En la foto, una casa que ya estaba estructuralmente comprometida en el sector La Joya en Yauco colapsó en su totalidad a consecuencia de las lluvias. (Ramón "Tonito" Zayas)

La Oficina Central de Recuperación, Reconstrucción y Resiliencia (COR3, por sus siglas en inglés) tiene apenas 13 proyectos de control de aguas con fondos asignados, según el portal de transparencia que habilitó. Las iniciativas incluyen mejoras a la canalización de ríos, manejo de escorrentías y la instalación de gaviones, entre otras. Tres años después del catastrófico huracán María, apenas ha adelantado la mitad (6) de los proyectos.

En el área específica de mitigación de riesgos, COR3 tiene 10 proyectos, para los que no se ha desembolsado dinero alguno. La situación no es muy distinta en el manejo de los fondos de desarrollo comunitario tras desastres (CDBG-DR)

El problema es que Puerto Rico no estará realmente preparado para atender una emergencia hasta que se completen las medidas de mitigación que se necesitan, en muchos casos, desde hace décadas, coincidieron líderes comunitarios y expertos en manejo de emergencias.

En algunas instancias, durante el cercano paso de la tormenta Isaías por el sur de Puerto Rico, la ausencia de mitigación era evidente. El río Yagüez, que está canalizado, se desbordó e inundó una parte de la Sultana del Oeste. Hace 50 años que no se limpia todo el canal.

Por otro lado, la falta de dragado del caño Martín Peña provocó que varias calles de este enclave capitalino se inundaran otra vez. “Ya aquí la gente está tan acostumbrada que trepan sus cosas para que no se dañen cuando viene mal tiempo”, dijo Lucy Cruz, presidenta del G-8, grupo que une a los líderes comunitarios de esta zona.

“Nos preocupa que, en cada evento de lluvia, más ahora con la pandemia, pues al ser agua contaminada (por descargas de sistemas sanitarios) se pone en riesgo la salud de los residentes. Esto hace más evidente la urgencia para que el gobierno invierta fondos de recuperación para mitigar las inundaciones”, dijo, por su parte, Mario Núñez, director del Fideicomiso de la Tierra del Caño Martín Peña. Allí, la solución es el dragado del caño, asunto que ocurrirá después que se completen los sistemas de alcantarillados de la zona y se reubiquen a los residentes en las zonas de más alto riesgo.

El jefe de COR3, Ottmar Chávez, reconoció la importancia de estos proyectos, y sostuvo que la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias (FEMA) recientemente obligó $625, 000 para el estudio de arquitectura e ingeniería de un proyecto de mitigación estimado en un total de $25 millones, que beneficiará a las comunidades que no están conectadas a la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados. Indicó, además, que existen múltiples proyectos bajo evaluación que pronto se estarán estudiando.

“Los esfuerzos se han concentrado en promover proyectos que impacten a la mayor cantidad de personas y comunidades, y que sean determinantes al momento de enfrentar cualquier evento futuro”, dijo.

Problemas reaccionando

Los problemas con la respuesta inmediata a las amenazas climáticas tampoco se solucionarán hasta que se afinen los planes para atender desastres en los municipios y se practique con frecuencia cómo los componentes de primera respuesta deben reaccionar ante disturbios, destacó Epifanio Jiménez, quien fue director ejecutivo de Manejo de Emergencias durante la administración de Pedro Rosselló.

“Seguimos estando muy vulnerables. Para estar preparados hay que mitigar riesgos y hay que planificar y hacer los ejercicios (simulacros). Eso ayuda a todos a saber qué le toca hacer cuando hay una emergencia”, dijo Jiménez.

“Los proyectos de mitigación que se consideraron después de (el huracán) María no se han terminado y hay muchos que no han comenzado, y los alcaldes han tenido que hacer malabares para atender las necesidades porque si no lo hacen se puede salir de control”, dijo, por su parte, Nazario Lugo, presidente de la Asociación de Manejadores de Emergencia y exjefe de Manejo de Emergencias durante el cuatrienio de Aníbal Acevedo Vilá.

Otros problemas se conocen bien. Hace apenas unas semanas, el jefe regional de FEMA, Thomas Von Essen, detalló las deficiencias en una carta. Alertó, específicamente, sobre la faltaba de personal y adiestramientos en el Negociado para el Manejo de Emergencias y Administración de Desastres (NMEAD), la necesidad de generadores eléctricos para mantener el servicio de agua durante una emergencia y la ausencia de planes para asegurar la continuidad de operaciones en las agencias. También, indicó que no hay acuerdo de cooperación entre la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE) y otras utilidades públicas para el restablecimiento del sistema eléctrico y que falta un proveedor de servicios para los teléfonos satelitales adquiridos como resguardo ante una catástrofe, entre otras cosas.

El jefe del Departamento de Seguridad Pública (DSP), Pedro Janer, reaccionó afirmando que se trataba de unas “recomendaciones”, y explicó que a nivel federal no se comprende bien el funcionamiento del DSP, agencia sombrilla del NMEAD.

La AEE también mostró un altísimo nivel de vulnerabilidad cuando gran parte de su infraestructura de transmisión salió de servicio provocando que más de 500,000 clientes sufrieran interrupciones eléctricas. En la mañana de ayer, todavía el 6% (90,000) de los abonados todavía estaba sin servicio, aunque ya eran mayormente en el sistema de distribución de electricidad.

El problema con el sistema eléctrico no es por ausencia de inversión -aunque todavía falta-, ya que desde el huracán María se tuvo que reconstruir gran parte del sistema.

La gobernadora Wanda Vázquez Garced indicó, el viernes, que se sentía insatisfecha con la labor de la corporación pública, e instó al director ejecutivo, José Ortiz, a que provea explicaciones.

“Con la fragilidad que se ve en el sistema, yo creo que no dicen la verdad porque hasta hace poco decían que estaba robusta. Y aquí tienen que decir la verdad para que la gente se prepare bien y sepa lo que viene si hay una emergencia”, dijo Jiménez.

Los exdirectivos coincidieron en que, para adelantar la preparación, el gobierno tiene que revisar mejor las vulnerabilidades a nivel municipal. Jiménez destacó que esto permite contemplar anticipadamente qué tipo de emergencias podrían ocurrir, dónde, qué magnitud y, sobre todo, cómo reaccionar.

Del mismo modo, además de las iniciativas de mitigación, se tienen que llevar a cabo simulacros frecuentes para ayudar o facilitar la reacción de los respondedores durante una emergencia real.

“Aquí, el día antes de la tormenta estaban llamando a los alcaldes para firmar acuerdos de colaboración para que pudieran mover escombros”, criticó Nazario.

Resaltó, por otro lado, la labor de los alcaldes atendiendo las necesidades comunitarias para prevenir los problemas. Mencionó, por ejemplo, que en Toa Baja el ayuntamiento financió la limpieza de cauces y no esperó por el gobierno estatal para evitar que se registraran las inundaciones que se experimentaron en 2017.

“Ahora mismo la respuesta se da a nivel municipal mayormente”, dijo Lugo.