El “influencer” estadounidense Logan Paul criticó a Bad Bunny por sus supuestos actos de “naturaleza hipócrita” al alegar que el artista puertorriqueño se beneficia de los mismos programas de incentivos económicos del gobierno de Puerto Rico que “públicamente condena”.

Sus expresiones surgieron en una entrevista con el comentarista y personalidad de YouTube, Philip DeFranco publicada el miércoles, a la que acudió para reaccionar sobre la forma en que se le presenta en el video-reportaje “El Apagón-Aquí vive gente” del Conejo Malo. La conversación entre ambos se centró en los beneficios contributivos que recibe el también boxeador y luchador del gobierno de Puerto Rico versus las aportaciones que realiza al país, así como la percepción que tienen los boricuas sobre los beneficiarios de estos decretos.

En la entrevista, Paul trajo el tema de Bad Bunny luego que el entrevistador le comentara sobre el trabajo realizado por la periodista Bianca Graulau, quien aparece en el reportaje en profundidad que acompaña el video de la canción “El Apagón” y que lleva por título: “Aquí Vive Gente”.

A continuación, hacemos una verificación de datos sobre varias expresiones realizadas por Logan Paul en la entrevista:

1. Afirmación de Logan Paul: “Yo amo a Bad Bunny, es un artista increíble, un talento generacional, pero sí encuentro hipócrita que Bad Bunny, un puertorriqueño, viviendo en Puerto Rico, privadamente se beneficia de los mismos programas de incentivos que públicamente condena”.

Veredicto: Media verdad

Benito Antonio Martínez Ocasio, nombre real de Bad Bunny, sí se beneficia de incentivos contributivos del gobierno de Puerto Rico, pero no de la antigua Ley 22 de la que se beneficia Logan Paul.

En el video musical de “El Apagón-Aquí vive gente”, la crítica va dirigida a los beneficios que otorga la conocida Ley 22 para Incentivar el Traslado de Individuos Inversionistas a Puerto Rico y no a todos los programas de incentivos que ofrece el Departamento de Desarrollo Económico y Comercio (DDCE).

Los beneficios de la Ley 22 se encuentran, desde el 2019, bajo la Ley 60 del Código de Incentivos de Puerto Rico, y se establecen bajo el decreto a Individuos Residentes Inversionistas.

Este decreto solo aplica a aquellas personas que no residieron en Puerto Rico entre enero de 2006 y enero de 2012, especificó el director de la Oficina de Incentivos para Puerto Rico del DDEC, Carlos Fontán.

Entre sus beneficios está que los intereses y dividendos de los individuos residentes inversionistas están exentos de contribuciones. Además, tampoco tiene que pagar contribuciones sobre la ganancia capital proveniente de valores.

Entre los mitos existentes sobre este decreto, Fontán destacó que la compra y reventa de una residencia no aplica para la exención de contribuciones. Además, los puertorriqueños sí cualifican para este decreto, siempre que hayan residido fuera del país en el periodo estipulado.

“Hay puertorriqueños que han regresado por esos incentivos. Son los menos, pero han regresado”, aseguró el funcionario.

Estos beneficios vencerán el 31 de diciembre de 2035.

“Bad Bunny no tiene Ley 22 de individuos residentes inversionistas, eso yo te lo puedo asegurar”, puntualizó Fontán.

Por su parte, Logan Paul sí es uno de los beneficiarios de este incentivo desde el 22 de noviembre del año pasado, según un listado provisto por el DDEC de todas las personas a las que les han aprobado el decreto. De hecho, en el video asegura que lleva viviendo en Puerto Rico un año y medio.

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2. Afirmación de Logan Paul: “Su act (decreto de Bad Bunny) es (con) 200 Carritos y también su manejador (se beneficia de los programas de incentivos)”.

Veredicto: Cierto

Según el Registro de Corporaciones y Entidades del Departamento de Estado, el nombre de Benito A. Martínez Ocasio aparece como una de las personas autorizadas de la entidad 200 Carritos LLC.

Esta compañía, con fines de lucro, aparece en el listado de las entidades a las que le han acreditado el beneficio de la antigua Ley 20, según un listado provisto por el DDEC.

Los beneficios de la antigua Ley 20 también se encuentran, desde el 2019, bajo el Código de Incentivos de Puerto Rico. Este decreto está dirigido a la exportación de bienes y servicios.

Anteriormente, solo aplicaba a entidades; sin embargo, Fontán explicó que, bajo la Ley 60, permite que un individuo pueda solicitarla.

Este decreto ofrece una tasa contributiva de 4%. Sin el beneficio, la tasa contributiva en Puerto Rico para estas entidades oscila entre el 18.5% hasta casi el 40%.

Asimismo, los beneficiarios están exentos de un 50% del pago de patentes en los municipios y de un 75% del pago de la propiedad inmueble al Centro de Recaudaciones de Impuestos Municipales (CRIM) en el lugar que lleva a cabo la actividad.

