiencia mientras escuchaba el interrogatorio y las analogías entre el sistema educativo y una empresa privada que empleaban los integrantes de la JSF.

“Esto es una falta de respeto”, comentaba por su parte, la presidenta de la Federación de Maestros, Mercedes Martínez, quien también presenciaba la audiencia.

“En todos los renglones ha habido reducciones y con la reforma educativa que estamos implementando, habrá reducción de empleados”, dijo por su parte el secretario de Educación, Eligio Hernández Pérez, al insistir en que a medida que se implemente la descentralización de los servicios y programas de la agencia, se lograrán mayores economías.

Según el plan fiscal, entre los años 2019 al 2024, Educación debe lograr ahorros por $571 millones, que entre otras cosas, deben reinvertirse en la agencia para capacitar a los educadores del sistema y aumentar la compensación que reciben.

Desde la perspectiva de la JSF, los recortes en Educación no han ido a la par con la reducción en la población estudiantil entre los grados primarios a secundarios en el sistema público de enseñanza prácticamente se ha colapsado. Al presente, el sistema de educación pública de Puerto Rico sirve unos 290,573 estudiantes. Hace 10 años, la matrícula estudiantil se calculaba en sobre 700,000.

Pero desde la perspectiva de Hernández Pérez, las diferencias entre la JSF y el gobierno parecen tener su origen en cómo se interpretan las cosas.

“El T1 se cuenta como personal administrativo, pero asiste directamente al estudiante, lo mismo pasa con el T2, que ofrece la traducción de lenguaje de señas al estudiante. Lo mismo con Remedio Provisional”, dijo Hernández Pérez. Según el funcionario, estos profesionales ofrecen servicios directos a los alumnos del Programa de Educación Especial, pero para fines de presupuesto, estos puestos de trabajo no se identifican como personal docente sino administrativo.

“Para nosotros sería relevante reevaluar qué es docente y qué es administrativo, según su interpretación”, dijo Hernández Pérez a los integrantes de la JSF.

El legado de Keleher

Por primera vez, desde la creación de la JSF hace tres años, y por espacio de dos horas, el gobierno tuvo la oportunidad de rendir cuentas al organismo fiscal en materia de Educación. Esto, como parte del proceso de implementación del plan fiscal certificado.

No obstante, la audiencia ofreció una oportunidad particular: conocer el verdadero estado de la agencia que Hernández Pérez y su equipo de trabajo heredaron de manos de Julia Keleher.

Por casi dos años, Keleher, al igual que el exgobernador Ricardo Rosselló Nevares, alegaron repetidamente ante la JSF -y aseguraron a la ciudadanía y al gobierno estadounidense que cubre poco más de una tercera parte de ese presupuesto- que el Departamento de Educación territorial experimentaba una transformación sin precedentes.

En contraste, desde el verano pasado, Keleher -quien devengaba sobre $250,000 como secretaria de Educación- encara acusaciones de corrupción a nivel federal por supuestamente ponerse de acuerdo para beneficiar a contratistas de la agencia.

Para el año que viene la contratación del síndico

Tales eventos empujaron a Educación a un limbo presupuestario. Ello, luego de que el verano pasado, el gobierno de Estados Unidos requiriera a Educación contratar una especie de síndico antes de transferir más fondos a Puerto Rico.

Al presente, poco más de $600 millones en fondos federales están detenidos hasta que se complete dicha contratación. En el monto de fondos federales detenidos se encuentra el dinero para el programa de Educación Especial.

En junio pasado, en medio del escándalo de Keleher, Rosselló Nevares anunció -como supuesta iniciativa suya- la contratación del administrador independiente.

Sin embargo, este miércoles, cuando los integrantes de la JSF preguntaron por el estatus de esa contratación, los funcionarios de Educación informaron que la solicitud de propuestas para el síndico se lanzó el pasado 11 de octubre. Se prevé que la contratación del agente fiduciario se complete para finales de febrero de 2020.

Según el plan fiscal, este año, Educación tiene que recortar unos $317 millones de su presupuesto. Pero al mismo tiempo, la agencia tiene que encaminar diversos proyectos para que los estudiantes reciban una mejor preparación académica.

“El gobierno necesita fijar aspiraciones más altas para su sistema educativo y supervisar el progreso de estas”, dijo Jaresko.

Según Jaresko, en los próximos años, Educación tiene que acortar anualmente un 12% en la brecha de aprovechamiento académico. Para el año 2023, la agencia debe tener una tasa de graduación de 90% y los alumnos deben obtener al menos 80% en pruebas de aprovechamiento académico en Español; 73% en Matemáticas y 77% en Inglés.

Al concluir el año fiscal 2019, el desempeño de los estudiantes en Español se calculó en 45%; en Matemáticas, el aprovechamiento académico de los pupilos se ubicó en 30.1% y 38.9% en Inglés.

A dos años de María

Las metas académicas de Educación quedaron en un segundo plano, tan pronto Hernández admitió que dos años después del huracán María, la agencia mantiene 22 escuelas cerradas.

Las escuelas inoperantes como resultado del desastre natural en el 2017 son separadas de los 416 centros de enseñanza que han sido cerrados a lo largo y ancho de Puerto Rico. Ello, como resultado de la reducción en la población estudiantil.

