El proceso de revisión de la tarifa base que recién comenzó no contempla, en principio, reevaluar la compensación que reciben los participantes del programa de medición neta por la energía exportada a la red de transmisión, pese a las expresiones de la directora ejecutiva de la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE), Mary Carmen Zapata, en torno a la intención de la corporación pública de impulsar ajustes al mecanismo al que se han acogido casi 160,000 “prosumidores”.

“Puede haber discusiones de todo tipo, pero propuestas para modificar la medición neta son contrarias a la ley. En Puerto Rico, la medición neta está protegida, por lo menos, hasta 2030, y mientras esa ley esté vigente no hay poder estatal para cambiar eso”, enfatizó Javier Rúa Jovet, director de Política Pública de la Asociación de Energía Solar y Almacenamiento de Puerto Rico (SESA, en inglés), haciendo alusión a la Ley 10 de 2024, que extendió el mecanismo de compensación existente hasta 2031.

Si bien la Ley 10 permanece bajo escrutinio del Tribunal Federal tras la impugnación de la Junta de Supervisión Fiscal –que alega que la extensión viola el plan fiscal de la AEE–, los cuestionamientos al estatuto se concentran en el término de vigencia, por lo que no abordan el trámite que se requeriría para modificar prospectivamente las condiciones del programa de medición neta. Desde 2019, la Ley 17 de Política Pública Energética estipulaba que el Negociado de Energía (NEPR) debía “realizar un estudio mediante un proceso formal independiente” que analizara los costos y beneficios de la medición neta.

“La Ley 17, según enmendada por la Ley 10, es bastante prescriptiva en que el NEPR tendría un esquema muy particularizado para manejar la medición neta, es como un tema específico. Con esa idea, el NEPR empezó un proceso que tuvo que parar por el mismo tema legislativo”, afirmó Rúa Jovet.

El expediente que LUMA Energy sometió al NEPR la semana pasada para acompañar la petición de revisión de la tarifa base –que contiene las respectivas solicitudes presupuestarias de Genera PR y la AEE– no presenta propuestas dirigidas a enmendar el esquema existente de la medición neta, si bien el organismo regulador requirió que se le detallaran las proyecciones del alcance de los incentivos para los próximos años.

No obstante, Zapata, la directora de la AEE, sostuvo en una entrevista con el rotativo Metro que la empresa estatal propondrá ajustes al programa, con miras a que la compensación cubra el costo evitado por la producción de energía, pero que igualmente imponga sobre los prosumidores los cargos asociados al mantenimiento de la infraestructura de transmisión y distribución, así como los componentes administrativos del sistema.

El miércoles, la funcionaria no estuvo disponible para entrevista con este diario.

Por otro lado, el director ejecutivo de Casa Pueblo, Arturo Massol Deyá, puntualizó que la energía que los prosumidores exportan a la red central es posteriormente revendida por LUMA al mismo costo que la producida en las costosas plantas de combustibles fósiles.

“De esa generación en excedente se mitigan muchos de los apagones, porque esas casas producen su propia energía y, ante las deficiencias (en la flota) de Genera, esa generación diurna amortigua y, con ese excedente, apoya la transmisión y distribución de energía en este país”, señaló el líder ambientalista.

Massol Deyá, a su vez, recalcó que la medición neta ha sido “una política pública acertada” en un escenario en que el resto de los actores responsables de promover la transición a la energía renovable han incumplido su parte.

“Penalizar al que produce energía con el sol es una cosa patas arriba. Deberíamos incentivar que haya más producción descentralizada y que, en la medida que LUMA pueda hacer aprovechamiento de esa energía solar, por lo menos, debería haber una tarifa preferencial en lo diurno, que cuesta menos producir que en lo nocturno, que es con Genera y los demás, que es la costosa”, abundó Massol Deyá.

Según datos de LUMA, hasta mayo, más de 158,000 abonados –sobre el 10% del universo de consumidores– participaban del programa de medición neta, con capacidad de producir, en el pico de irradiación solar, unos 1,144 megavatios.

El miércoles, las expresiones de Zapata también recibieron el repudio de la directora del Sierra Club Puerto Rico, Hernaliz Vázquez, al describir la idea de limitar la compensación de la medición neta como un “castigo al ciudadano responsable que ha decidido invertir en sistemas solares para asegurar un servicio estable en su hogar, reducir su huella de carbono y proteger a su familia”.

En 2024, un estudio comisionado por SESA a la firma Gable Associates concluyó que, al considerar los beneficios ambientales y económicos, la medición neta produce un retorno de $4 por cada $1 invertido en la compensación a los prosumidores.