Mediante una resolución en la que llegó a advertir que los incumplimientos regulatorios podrían colocar en riesgo la certificación de Genera PR como compañía de servicio eléctrico, el Negociado de Energía de Puerto Rico (NEPR) emitió una orden de cese y desista contra la intención de la empresa de comenzar los trabajos de pruebas y comisión para cambiar a gas natural el combustible que se utiliza en tres unidades de respuesta rápida en la central Palo Seco, en Toa Baja.

De inmediato, la determinación del organismo fue criticada este viernes por Iván Báez, vicepresidente de Asuntos Públicos y Gubernamentales de Genera PR, quien repudió el término de más de un año que el NEPR lleva evaluando la petición de modificación de combustible, que también incluye solicitudes similares para cuatro unidades en la central de Mayagüez y otras dos en la central Cambalache (Arecibo).

En la resolución, emitida el jueves, el NEPR tronó contra la notificación que Genera PR había sometido dos días antes, cuando expresó que comenzaría las labores de pruebas y puesta en servicio de las tres unidades –conocidas como “Mobile Pacs” – con gas natural, aunque el regulador no hubiera otorgado su aval definitivo al cambio. Hasta la fecha, las tres máquinas –instaladas en 2019 y capaces de generar 81 megavatios– han operado con diésel.

El NEPR puntualizó que, entre las condiciones para autorizar la modificación, figura que se complete una licitación para el suplido de gas natural a largo plazo que redunde en mejores costos de compra. A su vez, señaló que el proceso competitivo debe evitar una concentración del mercado de suministro en New Fortress Energy, la matriz de Genera PR, que actualmente tiene el contrato –con vigencia hasta junio– que contempla el suplido del combustible a Palo Seco, donde ya hay otras plantas que utilizan gas natural.

“Tales riesgos podrían perpetuar una condición de dependencia comercial, en la cual la AEE (Autoridad de Energía Eléctrica) quede virtualmente rehén de New Fortress, empresa que ha reconocido públicamente la existencia de barreras sustanciales que impiden la entrada de otros suplidores al mercado para proveer gas natural a la AEE”, sostiene parte de la resolución del jueves.

El documento también alude a “incongruencias” en la presentación de información por parte de Genera PR, que, a su vez, han tenido como consecuencia la dilación del trámite de aprobación, así como a constantes ajustes en los cálculos de los ahorros que se derivarían del cambio de diésel a gas natural en las unidades de Palo Seco y Mayagüez. Si bien Genera PR inicialmente sostuvo que los cambios en las dos centrales producirían economías en exceso de $18 millones al año y, más adelante, redujo el estimado a cerca de $13 millones, en la moción del martes el operador argumentó que, solo con la conversión en Palo Seco, habría ahorros de $4 millones mensuales o $48 millones anuales.

“Ineludiblemente, la decisión de Genera no puede interpretarse como otra cosa que un abierto desafío y menosprecio a los procedimientos administrativos en curso”, insistió el NEPR, que, junto al cese y desista, emitió una orden de mostrar causa de por qué no se deben imponer multas a la empresa. “En calidad de compañía de servicio eléctrico certificada, el incumplimiento de las obligaciones y deberes aplicables conforme al marco regulatorio vigente podría conllevar la revocación de dicho certificado. Tal revocación podría, a su vez, tener consecuencias sustanciales en cuanto a la ejecución y validez del contrato mediante el cual actualmente opera los activos de generación legada de la AEE”, advirtió.

Por su parte, Báez, portavoz de Genera PR, indicó que la empresa acatará el mandato, pero acentuó que la notificación del inicio de pruebas no suponía que el cambio de combustible se materializaría sin permiso del NEPR.

“Es decepcionante, porque estamos tratando de que Puerto Rico salga de un atolladero económico, (de reducir los costos) de energía, y particularmente los costos del diésel, que es más caro y más nocivo al ambiente que el gas natural. Las solicitudes que hemos sometido para cambios de combustible en Mayagüez, Cambalache y Palo Seco llevan más de un año en análisis, y se siguen solicitando documentos. Para decir que no, se responde rápido, pero para hacer algo tan importante, que puede resultar en ahorros de hasta $80 millones al año en las tres plantas, todavía está bajo análisis. Puerto Rico necesita más sentido de urgencia”, planteó Báez, quien subrayó que, si el NEPR tiene “dudas” sobre la propuesta, debe optar por reunirse con oficiales de Genera PR, en lugar de advertir posibles sanciones.

Ricardo Ramos, director ejecutivo de la Alianza Pro Desarrollo Energético de Puerto Rico –que agrupa a productores privados de energía, como Genera PR–, sostuvo que, si bien el NEPR tiene “derecho” a inquirir detalles sobre los potenciales ahorros y exigir transparencia en los contratos de suministro de combustible, no debe ejercerlo en detrimento de atender la “emergencia energética” declarada por la gobernadora Jenniffer González más temprano este año.

“La verdad del caso es que existe actualmente un contrato de combustible que no ha vencido y, si consideras que ya existe uno –que, aunque está cerca de vencer, le queda tiempo– y estamos en emergencia, entonces, vamos a proseguir con la conversión. A fin de cuentas, lo que Genera dijo es que iba a hacer unas pruebas. En emergencia, no creo que exista suficiente razón para detener que se hagan unas pruebas. Al igual que pensamos que no hay suficiente razón para evitar que (unidades) empiecen a operar con gas natural adquirido bajo el contrato actual, que también fue parte de un proceso competitivo, en lo que se corre el nuevo proceso”, dijo el también exjefe de la AEE, al argumentar que la discusión, al presente, se concentra en el volumen de ahorros que se desprenderían de las conversiones.

“La disputa es sobre si son más o son menos, pero siempre son ahorros”, aseveró.