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El grupo de abogadas denunció supuestas prácticas irregulares en la operación de las agencias migratorias del gobierno federal. (GFR Media)
El grupo de abogadas denunció supuestas prácticas irregulares en la operación de las agencias migratorias del gobierno federal. (GFR Media)

Representantes legales en el área de inmigración levantaron la voz de alerta sobre citaciones recientes emitidas por las autoridades federales, en Puerto Rico, a personas que están en proceso de regularizar su estatus migratorio.

Julie Cruz Santana, Mara del Rosario García y Viviana Díaz mostraron preocupación por citaciones que se produjeron las pasadas semanas para que esas personas comparezcan a realizar un trámite que antes se hacía por correo.

Advirtieron que ese proceso ha resultado en que esas personas sean sometidas a procesos de deportación o remoción.

“Tenemos preocupación por cosas que están pasando”, sostuvo García, presidenta del capítulo local de la Asociación Americana de Abogados de Inmigración.

“El llamado es a que no se presenten a ninguna agencia sin representación legal y que tengan cuidado cuando salgan en estos días de vacaciones, que conozcan sus derechos”, enfatizó, por su parte, Cruz Santana.

Observan un patrón

Cruz Santana, quien preside la Comisión de Inmigración del Colegio de Abogados y Abogadas de Puerto Rico, relató que varios abogados se sorprendieron al percatarse de que “muchas personas estaban siendo citadas para entrevistas en inmigración el 24 de junio”. Las citaciones eran para la oficina en San Juan del Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (USCIS, por sus siglas en inglés).

La sorpresa se debió a que la citación era para solicitar en persona un documento que usualmente se pedía por correo a la oficina de USCIS en Vermont.

Ese documento es un relevo provisional -comúnmente llamado el “perdón” por la “ofensa” de estar en Estados Unidos indocumentado- establecido por una orden ejecutiva de la admnistración de Barack Obama que permite a las personas que estén casadas con ciudadanía estadounidense -o que tengan “residencia”- para que se puedan quedar en el país junto con sus familias mientras tramitan la legalización de su estatus migratorio.

Señaló que, desde esa orden de Obama, la norma ha sido que la petición del “perdón” se realiza enviando documentación por correo.

“Pero muchos fueron citados y eso no es normal… Muy pocas veces lo traen (el proceso) para acá (Puerto Rico)”, comentó Cruz Santana. “Entonces, cuando los citan para entrevista, (los citados) piensan que está a punto de completarse el proceso, se emocionan y van, aunque no vayan acompañados de un abogado”.

Impacto de intervención

Cruz Santana dijo que dos clientes que llegaron a su oficina relataron que fueron intervenidos por agentes de inmigración después de terminar la entrevista a la que fueron citados.

“En la entrevista, todo fue perfecto, pero al final les dijeron: ‘No se vayan que hay unos oficiales que les quieren hablar’. Y eran oficiales del Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés). Ambas personas fueron puestas en procedimiento de deportación”, indicó.

Según Cruz Santana, su cliente manifestó que “los agentes lo trataron muy bien, pero allí mismo hablaban de que, al otro día, iban a hacer lo mismo. Así que esto era algo concertado”.

“Entonces me llama la atención de que esto ocurre a la misma vez que el presidente (Donald) Trump, en Estados Unidos, ha advertido de que iban a hacer deportaciones masivas”, abundó. “Ese anuncio lo dejaron sin efecto para que el Congreso trabajara la situación, pero está latente”.

Por su parte, Díaz señaló que la USCIS está emitiendo notificaciones de comparecer frente a un juez, pese a que es la agencia encargada de ofrecer el servicio para que las personas legalicen su estatus migratorio.

“DHS está usando todas las agencias bajo su sombrilla como agentes de cumplimiento de ley y orden. Se supone que haya una separación entre el servicio y las deportaciones”, mantuvo Díaz, quien lleva 20 años como abogada de inmigración. “De alguna manera, se está violentado el debido proceso de ley”.

