Todos tenemos derecho a gozar de un grado máximo de salud. La propia Declaración de los Derechos Humanos lo establece, en su artículo 25, como un derecho fundamental de todo ser humano sin distinción de raza, condición social y económica, ideología política y religiosa.

Más allá de la Declaración, la Constitución de Puerto Rico le otorga al Estado la obligación de generar condiciones en las que todos podamos vivir saludables. Entre esas premisas se encuentra la disponibilidad y accesibilidad de servicios médicos, generar condiciones seguras y saludables de trabajo, tener acceso al agua potable, proteger el medio ambiente y proveer vivienda y alimentos.

El Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de las Naciones Unidas, que supervisa el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, adoptó en el 2000 cuatro elementos esenciales para el derecho a la salud. Estos son la disponibilidad, la accesibilidad, la aceptabilidad y la calidad.  

De la misma forma se le impone a los estados las obligaciones de respetar, proteger y cumplir con los elementos esenciales para garantizar la salud de todos los ciudadanos. Estados Unidos es uno de los países que firmó el acuerdo sin ratificarlo. De esta manera no está obligado a cumplirlo o a seguir las directrices del Comité.

Algunos esfuerzos para hacer la diferencia

A pesar de que Puerto Rico no está incluído en el tratato de los derechos económicos, sociales y culturales, existen esfuerzos no gubernamentales para garantizar un mejor acceso a servicios de salud de calidad.

Por ejemplo, la trabajadora social Doris Pizarro comentó en el programa radial Amnistía 740 que el Instituto de Política Social adscrito al Programa Doctoral de la Escuela Graduada de Trabajo Social Beatriz Lasalle tiene como misión construir una sociedad verdaderamente justa. Con ese esfuerzo buscan que todos los ciudadanos puedan gozar y disfrutar de todos sus derechos, entre ellos el de la salud. Pizarro entiende que parte de su labor es ver a las personas como ciudadanos capacitados para decidir y participar en la transformación de su vida.

Otras personas también trabajan activamente a través de organizaciones sin fines de lucro para establecer en la isla un sistema de salud universal que atienda las necesidades de todos. Este es el caso de Sara Huertas, presidenta de A Su Salud, y Manuel Perfecto, portavoz de la Alianza para la Salud del Pueblo.

Huertas aseguró que el esfuerzo de ambas organizaciones va dirigido a mejorar la oferta actual, que resulta deficiente.Perfecto, por su parte, afirmó en el programa que realiza Amnistía Internacional a través de la emisora Boricua 740, que Puerto Rico necesita un sistema de salud que atienda a toda la población sin distinción de condición económica.

Ambos buscan que este sistema sea de pagador único, y elimine las onerosas cuentas de las aseguradoras, que han encarecido los servicios de salud. Con este sistema, similar al que existe en el estado de Vermont, se podría ahorrar un 25% de los gastos actuales, coincidieron los activistas.

Responsabilidad del Estado

Sin embargo, para que esto se pueda dar se necesita una transformación social y gubernamental que ponga el bien de la comunidad como el interés primordial del Estado.

Actualmente en Puerto Rico hay una desigualdad económica muy marcada. Los servicios médicos son accesibles para aquellos que pueden pagarlos. Esto hace que el disfrute de una buena salud sea casi un privilegio.

El Estado está en la obligación de ofrecer y proveer estos servicios. “Su responsabilidad no puede ser delegada a otros sectores”, estableció Perfecto.

Todo ciudadano tiene derecho a recibir el servicio de salud necesario para garantizarle una buena calidad de vida. Por lo tanto, situaciones ilógicas como perder el seguro médico a consecuencia de perder el empleo o personas pidiendo ayuda económica en las luces para tratamientos médicos, como trasplantes, se deben evitar.

Los participantes del programa concluyeron que con un sistema universal de salud habría una unión de todos (pacientes, profesionales de la salud, Estado) para garantizar una mejor utilización de recursos económicos y ampliar la cobertura médica a los ciudadanos para que puedan recibir los servicios de manera efectiva y justa.