Los clientes residenciales regulares, que componen aproximadamente el 80% del universo de consumidores en el país, cargarían la mayor parte del peso del aumento a la tarifa base que LUMA Energy propuso, con facturas que, para este año fiscal, se inflarían, en promedio, en más de un 42%, a base de los datos sometidos por el consorcio al Negociado de Energía de Puerto Rico (NEPR).

Los detalles, contenidos en el abultado expediente que LUMA entregó como parte de la solicitud de revisión, a su vez, revelan que, para los años fiscales 2026-2027 y 2027-2028 –que también cubrirá la nueva tarifa base–, el presupuesto “óptimo” requerido para el sistema eléctrico seguiría en aumento, lo que, en teoría, precisaría incrementos adicionales en la factura.

El alza de 42% a los abonados residenciales que aplicaría para el año fiscal que recién comenzó no computa el pago de las pensiones de la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE), toda vez que la corporación pública retrasó hasta la semana pasada la entrega de la información a LUMA. Cubrir las pensiones –que suponen cerca de $300 millones anuales– implica un impacto en la factura de casi dos centavos por kilovatio hora (kWh), que se suman a los 11 centavos que LUMA ha requerido para una inversión “óptima” en la infraestructura del sistema eléctrico.

“Esta solicitud de aumento, de más de 40%, es extremadamente inusual. En el 2015, se solicitó 1.3 centavos de aumento, que equivalía a 5% o 6% de aumento, que es lo típico, no solo en Puerto Rico, sino a través de las demás jurisdicciones. Ya un 10% es mucho. No se puede tratar como algo del día a día”, alertó el ingeniero Tomás Torres Placa, exrepresentante de los consumidores ante la Junta de Gobierno de la AEE.

El también ex director ejecutivo del Instituto de Competitividad y Sostenibilidad Económica puntualizó que el ajuste presupuestario para el sistema eléctrico –que consolida las peticiones de LUMA, Genera PR y la AEE– cubre tres años fiscales, por lo que el alza tarifaria no se limitaría a los 11 centavos por kWh que se proponen para el 2025-2026, sino que se observarían aumentos adicionales posteriormente. Según LUMA, para el 2026-2027, el presupuesto que se recauda de la tarifa base debería ser 57% más alto que el actual, y 63% más elevado en 2027-2028.

Debido al complejo trámite de evaluación en manos del NEPR, los abonados no percibirán el impacto de la petición hasta la factura de septiembre, cuando entraría en vigor el ajuste provisional, como se conoce a la tarifa que el NEPR puede implantar mientras se completa el análisis. El ajuste transitorio propuesto por LUMA –que solo provee para gastos considerados esenciales y “no controversiales”– ronda los 7 centavos por kWh, aunque tampoco considera el pago de las pensiones.

Si bien corresponde a LUMA solicitarlo, el monto de la tarifa provisional lo fija el NEPR. La tarifa permanente, en tanto, debe aprobarse entre febrero y abril de 2026, cuando se aplicará una reconciliación retroactiva al 1 de julio, lo que supondrá que a los abonados se les cobre la diferencia entre la tarifa provisional y la permanente.

Según los ejemplos ofrecidos por LUMA, si el NEPR accede a su propuesta, la factura del cliente residencial general vería un alza de un 42%, mientras que la de un cliente comercial pequeño subiría un 38%. Los abonados comerciales medianos, en tanto, lidiarían con un aumento de un 36%, al tiempo que, para los clientes industriales, rondaría el 14%.

Para esos cuatro grupos, los aumentos se traducen, respectivamente, en tarifas de 32.9, 36, 31.4 y 23.8 centavos por kWh.

Para el economista José Caraballo Cueto, un alza cercana a la propuesta se traduciría en tres elementos principales: pérdidas de empleos en el sector privado, empobrecimiento y peor calidad de vida para las familias y menor apetito para nuevas inversiones.

De acuerdo con estimados de LUMA, las inversiones solicitadas redundarían, al cabo de tres años, en una reducción de 14% en la duración y un 12% en la frecuencia de los apagones. De materializarse las proyecciones, la duración de las interrupciones seguiría estando 12 veces por encima del objetivo fijado por el propio NEPR.

“El NEPR tiene que mantenerse firme en su análisis numérico, en la competitividad de la economía de Puerto Rico con este tipo de decisiones. El gobierno de Puerto Rico tiene que buscar alternativas fuera de la caja, que no sean las que han fracasado, como es el caso de LUMA y Genera. Ellos han estado pensando en lo mismo, cambiar un operador por otro, pero hay opciones que no se han explorado, como sistemas de baterías que almacenen la energía que hay por el día. En el caso de la distribución, ver más cooperativas energéticas, consorcios municipales, que puedan trabajar de la mano con una coordinación central”, dijo Caraballo Cueto.

En el caso de LUMA, de un presupuesto operacional de $693 millones que tuvo en 2024-2025, anticipó que los gastos deberán aumentar a $1,615 millones, $1,908 millones y $2,170 millones en los siguientes tres años fiscales. Genera PR, mientras, tuvo a su disposición $300 millones en el pasado ciclo fiscal, pero pidió elevar el nivel de gastos prospectivamente a $597 millones, $596 millones y $589 millones.

Torres Placa, en tanto, urgió a la administración de Jenniffer González y a la Autoridad para las Alianzas Público Privadas (AAPP) –con jurisdicción sobre los operadores privados– a expresarse formalmente contra los ajustes solicitados. En pasados días, al cuestionársele sobre la petición tarifaria, la gobernadora se limitó a decir que no conocía los detalles, pero que se está “acostumbrando a las solicitudes” de alza de ambos operadores privados.

“No estamos hablando de si se aprueba o no, que obviamente el NEPR y la AAPP deben hacer su mejor análisis, pero hay que ver cómo se maneja, porque meramente considerar, como si fuera algo común, una petición de aumento de 40%, pudiera afectar la imagen de Puerto Rico, como una jurisdicción extremadamente inestable en el tema energético, y eso es muy perjudicial para el país”, acentuó Torres Placa.