El Departamento de Educación pagó, hasta el 2020, al menos $419,000 para cubrir los gastos de agua potable y servicio eléctrico en escuelas públicas de la región de Arecibo que fueron cerradas en 2017 y 2018, reveló una auditoría de la Oficina del Contralor.

La cifra solo incluye los hallazgos encontrados tras visitas a 10 de las 61 escuelas públicas que fueron cerradas en dicha región educativa a partir de 2016.

“El departamento pagó $418,596 por servicios que no utilizó, lo que impidió que dicho dinero fuera utilizado en sus operaciones. La Secretaría Auxiliar de Servicios Auxiliares no coordinó la inactivación de todos los servicios de energía eléctrica y agua potable de cada escuela cerrada. Tampoco validó con los directores escolares que se suspendieran los servicios de agua y luz al momento del cierre de las escuelas”, lee el informe de auditoría, publicado el 25 de agosto y que abarca las operaciones de la Oficina Regional Educativa (ORE) de Arecibo del 1 de enero de 2016 al 28 de febrero de 2021.

Los auditores determinaron que en nueve de las 10 escuelas inspeccionadas se suspendió el servicio de energía eléctrica entre 150 y 334 días después de su cierre. Al 30 de junio de 2020, dos escuelas aún tenían servicio energético porque contaban con más de un contador eléctrico y uno continuaba activo.

Mientras, el servicio de agua potable se canceló entre 118 y 723 días después del cierre para nueve de las escuelas inspeccionadas. Hasta junio de 2020, Educación había emitido pagos por $297,146 para cubrir las facturas de agua.

El secretario de Educación, Eliezer Ramos Parés, señaló que la agencia ha tomado medidas para atender los atrasos en la cancelación de servicios en planteles en desuso, según los comentarios incluidos en el informe.

“Respecto a la situación señalada sobre la suspensión tardía de los servicios de utilidades en las escuelas cerradas, debemos decir que el DEPR comenzó un proyecto de digitalización de las facturas de agua y luz en todas las escuelas de Puerto Rico. Este proyecto llamado Monitor lnteligente de Gestión de Servicios (MIGS) atiende de manera medular y sistemática todo lo relacionado a la facturación de los servicios mencionados y la suspensión de cuentas en desuso por cierre u otras razones”, indicó el secretario.

Durante las visitas a los 10 planteles, personal de la Oficina del Contralor detalló la falta de mantenimiento en las estructuras en desuso, así como la presencia de equipo, materiales educativos y expedientes que no fue reubicado en otras escuelas o decomisado correctamente. Asimismo, se destacó la presencia de caballos en instalaciones. El informe contiene imágenes de los animales en los planteles, así como escombros en salones y materiales educativos regados.

“En las 10 escuelas se encontraron equipos y materiales educativos, muchos de estos deteriorados. Entre los equipos y materiales se observaron laptops, impresoras, cartuchos de tinta para copiadoras, pantallas de computadoras, gabinete de comunicaciones (caja negra), televisores, pizarras, escritorios, sillas, pupitres, archivos, extintores, equipos de comedor escolar (extractores y tanques de gas) y libros educativos. La OREA no cuantificó los equipos y materiales que se encontraban en cada una de estas escuelas”, señala la auditoría.

“En una escuela, la cual fue arrendada desde el 2019, observamos una cantidad indefinida de libros, materiales didácticos y equipos. El arrendador realizó un inventario de la propiedad dejada allí por la OREA, la contabilizó y la aseguró bajo llave en un salón. Este contaba con 578 unidades de propiedad en espera de que la OREA los recogiera”, agregó el informe.

Los auditores tampoco recibieron evidencia de la existencia de cuentas bancarias de seis de las escuelas al momento del cierre. Esto impidió que las escuelas receptoras de los estudiantes contaran con fondos adicionales y “propicia el uso indebido de dichos fondos”, concluyeron los auditores.

“En una escuela se nos certificó el balance de la cuenta y la copia de un cheque emitido por $4,834 para la escuela receptora. Sin embargo, la directora de la escuela receptora no evidenció el uso de dichos fondos. La Sección de Asuntos Fiscales de la OREA tampoco suministró información de esta transacción”, indica el informe.

Sobre el mantenimiento de escuelas, el secretario de Educación señaló que dependen de la asignación de fondos en el presupuesto de la agencia para que la Oficina para el Mejoramiento de Escuelas Públicas (OMEP) pudiera encargarse de los trabajos. Asimismo, indicó que se impartirían instrucciones a las oficinas y personal encargado del manejo de las cuentas bancarias de las escuelas para que realicen los procesos necesarios para identificar si las cuentas existen y si procede transferir dinero.

“En cuanto a los procesos de inventario para salvaguardar los activos que aparecieron en escuelas en desuso, el DEPR procedió a visitar las escuelas en desuso, para evaluar el estado de las equipos, libros y materiales, entre otros. Una vez identificado el estado de las equipos y materiales se llevará a cabo el proceso de transferencia o disposición, según corresponda”, sostuvo Ramos Parés.