Espacios Abiertos cuestiona cómo Educación define los servicios directos a estudiantes

Analistas de la organización sin fines de lucro detallan posibles incongruencias entre la Ley de Reforma Educativa y cómo la agencia asegura que cumple con ella

11 de febrero de 2024 - 6:37 PM

La Ley 85 de 2018 establece que se debe asignar, al menos, el 70% “del presupuesto departamental” para “servicios directos a los estudiantes en las escuelas, y (Educación) rendirá un informe anual a la Asamblea Legislativa al respecto, con las recomendaciones que los directores de escuela tengan a bien hacer”. (Josian Bruno/GFR MEDIA)

El Departamento de Educación sostuvo ante un tribunal, en días recientes, que este año fiscal destinó el 89% del presupuesto que recibió de fuentes estatales para brindar servicios directos a los estudiantes, pero la organización Espacios Abiertos cuestionó las definiciones que creó la agencia para evidenciar que cumple con su ley orgánica.

Compra de materiales y equipos para los salones, pago de terapias y los salarios de los maestros están contenidos en la definición que presentó Educación en un informe sobre la distribución de su presupuesto que entregó, el 5 de febrero, ante el Tribunal Superior de San Juan.

No obstante, en la lista de 20 puntos sobre cuáles son los servicios directos a estudiantes también están contenidos el pago de seguros, los desembolsos correspondientes a docentes para el Sistema de Retiro (conocido como ”pay go” o “pay as you go”) y los alquileres de almacenes de materiales y comidas, entre otros, detalló analista del área de educación de Espacios Abiertos, el economista y abogado Enrique Colón Bacó.

“El ‘pay as you go’ no veo cómo es un servicio relacionado al estudiante o una gestión educativa en el salón de clases. Eso es un maestro que ya está retirado. Y lo mismo el almacén de materiales, eso no es una gestión educativa en el salón de clases”, argumentó Colón Bacó, en entrevista telefónica con El Nuevo Día.

“No me parece que es una definición correcta de lo que es un servicio directo y la realidad es que la Ley de Reforma Educativa, la Ley 85, no define tampoco. Lo dejaron abierto a que el Departamento de Educación lo definiera, pero la ley sí habla de esto de una forma particular... Cuando hablan de dónde debería estar el 70%, la ley dice que el 70% del presupuesto debería estar dedicado a gestiones educativas en los salones de clase y actividades relacionadas”, añadió.

Educación entregó el informe luego que un juez del Tribunal de San Juan le ordenara a demostrar que está en cumplimiento con la Ley 85 de Reforma Educativa de 2018, que establece que la agencia debe destinar, al menos, el 70% de su presupuesto anual a servicios directos a los estudiantes, como remedio a un recurso judicial radicado por el representante del Movimiento Victoria Ciudadana (MVC), José Bernardo Márquez.

La agencia definió servicio directo a los estudiantes como “aquel que, sin su ejecución, el estudiante se ve imposibilitado de recibir la instrucción educativa en el salón de clases o son servicios dirigidos a apoyar la prestación de servicios educativos y servicios relacionados, sin los cuales resultaría imposible cumplir con el deber ministerial de brindar educación a nuestros estudiantes”.

Colón Bacó argumentó que “aunque todo cumpla con su definición, la definición en sí no me parece óptima dado que se está buscando entender cuánto de ese presupuesto llega al salón de clases”.

En el informe, del cual El Nuevo Día obtuvo copia, Educación detalla cuánto de su presupuesto está dirigido a servicios estudiantiles según la fuente de los desembolsos. Por ejemplo, en relación a fondos federales, se precisa que, en 2018-2019, se asignó el 84% a servicios directos a estudiantes, mientras que, en el año fiscal corriente, el porcentaje bajó a 71%. Respecto a fondos federales de Educación Especial, este año fiscal se destinó el 89% a servicios directos para estudiantes.

Segregar de esa manera las fuentes de los ingresos de la agencia no permite, en primera instancia, saber cuánto del presupuesto consolidado de la agencia se destina a estos fines, sobre todo porque partes del documento principal del informe solo contienen porcentajes y no cantidades totales, apuntó el analista de Espacios Abiertos.

Datos más específicos están incluidos en una serie de anejos que acompañan el informe, los cuales serían analizados por Espacios Abiertos, indicó el director de Investigación de la organización, el economista Daniel Santamaría Ots.

Es transparencia a medias. Hay varias estrategias de guardar mucha información, haciéndola difícil de acceder. Entidades como la nuestra pueden dedicar los recursos para encontrar la información, pero las agencias tienen que entender que su consumidor final es el ciudadanos y la ciudadana, y la información debe estar condensada y presentada de forma sencilla”, explicó Santamaría Ots.

Espacios Abiertos ha solicitado a Educación, desde agosto de 2022, detalles sobre su presupuesto y su metodología para distribuir los fondos, precisamente en un esfuerzo por fiscalizar su cumplimiento con la Ley 85, relató Santamaría Ots. La información, hasta el momento, no se le ha entregado, aunque tuvieron acceso al informe a través del recurso judicial del representante Márquez, abundó.

Colón Bacó no puso en duda que los gastos que detalla Educación en su informe sean gestiones necesarias para el sistema escolar y para que las escuelas operen. No obstante, incluir gastos que no tienen que ver con lo que ocurre dentro de un salón de clases infla el monto que Educación reporta que invierte en servicios directos a estudiantes y argumentó que esto daría paso a que haya un cumplimiento artificial con lo que dice la ley.

“El hecho de que no cualifique como servicio directo no quiere decir que no son fundamentales. Yo creo que un comedor, dinero que se invierte en comedores escolares, en comida o en salarios de empleados de comedores escolares, yo no lo veo como una gestión educativa en el salón de clases, pero eso es fundamental y es importantísimo”, expresó Colón Bacó.

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