Entre las alternativas que discutieron hoy representantes del Ejecutivo y el Legislativo, así como de la Judicatura y la academia, con la comisionada residente en Washington, Jenniffer González, está la posibilidad de ampliar el número de salas especializadas de violencia doméstica de la rama Judicial.

“Lamentablemente los dos casos que han llamado la atención pública son una muestra de lo que ocurre todos los días y no tienen la misma visibilidad, así que... vamos a hacerle recomendaciones a la Cámara y el Senado estatal, así como al foro Ejecutivo”, expresó González en referencia a los asesinatos de Keishla Rodríguez y Andrea Ruiz Costas.

En la reunión, el grupo auscultó, además, la posibilidad de que las vistas de Regla 6 o causa probable relacionadas con la Ley 54 se atiendan en estos espacios.

González aclaró, sin embargo, que para proponer esta acción necesitan conocer con anterioridad cuántos agentes y jueces, entre otro personal, serían necesarios para una expansión. “Esto son recomendaciones, yo no tengo jurisdicción estatal...queremos ser facilitadores”, expresó González, quien no quiso evaluar el sonido que trascendió sobre la vista de Regla 6 en el caso de Ruiz Costas. Afirmó, no obstante, que el Tribunal Supremo erró al no hacer pública la grabación.

“Creo que se le falló en ese sentido a la víctima”, dijo.

El Poder Judicial cuenta con ocho salas especializadas de violencia doméstica en los centros judiciales de Arecibo, Bayamón, Caguas, Carolina, Fajardo, Ponce, San Juan y Utuado. Estos espacios operan de 8:00 a.m. a 5:00 p.m. Posterior a este horario, la denuncia es atendida por el juez o jueza de turno. También la víctima puede iniciar el trámite a través de presentaciones@ramajudicial.pr

Además del desarrollo de legislación, González apuntó a la necesidad de buscar la asignación de recursos adicionales para las entidades que ofrecen directo a las víctimas, el readiestramiento de funcionarios, nuevas enmiendas a la Ley 54 y hacer más expedito el trámite judicial para salvaguardar las víctimas.

“Aunque tiene que hacerse uso de lo que es la ley, no podemos perder de perspectiva que lo que hay aquí es miedo a la vida y debe haber una sensibilidad con el manejo de estos casos”, señaló.

En la reunión participaron la procuradora de las Mujeres, Lersy Boria; la representante del Proyecto Dignidad, Lisie Burgos; la senadora del Partido Nuevo Progresista (PNP), Wanda Soto; y representantes del Departamento de Justicia, el Tribunal Supremo, el Negociado de la Policía y la academia.

“Es una reunión con el único fin de que nos lleve a salvar vidas, a proteger a nuestras mujeres”, afirmó Boria, quien adelantó que ayer, lunes, presentó por petición cuatro proyectos de ley para atender necesidades de las víctimas.

Otro asunto traído a la discusión fue el desarrollo de un módulo para registrar las órdenes de protección. “Esto es bien importante porque le permitiría, tanto a la rama Judicial como a aquellos que intervienen directamente con la víctima, conocer al momento los detalles del agresor y de la víctima”, señaló González.