Establecer que el asesinato de Alexa fue, en efecto, un crimen de odio no solo visibiliza el discrimen y la marginación de la que son víctimas los miembros de la comunidad LGBTTIQ, sino que, además, permitiría el desarrollo de política pública para trabajar con una población que parecería haber sido olvidada por las instituciones gubernamentales y sectores civiles.