Nota de archivo: este contenido fue publicado hace más de 90 días.

En la mira de Vélez Vargas está la privatización de la recopilación de las estadísticas del gobierno. (Archivo/ GFR Media)
En la mira de Vélez Vargas está la privatización de la recopilación de las estadísticas del gobierno. (Archivo/ GFR Media)

Lejos de eliminar el proyecto de Comunidades Especiales, la legislación aprobada recientemente “fortalece” el programa creado por la exgobernadora Sila Calderón para promover la autogestión y el apoderamiento comunitario como parte de una estrategia para atacar el problema de la pobreza, aseguró su nuevo director ejecutivo, Jesús Vélez Vargas.

Ahora bajo el nombre de la Oficina para el Desarrollo Socioeconómico y Comunitario de Puerto Rico (ODSEC) en vez de la Oficina  para el Financiamiento Socio-económico y la Autogestión, el proyecto incorpora otros jugadores a la lucha por erradicar la pobreza: las organizaciones sin fines de lucro o el llamado Tercer Sector y añade recursos adicionales para completar los proyectos de rehabilitación programados o encaminados a través de diversas comunidades en el País.

Como parte de esta nueva visión, el proyecto de administración convertido en ley por el gobernador Ricardo Rosselló  el pasado 15 de febrero, otorga a la Oficina de Desarrollo Socioeconómico nuevas responsabilidades de fiscalización y de identificación de fondos para nutrir el recién creado Fondo de Reinversión Social.

Armada con esas funciones, la Oficina de Desarrollo Socioeconómico investigará el proceso de  adjudicación de los proyectos comunitarios y la administración del Fideicomiso  Perpetuo para las Comunidades Especiales, que se nutrió de una asignación de $1,000 millones del Banco Gubernamental de Fomento (BGF). Esa erogación de fondos públicos realizada en el 2004, según detractores del programa, contribuyó a desangrar el hoy quebrado  BGF.

Sobre los hombros del nuevo administrador de la Oficina de Desarrollo Socioeconómico recae otra función, que constituye uno de los ejes de la política pública de esta administración: identificar los servicios gubernamentales e instalaciones que podrían delegarse a los municipios y a las organizaciones sin fines de lucro como medida para recortar el gasto en el sector público.

En entrevista con El Nuevo Día, Vélez Vargas, quien ocupó el cargo de subcoordinador general del programa de Comunidades Especiales durante la administración de Luis Fortuño, platicó sobre la transformación del programa, que arrancó bajo la administración de Calderón en el 2001.

Delineó sus objetivos y conversó sobre los planes para ampliar el equipo de trabajo de la agencia.  

“La realidad es que nosotros, lejos de quitarle recursos, se le asignan más recursos que nunca antes. Lejos de retirarle servicios, le están añadiendo responsabilidades adicionales a la oficina, va  a ser una piedra de lanza para lo que va a ser el desarrollo comunitario y es parte de la iniciativa del gobernador para crear una nueva economía”, afirmó Vélez Vargas.

“El proyecto de ley nos impone ampliar el alcance. No simplemente vamos a estar trabajando con las 752 comunidades. Vamos a estartrabajando con todas las comunidades rezagadas, con todas las comunidades que tengan algún tipo de pobreza nosotros vamos a estar trabajando con ellas”, agregó el exaspirante a representante por acumulación por el Partido Nuevo Progresista.

A tono con ese nuevo enfoque, la oficina agrandará su plantilla de trabajo y su presupuesto. También se mudará de su domicilio en Puerto Nuevo a otro lugar más cómodo, que todavía no ha sido seleccionado y asumirá la administración del Fideicomiso.

 Actualmente, la Oficina de Desarrollo Socioeconómico cuenta con 53 empleados, pero Vélez Vargas espera recibir entre 30 y 40 empleados adicionales,  que llegarán del Departamento de Familia y de la Oficina del Comisionado de Asuntos Municipales (OCAM) mediante transferencia o a través de la Ley del Empleador Único.

El presupuesto, que para el año fiscal en curso asciende a  $3.8 millones, también aumentará con partidas de fondos federales recurrentes.

Subvenciones federales del Community Service  Block Grant, Community Development Block Grant, Neighborhood Stabilization Program y el Disaster Recovery, que antes administraba OCAM, ahora pasarán a la tutela de la Oficina para el Desarrollo Socioeconómico. En fondos recurrentes, se trata de unos $51 millones al año, que ofrecerán a la agencia una inyección de dinero para continuar con proyectos de infraestructura o iniciativas de capacitación. 

Otros $27 millones para mejoras en las comunidades llegarían mediante peticiones de fondos.

Vélez Vargas también se propone atender el asunto de las hipotecas morosas de los residentes de las comunidades especiales que no pagan por  la reconstrucción o rehabilitación de su vivienda.

Al momento, el Fideicomiso recibe entre $500,000 y $900,000 por concepto de las hipotecas. 

Según Vélez Vargas, hay 2,070 hipotecas, pero solo el 33% de los residente realiza el debido pago.

“Tenemos que mejorar el cobro de las hipotecas. Ya estamos en conversación con la Autoridad de Financiamiento de la Vivienda para que nos ayude en el proceso”, precisó. 

Además de los fondos gubernamentales y el cobro de las hipotecas, la Oficina para el Desarrollo Socioeconómico procurará fondos del sector privado para nutrir el recién creado Fondo de Reinversión Social.