Las tres abogadas detallaron que el problema con esas citaciones es que interrumpe el proceso de legalización de personas que llevan muchos años en Puerto Rico, donde han trabajado y han levantado sus familias.

“Te corta la posibilidad de solicitar el ‘perdón’ y te tienes que ir del país, lejos de tu familia, a esperar años por la residencia”, advirtió Cruz Santana.

Reacciona ICE

El Nuevo Día solicitó una reacción de USCIS, pero al cierre de esta edición ayer, no se había recibido.

Hoy en la mañana, la agencia se expresó por escrito: “Como un asunto de política, USCIS no puede comentar sobre asuntos que involucren litigación pendiente”.

Por su parte, Michael Meade, director de la oficina de Remoción y Cumplimiento del Servicio de Inmigración y Aduanas (ICE-ERO, por sus siglas en inglés), admitió que reciben referidos de USCIS, pero aseguró que más bien se trata de personas que tienen algún caso abierto, ya sea por una orden de deportación previa o porque haya enfrentado alguna acusación criminal.

“Alguien sin casos (previos), no es una prioridad para nosotros. Lo que puede pasar es que USCIS lo mande a un juez de inmigración”, sostuvo.

Mientras, ante la preocupación de que haya un refuerzo en la intención de identificar a personas indocumentadas en la isla, aunque no tengan casos previos, Meade dijo que “nosotros seguimos haciendo nuestro trabajo normalmente”.

“Lo único que no estamos ignorando son varias ‘clases’. Por ejemplo, alguien que hubiera llegado antes de 2014 no era una prioridad, pero con el presidente de ahora, todos son prioridad. Si tienen orden de deportación, tienen riesgo de ser deportados”, acotó.

No obstante, Cruz Santana enfatizó que las personas citadas e intervenidas el mes pasado “no tenían ninguna orden de deportación, no tenían ningún caso y ahora algunos tienen una orden de remoción”.

“No habían sido identificados por el sistema (migratorio) de no ser por su solicitud (para legalizarse)”, manifestó.

Preocupación estatal

Cruz Santana y García también plantearon preocupaciones con relación a situaciones con autoridades estatales que les hacen sospechar alguna cooperación con el gobierno federal para identificar indocumentados.

Relataron incidentes en que policías han ayudado identificarlos en aeropuertos, puertos y en bloqueos en las calles.

Asimismo, García señaló que un cliente suyo fue el mes pasado a sacar la licencia de conducir especial para indocumentados en el Centro de Servicios al Conductor (Cesco) de Bayamón, donde una gerencial le pidió que esperara y, media hora después, “llegaron agentes de ICE y lo arrestaron”.

Tanto el jefe de la Policía, Henry Escalera, como el secretario de Transportación y Obras Públicas, Carlos Contreras, rechazaron cualquier tipo de cooperación en la búsqueda de personas que no tengan un estatus migratorio regular.

En declaraciones escritas, Contreras dijo que la política pública de la administración del gobernador Ricardo Rosselló Nevares “es de total apoyo, respeto y justicia hacia nuestros inmigrantes, independientemente de su estatus migratorio” y añadió que “evidencia de esto, es que al momento hemos emitido miles de licencias a personas sin estatus migratorio oficial, de las cuales hay 6,276 activas”.

Sobre el incidente del Cesco, indicó que “hemos ordenado una investigación para ver qué elementos, acciones u omisiones de cualquiera de nuestros empleados pudo haber provocado la intervención” de ICE.

“Mientras, he instruido a la directora de la Directoría de Servicios al Conductor (DISCO), Marivir Rivera, para que se asegure de que todos los protocolos para atender a los inmigrantes que nos visiten para solicitar servicios al amparo de dicha ley, se cumplan a cabalidad”, afirmó el funcionario.

Mientras, Escalera dijo que las situaciones planteadas son nuevas para él. Indicó que mantienen acuerdos de colaboración para asuntos en los que hay violaciones de leyes, pero aseguró que “la política de la Policía es de respeto y no estamos para verificar estatus migratorios de los extranjeros en Puerto Rico”.