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“Nuestro recorrido no estará completo hasta que a nuestros hermanos y hermanas gay se les trate igual que a todos los demás según la ley, porque, si nos han creado iguales de verdad, entonces el amor que profesamos debe ser también igual para todos”

-Barack Obama, en el discurso de su segunda toma de posesión como presidente de EE.UU., el pasado 21 de enero.

WASHINGTON – La próxima decisión clave sobre los derechos de los homosexuales en Puerto Rico estará en manos del Tribunal Supremo de Estados Unidos, que decidirá, a finales de junio, dos casos que tienen el potencial de marcar, como nunca antes, el rumbo de este debate.

Con excepción de los jueces, nadie conoce a ciencia cierta lo que ocurrirá. Pero la percepción es que el máximo foro judicial estadounidense invalidará la ley federal que define el matrimonio como la unión entre un hombre y una mujer (DOMA), reconociendo nuevos beneficios a nivel del Gobierno estadounidense, pero sin decir a los estados qué deben hacer.

La ley DOMA está en entredicho después de haber sido impugnada por una mujer de Nueva York, a la que el Gobierno federal le quiere cobrar impuestos que no le cobraría a la viuda de un hombre. El propio presidente de Estados Unidos, Barack Obama, solicitará su anulación.

En el otro caso pendiente, la proposición 8 de California, que volvió a describir el matrimonio como la unión entre una mujer y un hombre, hay expertos que consideran que la mayoría de los jueces del Tribunal Supremo se valdrán de tecnicismos para dejar el asunto en manos del propio estado californiano.

Otros piensan que, sin obligar a los estados, invalidarán la proposición 8 que persiguió enmendar la Constitución californiana y mantendrá la decisión previa del Tribunal Supremo de California, que reconoció el derecho de las personas del mismo sexo a formar un matrimonio con pleno reconocimiento jurídico.

La mera derogación de la ley DOMA, aunque no termine el proceso de búsqueda de equidad para la comunidad LGBTT, puede significarle una gigantesca victoria.

“Creo que DOMA se va a caer y será una gran victoria para la equidad y la igualdad frente a ciertos beneficios del Gobierno federal. A su vez, dejarán libre a cada estado para que decidan qué hacer. Si toman este camino, antes de dos años les vuelve el asunto como cuestión constitucional federal”, dijo el constitucionalista Carlos Ramos, profesor de la Escuela de Derecho de la Universidad Interamericana de Puerto Rico.

La controversia sobre DOMA se basa en el caso de “Estados Unidos versus Edith Schlain Windsor”, en el cual el Servicio de Rentas Internas (IRS, en inglés) le reclama a la demandada sobre $300,000 en impuestos por la propiedad que le dejó a su nombre la mujer con la cual, bajo las leyes de Nueva York, estuvo casada. Si como hace Nueva York, el Gobierno de Estados Unidos también reconociera a Windsor como viuda, ella no tendría que pagar contribuciones sobre la propiedad heredada.

Tras las sesiones orales de marzo pasado, el constitucionalista puertorriqueño José Julián Álvarez, profesor de la Escuela de Derecho de la Universidad de Puerto Rico, piensa que, si los jueces toman una decisión en los méritos y no por razones técnicas, habrá otra posición dividida, 5 a 4, que dependerá de la opinión del juez Anthony Kennedy.

“Si les dejan el asunto a los estados, Puerto Rico no hará nada. El proyecto 238 (que busca prohibir el discrimen en el empleo en contra de la comunidad LGBTT) y sus vicisitudes lo demuestran”, indicó Álvarez.

El profesor Ramos coincide en que, si el Tribunal Supremo de Estados Unidos no determina ahora la plena inconstitucionalidad de cualquier ley que prohíba el matrimonio entre personas del mismo sexo, la discusión reciente sobre el proyecto 238 refleja que no habrá mayoría legislativa en Puerto Rico para avanzar más allá de la jurisprudencia federal. Tampoco prevé que con la mayoría conservadora en el Tribunal Supremo de Puerto Rico surjan avances a nivel de la judicatura local.

Cuando se debatió el reclamo para derogar la ley DOMA, la boricua Sonia Sotomayor, primera hispana en el Tribunal Supremo de Estados Unidos, dudó que ese estatuto cumpla con la cláusula constitucional de igual protección de las leyes, centrando su preocupación en que el Congreso haya querido “crear una clase de gente que no les gusta” y a base de ello decidir quiénes pueden tener unos beneficios y quiénes no.

Una docena de estados ya reconoce el matrimonio entre personas del mismo sexo, pero en 30 estados se prohíbe por disposición constitucional.

Los votos a favor de derogar DOMA se prevé que surgirán de los jueces Sotomayor, Stephen Breyer, Ruth Bader Ginsburg y Elena Kagan. Si los cuatro conservadores del tribunal defienden esa ley, el voto decisivo sería el de Kennedy, en muchas ocasiones en el centro de las grandes controversias.

Durante la sesión oral, el juez Kennedy planteó cuál será su razonamiento básico al enfrentarse a la polémica sobre la ley DOMA: La cuestión –dijo– es si el Gobierno federal puede o no, dentro de nuestro esquema federalista, tener la autoridad para reglamentar el matrimonio”.