Más de 500 personas protestaron este sábado, en Cabo Rojo, en contra del megaproyecto Esencia y en defensa del ecosistema que, a su juicio, se afectaría, de completarse la construcción en las cerca de 1,500 cuerdas que los desarrolladores proponen entre los sectores Boquerón y Combate.

“Estamos defendiendo la vida, el acceso al mar, los yacimientos arqueológicos… y denunciando todo el impacto que va a tener las construcciones en el calentamiento global. Esa área de allí es seca. Si le quitas la vegetación, que ya de por sí produce oxígeno, vas a seguir calentando el agua, promover la erosión costera y dañar los ecosistemas marinos”, denunció Jannette Ramos García, una de las portavoces del Comité por la Verdadera Esencia del Suroeste.

En entrevista telefónica, la extensionista marina de Sea Grant Puerto Rico indicó que continúan a la espera del informe de la Oficina de Gerencia de Permisos (OGPe), agencia que se suponía rindiera el documento luego de las vistas públicas, celebradas en marzo y que atendió a “112 expertos”.

“Ha pasado mucho tiempo y seguimos escuchando silencio”, deploró la residente en Cabo Rojo.

En reacción, el secretario auxiliar de la OGPe, Norberto Almodóvar Vélez, respondió, por separado, que, “hasta el momento, no se ha presentado ningún trámite de consulta de ubicación ni solicitud de permiso de construcción con el proyecto Esencia”.

Explicó que la evaluación de la Declaración de Impacto Ambiental “está en curso” y “dentro del término de tiempo que este asunto requiere”, sin precisar cuándo tienen previsto hacer público el informe.

Luego de que se realizaron las vistas, Almodóvar Vélez detalló que los oficiales examinadores trabajaron un informe sobre las deposiciones, las recomendaciones del proponente y las modificaciones que se presentaron. Este documento –que no fue compartido a El Nuevo Día– fue referido a la División de Cumplimiento Ambiental.

La marcha “Todo Puerto Rico contra Esencia” salió, a las 10:00 a.m., desde la escuela Monserrate León de Irizarry, en Boquerón, y recorrió toda la carretera hasta llegar a la Plaza Mangle Rojo.

Simultáneamente, una lancha recorrió la costa y llegó hasta el Muelle de la Libertad, en representación de los pescadores de la zona.

La protesta fue dedicada al pescador y maestro Jimmy Creitoff, quien rechaza el proyecto y, en abril, sufrió percances de salud presuntamente atribuidos a contaminaciones con las aguas usadas que caen a la bahía del área, por los que fue hospitalizado más de 50 días, en diferentes instituciones del oeste.

Mientras, Ramos García señaló que han documentado cómo, a su entender, han comenzado a trabajar en la zona y que hay personal de seguridad vigilando los terrenos.

“Hay praderas de hierbas marinas que están bien saludables y de las que se alimentan los manatíes y las tortugas marinas”, advirtió sobre áreas que podrían afectarse.

Tras la manifestación, Roberto Ruiz Vargas, desarrollador del proyecto, insistió en que “la construcción no ha comenzado”, y expuso que Esencia “continúa avanzando en estudios, evaluaciones de agencias y aprobaciones”.

Comentó que, en la propiedad, se llevan a cabo labores de limpieza, mantenimiento, seguridad y estudios que, afirmó, han sido autorizadas por el gobierno. “Se han realizado algunas instalaciones temporeras y se han realizado trabajos de estudios de campo, incluidos pozos de prueba”, dijo, en declaraciones escritas, a este medio.

“Estamos desarrollando un terreno privado que previamente fue aprobado para un desarrollo de mayor densidad, y tenemos el derecho de desarrollarlo mientras operamos dentro del marco regulatorio”, añadió.

Dijo, además, que han trabajado, junto al Departamento de Recursos Naturales y Ambientales, “la certificación de franja costera” con algunas “concesiones”. Como parte del proyecto, van a construir “caminos de acceso público formales y facilidades en la playa”, precisó.

Según la ponencia de la arquitecta Natasha Yordán en la vista de OGPe, Esencia prevé hincar pozos para acceder al agua que cubriría la demanda a largo plazo –estimada en 1.2 millones de galones diarios para uso potable y 850,000 galones diarios para los servicios sanitarios–. Del mismo modo, aceptó, en marzo, que no había certeza del volumen que se podría extraer ni en torno a la posibilidad de conectar la infraestructura a los sistemas de distribución de la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados.

Este sábado, Ruíz Vargas argumentó que, desde el inicio del proyecto, han propuesto “sistemas independientes que reutilizarán agua de lluvia y aguas residuales tratadas para usos de irrigación en la propiedad”.

Por otro lado, los activistas denunciaron que el alcalde de Cabo Rojo, Jorge A. Morales Wiscovitch, supuestamente no ha estado disponible para escuchar sus reclamos. El funcionario no respondió llamadas de El Nuevo Día.

“El alcalde nunca nos ha recibido. Se le envió una carta también durante abril para ver si nos recibía, porque él ha recibido a los desarrolladores en varias ocasiones”, planteó la portavoz.