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Hacer pagos, objetar facturas, solicitar conexión o suspensión de servicio, reportar sectores sin luz y denunciar hurto de energía son algunas de las gestiones más frecuentes en Servicio al Cliente. (GFR Media)
Hacer pagos, objetar facturas, solicitar conexión o suspensión de servicio, reportar sectores sin luz y denunciar hurto de energía son algunas de las gestiones más frecuentes en Servicio al Cliente. (GFR Media)

A días de que envíe a la Legislatura el proyecto sobre la transformación de la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE), el gobernador Ricardo Rosselló confirmó ayer que el área de Servicio al Cliente de la corporación pública también pudiera privatizarse.

Hasta ahora, Rosselló había indicado que su propuesta para la AEE consistía en privatizar la generación de energía y otorgar concesiones, a término definido, para la transmisión y distribución.

El primer ejecutivo señaló, sin embargo, que Servicio al Cliente –considerada el rostro de la AEE ante sus 1.5 millones de abonados– “es un área que tiene que mejorar dramáticamente”.

Hacer pagos, objetar facturas, solicitar conexión o suspensión de servicio, reportar sectores sin luz y denunciar hurto de energía son algunas de las gestiones más frecuentes en Servicio al Cliente. Las oficinas comerciales y el centro de llamadas de la AEE también son parte del área.

“(La privatización del área de Servicio al Cliente) se está evaluando como parte de las mejoras a la operación de la AEE. La AEE dejará de existir como hoy opera de manera deficiente”, dijo Rosselló a El Nuevo Día.

“Hay una oportunidad de encontrar ahorros significativos en esta área, que se traduzcan en una reducción del costo del kilovatio-hora, además de lograr una mejora operacional”, agregó.

"Más fácil"

El ex director ejecutivo de la AEE, Josué Colón, opinó que, “sin entrar en los méritos” de la propuesta del gobernador, la transición hacia la privatización “sería más fácil y rápida” en áreas como Servicio al Cliente.

“El gobierno podría quedarse con dos o tres oficinas comerciales y que las demás gestiones se hagan por teléfono o en oficinas privadas, como ocurre en muchas jurisdicciones estadounidenses. Lo que se debe garantizar es que, al hacer estas gestiones en el sector privado, no se cobre un cargo a los clientes”, dijo.

Colón, quien dirigió la AEE entre junio y diciembre de 2012, destacó que este tipo de requerimientos “tiene que incluirse” en el proyecto de ley que el gobernador someterá.

“Esa ley va a ser la ruta a seguir, y de ella dependerá el éxito o fracaso de la propuesta del gobernador. Esa ley va a ser la especificación del proceso de privatización”, añadió Colón, tras señalar que el estatuto debe “conciliar” los intereses del pueblo y los privatizadores.

Resiliencia

En términos de los lineamientos generales del proyecto de ley, el profesor e investigador de sistemas de energía en la Universidad de Puerto Rico en Mayagüez, Efraín O’Neill, indicó que deben enfocarse hacia la resiliencia de la infraestructura eléctrica.

Esa resiliencia o capacidad de adaptación, agregó, se logra impulsando los recursos energéticos locales, como sol y viento, junto a una “estrategia masiva” de instalación distribuida, por ejemplo, en los techos de casas e industrias. La conservación y eficiencia energética también son necesarias.

“A corto y mediano plazo vamos a necesitar plantas grandes que provean estabilidad y energía a ciertos sectores, pero la meta debe ser darles prioridad a los recursos locales. El rol de las plantas grandes debe ser de apoyo; que no sean para vender electricidad, sino para dar apoyo de voltaje y frecuencia a la red”, dijo.

Eficiencia

Por su parte, la socióloga ambiental y miembro del Comité Timón del Instituto Nacional de Energía y Sostenibilidad Isleña (Inesi), Marla Pérez Lugo, resaltó que, para promover la eficiencia y competitividad del sistema, los contratos privados que se otorguen no deben incluir escaladores en el costo del kilovatio-hora, ni garantías de compra por la energía generada.

“Esas son cláusulas en los contratos que tenemos ahora, que no son incentivo para ser eficiente ni bajar costos”, indicó.

Pérez Lugo llamó la atención a que la propuesta de privatización de la AEE, con énfasis en la generación, se cimenta en gran medida en el impacto del huracán María. A su juicio, la generación fue, precisamente, el área que “menos se afectó” con el ciclón.

“Usar el huracán María como ventana de oportunidad es inconsistente con los hechos, porque quieren privatizar lo que no falló con María. Las áreas que fallaron fueron transmisión y distribución, para las que se está proponiendo una especie de privatización light porque son sistemas perdidosos”, dijo la experta, con quien O’Neill coincidió.

