Los costos de estudio en la Universidad de Puerto Rico (UPR) se han, como poco, duplicado en la última década. Su presupuesto proveniente del Fondo General se ha reducido casi a la mitad y la cantidad de estudiantes sigue una tendencia a la baja.
Desde el establecimiento de la Junta de Supervisión Fiscal (JSF), tras la aprobación de la ley Promesa, se ha impulsado una transformación de la universidad del Estado mediante recortes presupuestarios y un énfasis en la generación de ingresos propios que la institución no ha podido alcanzar.
“De las más de 100 agencias que tiene el gobierno, a una sola le recortaron el presupuesto a la mitad”, indicó el economista y profesor José Caraballo Cueto. “Solo 16 recibieron recortes del 2017 al 2025. La única que recibió un recorte a la mitad fue la UPR, el resto lo que tuvo fueron recortes de 15%, 10%, 3%”, añadió.
La UPR es la entidad pública que ha recibido el mayor impacto económico negativo desde el establecimiento de Promesa, apuntó Caraballo Cueto, quien es catedrático asociado en el recinto de Río Piedras.
Si se toman en cuenta las asignaciones del Fondo General más fondos especiales, a la UPR se le recortaron $421 millones entre 2017 y 2025. Como punto de comparación, Caraballo Cueto señaló que los municipios llegan en segundo lugar, con un recorte de $350 millones en el mismo período, al considerar la eliminación del Fondo de Equiparación.
Para el año fiscal vigente, la UPR recibió unos $441 millones en fondos irrestrictos del gobierno central, de acuerdo con los datos de la JSF, presupuesto que se elevó a $566 millones al añadir partidas adicionales mediante resoluciones conjuntas y dinero asignado para tareas específicas al cual la institución académica no necesariamente tiene acceso.
Un análisis del economista Heriberto Marín, catedrático del recinto de Ciencias Médicas, destaca que la UPR recibió $911 millones del Fondo General en el año fiscal 2016-2017.
La reducción entre los $911 millones y $566 millones ronda el 47%. La universidad podría contar con un presupuesto similar para el próximo año fiscal si se mantiene la propuesta aprobada, el 9 de junio, por la Junta de Gobierno de la UPR.
“La pregunta no puede ser únicamente si la UPR puede generar más ingresos propios, aumentar matrícula o reorganizar recintos. La pregunta de fondo es qué tipo de país se está construyendo cuando se desfinancia su universidad pública, se deterioran sus edificios, se precariza su claustro, se empuja a sus estudiantes a pagar más y se presenta la ‘autosuficiencia financiera’ como sustituto de la responsabilidad pública del Estado”, sostuvo Marín en su análisis, que compartió con El Nuevo Día.
El sistema universitario registró una reducción, en nueve años a partir del año académico 2016-2017, de 33.35% en estudiantes subgraduados y 13.21% en los graduados, de acuerdo con el memorial presupuestario para el año fiscal 2025-2026 aprobado por la Junta de Gobierno.
En abril de 2018, la JSF aprobó un Plan Fiscal para la universidad que aumentó el costo por crédito a nivel subgraduado de $57 a $115 para el año académico 2019, y conllevó aumentos anuales hasta llegar a $157 por crédito para 2023. También han aumentado los costos de estudio a nivel graduado y diversas cuotas. El Plan Fiscal vigente, de 2021, establecía aumentos en los costos de estudio anuales atados a la inflación, a partir del 2024, pero la Junta de Gobierno de la UPR no ha aprobado que entren en vigor.
Caraballo Cueto recordó que, al justificar los recortes presupuestarios o aumentos en costos, integrantes de la JSF han señalado a lo largo de la última década que la UPR debe parecerse más a instituciones de educación superior de Estados Unidos.
“Lo interesante es que la UPR es la menos que se parece a las universidades estatales en Estados Unidos. En los estados, en promedio, las universidades estatales reciben el 8.8% (de los ingresos públicos). Casi todos los estados tienen un sistema universitario, algunos tienen dos, pero el promedio es 8.8%. Acá lo bajaron a 4%”, señaló Caraballo Cueto.
La injerencia del ente fiscal sobre la UPR cayó como un balde de agua fría en la institución académica, cuando a principios de 2017 comenzaron a discutirse recortes en su presupuesto que ascenderían a $512 millones, aumentos en los costos de matrícula y consolidación de recintos.
A diferencia del gobierno central y varias corporaciones públicas, la UPR nunca ha iniciado el proceso para reestructurar su deuda bajo los mecanismos del Título III de la ley federal Promesa. La posibilidad ha sido presentada en la última década, pero la administración universitaria se ha opuesto dado que la institución ha podido cumplir con el pago de su deuda y la acción tendría repercusiones negativas sobre acreditaciones y elegibilidad para becas.
“Llevar a la Universidad a la quiebra no es una opción”, manifestó, en 2020, el entonces presidente de la UPR, Jorge Haddock Acevedo.
Al renunciar al cargo, en 2025, el expresidente Luis A. Ferrao Delgado criticó “las medidas draconianas que se avecinan”.
No obstante, la aprobación de la ley Promesa y la JSF llegaron luego que la UPR llevaba años enfrentando golpes económicos, apuntó el sociólogo e investigador del Instituto de Estudios del Caribe del recinto de Río Piedras de la UPR, Emilio Pantojas García. Bajo la administración de Luis Fortuño, con la Ley 7 de 2009, se redujo la asignación que recibía la UPR mediante fórmula que otorgaba un 9.6% de los ingresos del Fondo General, pues se redefinió el dinero que pasaba directamente al Fondo General. La administración de Alejandro García Padilla, luego, congeló en unos $833 millones el presupuesto del Estado que recibía la UPR. Ese cuatrienio, el informe confeccionado por la economista Anne Krueger recomendó reducir aún más las asignaciones gubernamentales a la UPR.
Cambiar la estructura del plan de retiro de empleados de la UPR y la consolidación de recintos han sido medidas propuestas por la JSF que se han implementado de manera parcial, mediante la iniciativa de servicios compartidos entre recintos, como parte de su visión de que la institución requiere “right-sizing”, lo que implica una reestructuración que la haga más efectiva, apuntó Pantojas García.
“La Universidad ha entrado en un espiral descendiente donde va a estrellarse con una realidad precaria económicamente y con la desvalorización del capital simbólico académico que tienen sus recintos doctorales”, señaló el sociólogo. “La Universidad de Puerto Rico jamás volverá a ser la universidad de prestigio internacional que fue hasta el año 2010, 2012″, agregó.
A pesar de múltiples reclamos a lo largo de los años para proteger la UPR, Caraballo Cuento y Pantojas García recordaron que el gobierno y la JSF nunca han definido cuáles son los servicios esenciales cuyo financiamiento se debe garantizar, como dispone la ley Promesa.
“Se han implementado reducciones de plazas, reducción de retiro, reducción al mantenimiento y, si no hay instalaciones para laboratorios, para piscina, van a tener que eliminar esos programas. Ahí se le están limitando las oportunidades a los jóvenes del país, que son nuestros hijos, sobrinos, vecinos. Esos son los que se verán afectados”, sostuvo Caraballo Cueto.