La Investigación

La lista de prioridades de Vélez Vargas la encabeza realizar una auditoría para determinar el estado de los proyectos de construcción programados o en proceso y del financiamiento de esa obra.

“Parte del problema es que no hay un listado de esos proyectos. Lo que sí podemos dar es que tenemos obligaciones ascendentes a $180 millones que no se han atendido  y solo hay $101 millones en una certificación del Banco Gubernamental de Fomento”, precisó el exdirector ejecutivo de la Comisión de Asuntos de Familia y Comunidades de la Cámara de Representantes, quien dirigió la investigación relacionada con las Comunidades Especiales.

“No se entregó unlistado completo, a nivel general se entregaron varios proyectos. El listado ni es completo, ni fiable la información que tenemos”, añadió.

La auditoría servirá para elaborar la agenda de trabajo de Vélez Vargas, pero también le permitirá determinar si hubo una utilización indebida de fondos públicos.

Por mandato de ley, el funcionario   tiene que entregar en seis meses un informe detallado al gobernador Rosselló y a la Legislatura con hallazgos y recomendaciones.

“Aquí hay un hecho irrefutable y es que administraron mal un Fideicomiso, aquí el hecho irrefutable de que todavía hay contratistas que deben proyectos que se le pagaron todo el proyecto, aquí hay contratistas que cobraron dos veces un proyecto y esas cosas no las vamos a permitir”, apuntaló Vélez Vargas.

También señaló que esa investigación se mantendrá alejada del cariz político partidista de pasadas pesquisas. Ninguno de los casos presentados por alegado mal manejo de fondos relacionados con el programa de Comunidades Especiales, a finales del cuatrienio de Fortuño, prosperó en los tribunales. No pasaron de la etapa de vista preliminar.

La  Oficina del Fiscal Especial Independiente exoneró a la excoordinadora general del programa Linda Colón al concluir que el Departamento de Justicia incluyó “conclusiones incorrectas” en su referido que inducían a error.

Tampoco prosperaron los casos contra  el alcalde de San Lorenzo, José Ramón Román Abreu, el catedrático de la Universidad de Puerto Rico José Molinelli Freytes y Luz Nereida Laboy Santos, exayudante de Colón, entre otros.

“El que obró mal pagará y se le impondrá responsabilidad y sí entiendo que  va a ser un proceso más riguroso y minucioso. Como te dije, aquí la cultura de la impunidad va a acabar”, insistió.

Vélez Vargas tampoco descartó proponer la eliminación del Fideicomiso. “Si se reduce a que se tiene que mantener el Fideicomiso porque es lo mejor para la gente, se va a hacer. Si se entiende que es que se tiene que eliminar el Fideicomiso porque es mejor para el pueblo, se va a hacer”, indicó.

El tercer sector

La nueva política pública apuesta a las organizaciones sin fines de lucro, a que tengan un rol central en la prestación de servicios y a que sean aliadas de las comunidades.

“Lo que estamos planteando con esta ley es desarrollar el tercer sector análogo a lo que ya estamos haciendo con las  comunidades”, apuntó Vélez Vargas.

Ese desarrollo contempla la  privatización de servicios gubernamentales a las organizaciones sin fines de lucro, que podría incluir la administración de escuelas públicas o la recopilación de las estadísticas oficiales.

“No podemos categorizarlas como escuelas chárter, ciertamente nosotros podemos continuar con toda la parte administrativa como  gobierno, pero se le puede delegar la parte educativa... Pueden  haber casos donde se le dé la administración total del servicio de la escuela, tanto lo administrativo como en transportación. Así que tenemos que mirarlo todo. Hay una gama de posibilidades. Va a depender también de la capacidad que tengan las nonprofits”, apuntó.

“Se tiene que trabajar con el Departamento de Educación. Se va a trabajar con nuestra oficina. Nosotros vamos a ser en ese caso facilitadores y abogados de las nonprofits con el mismo gobierno”, abundó.

En la mira de Vélez Vargas está la privatización de la recopilación de las estadísticas del gobierno pese a que esta tarea recae sobre el Instituto de Estadísticas creado por ley en el 2003.  

“Puede ser parte de eso (el Instituto de Estadísticas), de hecho, ya hemos comenzado comunicación con ellos y también  con Estudios Técnicos para nosotros uniformar la estrategia de cómo hacer las cosas”, apuntó el funcionario.

Reparos al  cambio

El funcionario reconoció que la nueva política que impulsa recibió críticas de algunos líderes comunitarios, que miran con sospecha los cambios porque entienden que les roban derecho de representación en la toma de decisiones que afectan sus vecindarios como las expropiaciones.

“Este servidor y el gobernador de Puerto Rico tienen un compromiso con las comunidades. Nuestra posición, incluso en la ley está, es mantener las protecciones que ya tenían las comunidades y de hecho se mantienen en el proyecto. Fue un compromiso de nuestro gobernador y es un compromiso  nuestro de este servicio”, insistió.

“Todas las protecciones que estaban se van a mantener y es nuestro compromiso con nuestras comunidades. Tenemos grandes historias. Sabemos que han chocado los municipios con las comunidades. Es algo que no podemos negar”, agregó.

Pero se mostró confiado que con todas las partes sentadas a la mesa se lograrán los consensos necesarios para adelantar el desarrollo de las comunidades.