“Dos años es mucho tiempo”, ripostó Carrión tan pronto escuchó la cifra.

“Se requieren inversiones de fondos (bajo las) categorías B y E de (la Agencia Federal de Manejo de Emergencias) FEMA. El Departamento de Educación no puede hacer la inversión”, contestó el secretario Hernández Pérez.

Durante la vista, y tampoco en un aparte con la prensa, Hernández Pérez no precisó cuántos estudiantes han sido afectados por el cierre de las escuelas destruidas por el huracán María, cuánto dinero se necesitaría para reparar tales centros de enseñanza o cuándo -considerando las conversaciones que mantienen FEMA y la Oficina Central de Reconstrucción (COR3) sobre el tema- podrían repararse estas instalaciones.

Si bien Hernández Pérez indicó que no tiene dinero para reparar las instalaciones, minutos antes mencionó que el plan de consolidación de escuelas -como resultado de la baja en la población estudiantil- habría supuesto alrededor de $47 millones en ahorros a la agencia. Y tales declaraciones fueron seguidas por otras de su equipo de presupuesto, quienes explicaron que el año fiscal pasado, la agencia terminó con un sobrante presupuestario de al menos $20 millones.

De acuerdo con Hernández Pérez, FEMA trabaja en un plan para reparar todo el sistema de planteles escolares de Puerto Rico, un proyecto de mejoras permanentes que tomaría unos 10 años y que costaría alrededor de $8,000 millones.

Mientras ese plan se concreta, y partiendo de las declaraciones de Hernández Pérez, el Departamento de Educación parece maniatado por los procesos de FEMA. Esto, porque según el funcionario, antes de que comiencen los trabajos de reparación o mejoras permanentes, la agencia federal debe determinar si el costo de tales proyectos excede el 50% del valor de la instalación para luego determinar si las reparaciones valdrían la pena o resultaría más costo efectivo construir una nueva instalación.

De inmediato, el directivo de la JSF, José Ramón González, señaló que a juzgar por el ritmo de los trabajos en Educación y la continua reducción de la población estudiantil, reabrir tales escuelas podría ser innecesario para cuando estén listas.

Según el plan fiscal más reciente certificado por la JSF, la población estudiantil podría reducirse en otros 70,000 pupilos en apenas cuatro años.

10 años para implementar un sistema de asistencia

Las escuelas cerradas por causa del huracán María fue solo uno de casi una decena de asuntos que levantaron peros y crearon ademanes de sorpresa entre los integrantes de la JSF, quienes instaron a Hernández Pérez y su equipo a “ponerse las pilas”.

“¿Por qué se han tardado dos años en desconectar la electricidad en escuelas que están cerradas?”, cuestionó Jaresko, haciendo referencia a los pagos que Educación continúa haciendo a la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE) y la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados (AAA). Ello, a pesar casi una tercera parte de la red de planteles escolares en Puerto Rico ha cerrado en los pasados tres años.

“¿Cuánto pudiera acortarse ese período (de tiempo para la compra de textos)?”, cuestionó por su parte, González cuando Norma Rolón, a cargo del proceso de compras en Educación reveló que el proceso de compra de libros tomaba alrededor de seis meses, período que no incluye el tiempo que tomaría si la subasta es impugnada.

“Me parece impresentable debatir este tema después de comprar este sistema hace tanto tiempo”, continuó González cuando supo por boca de Hernández Pérez que el sistema de asistencia, Kronos, no funciona a plenitud.

Según relató Hernández Pérez, el sistema mecanizado de asistencia en el Departamento de Educación se habría adquirido bajo la incumbencia del extitular Rafael Aragunde, es decir, para el 2006.

Desde entonces, de acuerdo con Hernández Pérez, el sistema toma la asistencia de los empleados, pero este no está conectado con los sistemas de nómina de la agencia. Por ende, la tecnología no aplica, para efectos del cómputo salarial y licencias, los descuentos por tardanzas, ausencias o tiempos trabajados.

Mientras Carrión, Gonzálezy Jaresko cuestionaron repetidamente las ejecutorias al interior de Educación, Hernández Pérez insistió en que su percepción de los eventos era distinta.

“Hace unos meses, identificamos el problema (de Kronos), buscamos alternativas, seleccionamos la correcta y lo estamos implementando”, contestó Hernández Pérez. Según el funcionario, desde el mes pasado, el sistema de asistencia Kronos y el de nómina fueron integrados en las oficinas centrales. A finales de año, se haría lo propio en las regiones escolares y antes de que termine el año, se aplicaría en todas las escuelas.

Hernández Pérez sostuvo que la agencia hace lo necesario para cumplir con las exigencias de la JSF y celebró que existe total colaboración y comunicación entre las partes. Subrayó además que está abierto a que personal técnico de la JSF examine el presupuesto de la agencia a fin de identificar áreas de mejora, pero acto seguido, insistió en que se necesitan recursos adicionales.

“Hay que tomar decisiones… es gerenciar, es una entidad (con un presupuesto) de $4,000 millones”, subrayó Carrión.