El traslado de más de 40 personas con discapacidad intelectual en agosto pasado de un centro de cuidado en el cual residían, por orden de una división adscrita al Departamento de Salud, se hizo de forma atropellada, sin tomar las medidas requeridas para miniminzar el riesgo de contagio con coronavirus, sin informar a sus familias y poniendo en riesgo su seguridad, concluyó un informe presentado por el monitor Alfredo Castellano ante el Tribunal federal.