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Una prueba para detectar el coronavirus COVID-19. (EFE)
Una prueba para detectar el coronavirus COVID-19. (EFE)

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La empresa de construcción contratada por el gobierno de Puerto Rico para suplirle un millón de pruebas de coronavirus no pudo hacer la transacción con su suplidor en Australia debido que su cuenta estaba congelada por las alertas que había levantado en los sistemas de seguridad bancarias el enorme depósito de $19 millones que recibió la compañía como adelanto por el negocio, según el banco les informó a las autoridades puertorriqueñas.

El director de la Administración de Servicios Generales (ASG), Ottmar Chávez, dijo a El Nuevo Día que Oriental Bank, donde está la cuenta de Apex General Contractors, le llamó el viernes 3 de abril para corroborar la legitimidad del depósito de $19 millones que la empresa había recibido unos días antes. Debido a la magnitud del depósito, se activaron los mecanismos de vigilancia de lavado de dinero en las instituciones bancarias y la empresa estaba inhabilitada de disponer de los fondos. 

“Oriental Bank nos contactó a ASG con el propósito de validar que el cheque (de $19 millones) fuera uno legítimo por la cantidad. Oriental solo informó – en una sola llamada – que la transacción estaba ‘on hold’ porque había ‘flag’ en el sistema, por la cantidad grande del depósito”, dijo Chávez.

El funcionario dijo que Oriental, que no ha contestado preguntas sobre este tema que se le hicieron desde temprano esta semana, no le precisó si la congelación de la cuenta la habían ejecutado autoridades federales. Un ex ejecutivo bancario explicó a El Nuevo Día que los bancos están obligados a congelar cuentas en las que se detecta actividad sospechosa, sin tener que esperar por órdenes de autoridades federales.

Debido a que los diretivos de Apex – el dueño, Robert Rodríguez, y el abogado, Juan Maldonado de Jesús – no están ya haciendo comentarios sobre esta controversia, no fue posible precisar qué gestiones hicieron para lograr que la cuenta fuera descongelada.

A pesar de que la comunicación de Oriental con la ASG fue hecha el viernes 3 de abril, y que Chávez compartió la información provista por Oriental con otros funcionarios, la gobernadora Wanda Vázquez dijo en una conferencia de prensa sobre este tema que llevó a cabo en la tarde del miércoles que el gobierno de Puerto Rico no sabe por qué Apex no pudo cumplir su compromiso de traer el millón de pruebas a la isla el 31 de marzo.

Cuando se le preguntó sobre esto a la gobernadora el miércoles, no mencionó nada relacionado a cuentas congeladas o dificultades de Apex para transferir dinero a Australia. La gobernadora estuvo una hora defendiendo la transacción y alegando que se había llevado a cabo dentro de todos los parámetros legales y administrativos. 

Las autoridades de Puerto Rico comenzaron a hacer gestiones para cancelar el contrato y que se les devolviera el depósito el mismo 1 de abril. No han explicado por qué, como en otros casos, incluso con transacciones de mayor cuantía, han dado espacio a suplidores para que cumplan sus compromisos incluso después de las fechas límite.

El 2 de abril, el comisionado de Nmead, José Burgos, le escribió a Apex cancelando la transacción, según ha dicho por la empresa haber fallado en traer el millón de pruebas a la isla.

El 3 de abril, hizo lo mismo el secretario de Salud, Lorenzo González, argumentando que las pruebas no contaban con autorización para ser usadas en Puerto Rico por la Administración de Drogas y Alimentos de Estados Unidos (FDA, por sus siglas en inglés). Rodríguez López ha dicho que las pruebas que él pretendía venderle a Puerto Rico sí tenían el aval de la FDA.

Aunque la comunicación de Oriental Bank con ASG fue el 3 de abril, no queda claro si fue ese mismo día en que Apex intentó transferir dinero a “una entidad en Australia”, como lo describió el secretario de Hacienda, Francisco Parés. De haber sido ese mismo día, eso significa que Apex intentó transferir el dinero a Australia después de que sus directivos tenían conocimiento de que el gobierno de Puerto Rico tenía intenciones de cancelar el trato.

El secretario Parés dijo a El Nuevo Día que cuando él se enteró el viernes 3 de abril de que Apex estaba intentando transferir dinero a Australia ya él sabía que la intención era cancelar el contrato y se comunicó de inmediato con ejecutivos del Departamento de Salud y Nmead para que agilizaran la devolución del dinero. Apex hizo el trámite de devolver el dinero el sábado 4 d abril y los $19 millones se reflejaron de vuelta en las cuentas del gobierno de Puerto Rico.

El comisionado de Nmead, José Burgos, dijo el miércoles a El Nuevo Día que él no sabe por qué Apex no pudo cumplir. Dijo que decidió cancelar la orden cuando la empresa le dijo, falsamente, que el cargamento ya estaba en Miami. La verdad, dijo Burgos, es que el cargamento nunca salió de Australia.