Genera PR suscribió un acuerdo por consentimiento mediante el que acogió una penalidad administrativa de $145,000 por parte de la Agencia federal de Protección Ambiental (EPA, en inglés) relacionada con violaciones al uso permitido de tres megageneradores en la central Palo Seco entre noviembre de 2022 y septiembre de 2023.

Bajo el acuerdo, avalado por el administrador de la región 2 de la EPA, Michael Martucci, Genera PR y la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE) “no admiten ni deniegan las alegaciones de hechos y alegadas violaciones” enumeradas por la dependencia federal, pero se comprometieron –además de pagar la multa administrativa– a implantar una serie de acciones correctivas, como la preparación y divulgación de informes de cumplimiento.

Los hechos que redundaron en el acuerdo por consentimiento se remontan a los meses siguientes a la transición de la AEE a Genera como operador de la flota de generación, que se materializó el 1 de julio de 2023. A la luz del permiso que la corporación pública tenía vigente para operar las tres unidades, conocidas como MobilePacs, no se podían quemar más de 12,281,995 galones de diésel en un periodo de 12 meses consecutivos. Sin embargo, en septiembre de 2023, Genera reportó que los MobilePacs habían consumido 15,111,109 galones desde noviembre del año anterior, es decir, casi 3 millones de galones en exceso.

Datos provistos, en 2024, por el entonces director ejecutivo de la AEE, Josué Colón, apuntaban a que, cuando Genera se hizo cargo de la flota de generación, el permiso aún contemplaba la quema de casi 5.6 millones de galones a lo largo de los siguientes cuatro meses, pero el operador privado consumió cerca de 8.5 millones de galones en los MobilePacs entre julio y septiembre de ese año. El límite, según la EPA, se violó “alrededor de agosto” de 2023.

Los MobilePacs fueron instalados en 2019, pero no obtuvieron el permiso del Departamento de Recursos Naturales y Ambientales (DRNA) hasta tres años después. Cada una de las unidades inyecta aproximadamente 27 megavatios (MW) de energía a la red, para un total de 81 MW.

“Este acuerdo no impide la generación de energía en Puerto Rico, (sino que) asegura que la gente de Puerto Rico esté protegida de la contaminación del aire y pueda acceder a los registros relacionados con el cumplimiento de los MobilePacs con la Ley de Aire Limpio”, expresó Martucci en el comunicado de prensa.

El jueves, no fue posible obtener una reacción de Genera ni de la AEE en torno al acuerdo por consentimiento, que fue firmado por Martucci el 15 de julio, pero divulgado este jueves mediante un comunicado de prensa.

Del acuerdo –al que este diario tuvo acceso– no se desprende cómo la corporación pública y el operador privado se distribuirán el desembolso de la multa, más allá de indicarse que las partes “pagarán un total combinado de $145,000 por las violaciones pasadas a la Ley de Aire Limpio”.

El contrato de administración de la flota generatriz estipula que, de ordinario, Genera se hará cargo de pagar las penalidades ambientales, “excepto en la medida que dichas multas, penalidades u otros pagos o cargos similares provengan de violaciones o circunstancias previas a la fecha de efectividad (del contrato), o estén de otra forma sujetos a indemnización del dueño (AEE) al operador (Genera) bajo este acuerdo”.

Las multas, en términos generales, son uno de los gastos que Genera debe sufragar de sus fondos privados, sin reclamar reembolso a la AEE.

Además de excederse en el uso permitido de los megageneradores, la EPA expuso que las partes incumplieron en notificar al DRNA del cambio de operador en un periodo de 30 días, que tampoco se realizó una prueba de desempeño de las unidades en o antes del 30 de julio de 2023 y que no se entregaron informes de las pruebas ni el reporte semestral de cumplimiento exigidos por la Ley federal de Aire Limpio.

A modo de acciones correctivas, Genera deberá entregar un “plan de monitoreo” de las tres unidades dentro de 30 días de la vigencia del acuerdo por consentimiento, así como entregar y publicar retroactivamente los informes no sometidos y hacer públicos los informes futuros sobre los megageneradores.