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Para la presidenta interina de la UPR, Celeste Freytes,  es “devastadora” la situación que atraviesa el principal centro universitario del País. (GFR Media)
Para la presidenta interina de la UPR, Celeste Freytes, es “devastadora” la situación que atraviesa el principal centro universitario del País. (GFR Media)

Ante las exigencias de la Junta de Supervisión Fiscal de recortar el 30% del presupuesto de la Universidad de Puerto Rico (UPR) -lo que equivale a unos $300 millones-, la administración del centro docente preparó un primer borrador de posibles ajustes.

El documento que se deberá presentar ante la Autoridad de Asesoría Financiera y Agencia Fiscal de Puerto Rico (AAFAF) antes del 15 de febrero, todavía no alcanza la cifra impuesta.

Para la presidenta interina, Celeste Freytes, la situación es “devastadora”. En una reunión que sostuvo el sábado con la Junta Universitaria -el organismo más representativo de la Universidad-, se pusieron las cartas sobre la mesa y se discutieron posibilidades.

“El ejercicio de $150 millones fue muy difícil, y todavía las consecuencias no se han comenzado a atender. Todavía estamos solicitando cómo llegaron a $300 millones. Nosotros hicimos un ejercicio de medidas cautelares, hemos ahorrado más de $100 millones en los últimos tres años, pero seguir cortando va a dejar muy afectados a los profesores y a los estudiantes”, aseveró la presidenta.

El borrador de ajustes para uso interno se filtró durante el fin de semana a través de las redes sociales. Incluye un ahorro de $69.6 millones por concepto de nómina y aportaciones patronales. Una reducción de $5.5 millones en el bono de navidad, de $7 millones en compensaciones por cursos adicionales, de $1.5 millones en bonificaciones por ocupar puestos directivos, y de $18 millones por concepto del plan médico y de farmacia de los empleados de la UPR, figuran entre las propuestas.

Algunos de los ahorros ya se han puesto en marcha, lo que le ha valido a la Universidad un ahorro de más de $100 millones, sostuvo Freytes. La congelación de plazas docentes, de aumentos para el profesorado, y la reducción en compensaciones y bonificaciones, ya están materializadas.

En el renglón de gastos operacionales, se pronostica un ahorro de $35.6 millones. Los ajustes incluyen la eliminación de los $13 millones destinados a proyectos de mejoras permanentes, una reducción de $2.8 millones en la compra de materiales académicos, administrativos y operacionales, de $834 mil en las partidas asignadas a viajes, de $350 mil en becas de estudios graduados, y de $500 mil en contratos de seguridad y vigilancia

Además, contempla un ahorro de $16.1 millones en el desembolso de la deuda pública. Se ajusta así el pago al Banco Gubernamental de Fomento, lo que reduce la deuda en un 25%.

Sin embargo, para llegar a los $150 millones requeridos en el primer año fiscal, faltaría identificar $28.6 millones en ajustes. En el borrador, se contempla un aumento de 31.3% en ingresos, que corresponderían a un aumento de matrícula, la revisión de exenciones para los estudiantes y la revisión de los cargos por servicio.

Pero, para Freytes, se está poniendo el enfoque en otras formas de nutrir y recortar. “Para que la matrícula haga un efecto, el aumento tendría que ser bastante alto. El 70% de nuestros estudiantes recibe Beca Pell; son de un nivel económico que necesitan apoyo para sus estudios”, comentó.

El borrador no incluye de forma alguna el cierre de recintos universitarios, que ha sido eje de discusión en tiempos de estrechez económica. La presidenta interina defendió la permanencia de los recintos por “el nivel de diversidad” que aportan. Pero, adelantó que la administración tiene el ojo puesto en una reestructuración administrativa de los recintos, la cual permitiría consolidar puestos administrativos de diferentes unidades y eliminar burocracia.

A un día de la reunión en Administración Central, el caucus estudiantil de la Junta Universitaria insistió en que los recortes comiencen por esa reestructuración traducida en eficiencia, y en reducción de gastos operacionales y de puestos de confianza.

Tanto la administración como los estudiantes coincidieron en la necesidad de que la UPR allegue ingresos a través del ofrecimiento de servicios profesionales al gobierno y de la monetización de los proyectos propios.