Con la meta de cancelar la deuda pública y dar paso a un Puerto Rico “próspero y soberano”, el colectivo ciudadano Plan B: Independencia –autor del documento que propone otorgar la independencia por decreto– divulgó este martes su plan de desarrollo económico para encaminar al país hacia “la autosuficiencia fiscal, el desarrollo sostenible y la soberanía económica” en un período de 20 años.

---

Read this article in English.

---

El denominado “Plan Nacional de Desarrollo Económico para un Puerto Rico Soberano”, cuyo borrador fue presentado en el Colegio de Abogados y Abogadas de Puerto Rico, contiene una hoja de ruta de las próximas dos décadas, dividida en “fases estratégicas para convertir a Puerto Rico en una república moderna, industrializada y de altos ingresos”.

La extensa propuesta incluye la creación del Fondo de Transición de Puerto Rico, que se basa en dos posibles mecanismos de financiamiento: un modelo de asignación de $36,000 millones anuales de dinero federal o un pago único de $489,000 millones que, según los autores, les ahorraría a los contribuyentes de Estados Unidos “aproximadamente $231 millones en pasivos”.

“En silencio, pero con mucha tenacidad, hemos completado un documento que, a nuestro juicio, tiene todos los elementos esenciales para hacer un plan de crecimiento y desarrollo económico para la república de Puerto Rico”, señaló el abogado y constitucionalista Rolando Emmanuelli Jiménez, uno de los colaboradores de la iniciativa.

“Una de las preguntas que la gente se hace inmediatamente es, ‘ven acá, ¿y cómo Puerto Rico como república va a poder ser sustentable si nosotros dependemos de los fondos federales, si (más del) 40% del presupuesto (proviene) de ahí?’. Precisamente, la respuesta que da el grupo Plan B: Independencia es, buscando todas las fuentes de ingreso que una república puede generar, y que no nos lo estamos inventando nosotros de la nada, es la experiencia de otros países que tienen todos los mecanismos de ingresos”, añadió.

La propuesta se divide en cuatro fases “interconectadas”, con sus respectivas “prioridades centrales”. La fase 1 (años 1-5) se enfocaría en los aspectos de gobernanza, educación, energía, infraestructura y reforma fiscal; la fase 2 (años 6-10), en expansión industrial, agricultura y sectores tecnológicos; la fase 3 (años 11-15), en crecimiento de exportaciones, servicios financieros e innovaciones en innovación e investigación (I+D); y la fase 4 (años 16-20), en maximización de ingresos, soberanía plena y consolidación económica.

“Ese Fondo de Transición de $36,000 millones, que es lo mismo que se llevan las empresas extranjeras de Puerto Rico, es pequeño con lo que nos debe Estados Unidos”, expresó la economista Martha Quiñones Domínguez. “Demostramos que, con $36,000 millones en 20 años, nosotros podemos construir un país diferente, próspero y feliz”.

Bajo este modelo, la propuesta recomienda distribuir los desembolsos anuales de $36,000 millones en los sectores de infraestructura y energía (25%), industria y manufactura (22%), educación y capital humano (22%), gobernanza e instituciones (11%), agricultura y seguridad alimentaria (11%), innovación e investigación (8%), y salud y equidad (8%).

Según Quiñones Domínguez, si el gobierno federal no accediera a dar a Puerto Rico $36,000 millones anuales, Puerto Rico tendría la capacidad para lograr la transición hacia la independencia.

“Una vez implementado el nuevo sistema tributario nacional –junto con aranceles aduaneros, tarifas portuarias y contribuciones del sector financiero–, se proyecta que Puerto Rico generará entre $17.2 mil millones y $23.3 mil millones anuales en ingresos sostenibles”, sostiene el resumen ejecutivo del plan, que resalta entre las fuentes de ingreso un Impuesto de Valor Añadido (IVA) del 10%, un impuesto sobre la renta progresivo, un impuesto corporativo plano del 10%, un impuesto mínimo global (15%) e impuestos especiales y ambientales.

Por otro lado, el documento enumera las instituciones que se establecerían “para supervisar e implementar este plan”, entre estas, la Autoridad Nacional de Desarrollo Económico, el Consejo Soberano del Tesoro y Reserva Fiscal, la Agencia de Infraestructura y Energía de Puerto Rico, la Autoridad Nacional de Puertos y Aviación, la Oficina de Gestión de Inversiones y el Ministerio de Industria, Comercio e Innovación.

Cuestionado sobre si la iniciativa “sale mal” para Puerto Rico, Emmanuelli Jiménez sostuvo: “Sin hacer nada, se va a poner peor. El recorte de una parte significativa, no digamos el 43%, de 15% de los fondos federales, va a poner a Puerto Rico en una situación crítica, en una crisis humanitaria. Hay que articular una respuesta… es peor quedarse como estamos”.