En medio de la emergencia del coronavirus, el gobierno comprometió más de $40 millones en compras de pruebas rápidas para detectar la enfermedad a empresas sin ninguna experiencia en el manejo de productos médicos, pero dirigidas por personas con estrechos vínculos con el Partido Nuevo Progresista (PNP), a costos al parecer muy por encima de su valor en el mercado y sin ninguna garantía de que el gobierno de Estados Unidos autorizaría su uso en Puerto Rico.