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El Cuerpo de Ingenieros de los Estados Unidos logró alquilar, libre de costo, un espacio de 42 acres en la antigua Base Ramey en Aguadilla con lo que podrían ahorrar hasta $3 millones.
Esto, tras desempolvar una disposición federal de hace 40 años que indica que el gobierno federal puede usar de manera gratuita dichas instalaciones en caso de una emergencia nacional.
Un portavoz del Cuerpo de Ingenieros confirmó que se trata del “Quitclaim Deed”, de 1978, año en que el gobierno de Estados Unidos completó el traspaso de lo que fue la “Base de la Fuerza Aérea Ramey” en Aguadilla a la Autoridad de los Puertos (AP) de Puerto Rico.
El documento resurgió en las pasadas semanas, en medio de una negociación del Cuerpo de Ingenieros por el alquiler del mencionado espacio, con el fin de almacenar materiales para la reparación del sistema eléctrico de Puerto Rico.
Desde que comenzaron sus labores en la isla tras el azote del ciclón, el Cuerpo de Ingenieros usaba 42.2 de los 154 acres que la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias (FEMA) había alquilado en el aeropuerto Rafael Hernández de Aguadilla, que está bajo la tutela de la AP.
Sin embargo, el Cuerpo de Ingenieros tuvo que comenzar a buscar su propio alquiler por ese espacio después de que FEMA comenzara a reducir ciertas áreas de operación y le indicara que tendría que alquilar su propio espacio.
Pero el especialista en asuntos de bienes raíces del Cuerpo de Ingenieros, Víctor Otero, dijo a El Nuevo Día que, tan pronto comenzaron a hablar de números, surgieron las dificultades.
Según Otero, Puertos quería dejarle la renta en no menos de 49 centavos por pie cuadrado, que fue el mismo precio que le habían concedido a FEMA y que representaba una rebaja en relación con los 55 centavos que requería una regulación de la Administración Federal de Aviación (FAA, por sus siglas en inglés).
Pero en momentos en que la agencia federal intentaba maximizar su presupuesto, el Cuerpo de Ingenieros entendió que el precio era muy alto para usar un predio que había estado en desuso por mucho tiempo.
“Nuestro primer intento fue de tratar de presentarnos a ellos (la Autoridad de los Puertos) y dejarles saber que estábamos aquí para energizar la isla, para la gente de Puerto Rico… y queríamos ver cómo nos podían ayudar”, relató Otero.
“Ellos insistieron en que tenían que obedecer la regulación de la FAA”, agregó.
Otero, cuyo padre puertorriqueño estuvo en las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos, conocía sobre el pasado militar del aeropuerto. Mientras, por trabajos previos, Otero recordaba que los traspasos de bases militares suelen contener cláusulas para proteger la inversióndel gobierno federal en dichas instalaciones.
“Llamamos a la FAA y ellos no sabían nada sobre el ‘deed’, lo que me pareció extraño, pero seguimos buscando”, comentó Otero.
“Buscamos y buscamos en internet, pero no lo encontrábamos, pero en un esfuerzo de equipo se encontró el ‘Quitclaim Deed’ de 1978”, agregó.
Una de las disposiciones en el documento de traspaso indica: “Que durante cualquier emergencia nacional declarada por el presidente de los Estados Unidos de América o el Congreso, incluyendo cualquier emergencia nacional, el Gobierno tendrá el derecho para hacer uso exclusivo o no exclusivo y tendrá control exclusivo o no exclusivo y posesión sin cargos, del aeropuerto, o de una porción como desee, proveyendo, sin embargo, que el Gobierno será responsable de todo el costo del mantenimiento de esa parte del aeropuerto que use exclusivamente…”.
Otero dijo que, de inmediato, llamaron a la FAA, que validó el contenido del documento y les permitieron continuar.
El portavoz calculó que el ahorro para el Cuerpo de Ingenieros sería de entre $1 millones y $3 millones, dependiendo de cuánto dure la misión.
“Fue como encontrar un diamante sin pulir”, expresó. “Lo podemos usar hasta que termine la misión”, agregó.
Explicó que en el área han ubicado “trailers” donde pernoctan trabajadores de línea y almacenan materiales, como postes y cables, que transportan por tierra y aire a las zonas donde se necesitan.