"Puede abrir espacio"

Entretanto, el presidente del Colegio de Ingenieros y Agrimensores, Pablo Vázquez Ruiz, opinó que un modelo privado en la AEE “puede abrir espacio” para el desarrollo de proyectos de los que se habla hace años y no se ejecutan, como microrredes, soterrados de líneas y energía renovable.

Enfatizó, no obstante, que ese espacio se abrirá en la medida que el gobierno negocie buenos términos y condiciones con los inversionistas, a la luz de la ley que se apruebe.

“Estamos hablando de proyectos que están incluidos en el Plan Integrado de Recursos de la AEE y no se pueden tirar a la basura. Además, la AEE ya tiene unos contratos de energía renovable, algunos que ni han empezado a construirse, y hay que ver cómo quedan ahora”, expuso.

Vázquez Ruiz opinó que las alternativas de proyectos energéticos “tienen que evaluarse caso a caso, porque no hay una sola solución al problema”.

Sobre las microrredes, dijo que pueden ser efectivas para lugares remotos o de difícil acceso, pero su limitación es el costo. En cuanto al soterrado de líneas, señaló que solo es viable para áreas críticas, como el Centro Médico de Río Piedras, cuyo servicio eléctrico no debe afectarse con eventos atmosféricos.

En opinión de O’Neill, estos proyectos no se han concretado en los pasados años no porque el modelo público sea deficiente, sino por la “visión cerrada de la gerencia de la AEE y la intervención político partidista”.

Ente regulador

Mientras, el presidente de la Asociación de Industriales, Rodrigo Masses, afirmó que, para que “la revolución” del sistema eléctrico se dé, “es necesario” que la Comisión de Energía de Puerto Rico se mantenga como ente regulador independiente.

Aparte de la privatización de la AEE, Rosselló propone que la Comisión de Energía se adscriba, junto a otras dependencias de telecomunicaciones y transporte, a lo que sería la Junta Reglamentadora de Servicio Público. Esta fusión es parte de los planes de reorganización de agencias que el gobernador envió a la Legislatura, que pasará juicio sobre ellos sin realizar vistas públicas.

“Es importante que la Comisión de Energía permanezca, porque custodiará que lo que se vaya a hacer mantenga los niveles de calidad y precio. Eso, al final del día, es lo importante de este proceso: energía de alta calidad y a precios que se pueda comprar”, dijo Masses, quien defiende que el costo del kilovatio-hora baje a 12 o 13 centavos. El gobernador ha dicho que su meta es llevar ese costo a 20 centavos, una cifra no muy distante a la actual.

O’Neill, Pérez Lugo y Vázquez Ruiz también abogaron por la permanencia de la Comisión de Energía, y coincidieron en que la propuesta privatización de la AEE demorará más de los 18 meses que estima el gobernador.

Ayer, Rosselló reiteró que la legislación para privatizar la AEE será enviada a la Legislatura “en las próximas semanas”.

Sobre el ente regulador que habría después de la privatización, dejó entrever que no sería la Comisión de Energía.

“Se tiene que hacer una reforma de regulación completa”, aseveró, tras rechazar que el marco regulatorio lo definiría la Junta de Gobierno de la AEE. “Se va a establecer el marco regulatorio necesario para poder llevar a cabo esta transformación”, agregó.

Grupo de trabajo

Por otro lado, Rosselló anunció la creación de un grupo para liderar la transformación de la AEE. Lo integrarán el representante del gobernador ante la Junta de Supervisión Fiscal, Christian Sobrino; la principal asesora en infraestructura del gobernador, María Palou; el asesor económico principal de la AEE, Todd Filsinger; la firma Rothschild; y los grupos de abogados de la corporación pública y el gobierno.

“Vamos a estar colaborando con la Junta porque hay un componente de Título III (de la ley federal Promesa) que es importante dentro de este proceso. Pero la dirección y la ejecución, sin duda alguna, van a ser del gobierno de Puerto Rico. Eso ya lo estableció de manera clara la corte”, dijo, en alusión al rechazo que la jueza Laura Taylor Swain dio cuando la Junta quiso colocar a Noel Zamot como oficial de Transformación de la AEE.

Rosselló rechazó hablar sobre precio de venta de la AEE. “El precio de venta no es el driver en esto. Es la oportunidad de generarenergía más barata; la oportunidad de hacer un modelo energético más flexible para el consumidor”, apuntó.

Pérez Lugo teorizó que, “en momentos en que el gobierno admite que no es capaz de manejar la infraestructura eléctrica, la venta de activos será a precio de ‘pescao abombao’ (barata)”.

La reportera Gloria Ruiz Kuilan colaboró en esta historia.