A diferencia de la Ley 22, los individuos o entidades que exporten bienes o servicios se podrán beneficiar de este decreto hasta por un máximo de 30 años desde que se le concede y no tiene, hasta ahora, una fecha de vencimiento. Otro atractivo de este decreto es que los dividendos que la entidad emita a sus dueños están exentos de pagos en Puerto Rico.

“El dueño de esa entidad no pagará contribuciones sobre esos dividendos que reciba por los próximos 30 años”, apuntó Fontán.

El funcionario destacó que el 40% de los beneficiarios de este decreto son entidades puertorriqueñas.

Por otro lado, en mayo de 2018, el entonces director de la Compañía de Comercio y Exportación, Ricardo Llerandi, le confirió a 200 Carritos LLC, una certificación del Programa Puerto Rico Emprende. En esa ocasión, Llerandi y Bad Bunny aparecieron en una foto posando con el documento.

Entre otras cosas, este beneficio concedido bajo la Ley 135 de Incentivos y Financiamiento para Jóvenes Empresarios otorga una exención, a personas de entre 16 a 35 años, de contribución sobre ingresos anual de hasta $500,000; una reducción de 50% en patente municipal y la contribución sobre la propiedad mueble, así como proceso expedito para la concesión de permisos y certificaciones del gobierno por un periodo de tres años.

Bad Bunny comenzó a beneficiarse de esta exención a sus 24 años con la presentación que realizó en mayo de 2018 en el Centro de Convenciones, llamado “Trap Kingz”, su primer gran concierto en el país y al que acudieron más de 20,000 personas.

El nombre de Benito A. Martínez Ocasio también aparece como presidente de la entidad con fines de lucro Formula 0 LLC, inscrita en el Departamento de Estado el 2 de octubre de 2020.

No obstante, esta compañía no aparece en el listado de beneficiarios de la Ley 20 suministrada por el DDEC.

Por el contrario, Rimas Entertainment LLC, del manejador de Bad Bunny, Noah Assad Byrne, se encuentran en el listado de beneficiarios de la Ley 20 del DDEC desde el 27 de mayo de 2019.

Esta compañía, según el Registro de Corporaciones y Entidades, se incorporó en el Departamento de Estado el 27 de marzo de 2014. En un certificado sometido al gobierno del 3 de diciembre de 2019, Assad Byrne firmó como el presidente de Rimas Entertainment.

En una demanda reciente radicada contra Assad Byrne por su expareja Gretchen Hernández Rivera, esta sostiene que juntos, además de Rimas Entertainment, crearon varias corporaciones como: Rimas Classics LLC; Noah Assad LLC; CT Corporation Systems; Habibi Management, Inc.; GMESPR LLC; Noah Assad Presenta, Inc.; Skyline, Inc.; NAB Development Corp.; y Brummana LLC.

Esta última entidad también aparece como beneficiaria de la Ley 20 desde el 7 de julio de 2020, según el listado del DDEC. No obstante, esta vez, el nombre del manejador no aparece en los documentos de la compañía en el Departamento de Estado.

De acuerdo a los documentos judiciales del pleito, las empresas vinculadas a Assad Byrne y Hernández Rivera —así como el valor de los muebles e inmuebles de la pareja— se estiman en un valor en exceso de $1,000 millones.

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3. Afirmación de Logan Paul: “Las leyes 20/22 tienen 3,000 personas en la isla. Si asumes que, por lo menos, cada uno de ellos hace $1 millón, y muchos hacen mucho más que eso, esos son $3,000 millones. El 4% de impuestos sobre eso son $120 millones”.

Veredicto: Induce a error

En total, 7,880 personas y entidades son beneficiarias de los decretos de las antiguas leyes 20 y 22, según los listados provistos por el DDEC.

Por otro lado, las antiguas leyes 20 y 22, beneficios ahora contenidos en el Código de Incentivos de Puerto Rico, ofrecen exenciones e incentivos diferentes.

La tasa contributiva del 4% solo aplica a las entidades e individuos que exportan bienes y servicios (antigua Ley 20).

Mientras, las personas beneficiarias de la antigua Ley 22 solo pueden eximir de contribuciones algunas ganancias, como intereses y dividendos.

“No es correcto decir que los de la Ley 22 no pagan contribuciones. Solo están exentos a ingresos provenientes de dividendos, intereses y, algunas veces, ingresos provenientes del capital. Sobre todos los otros ingresos, tributan, como sus salarios o venta de casas”, detalló Fontán.

Por lo tanto, el estimado que hace Logan Paul sobre los $120 millones por la tasa contributiva del 4% a sobre 3,000 personas beneficiarias de las leyes 20 y 22 no es certero.

Un estudio del DDEC sobre las contribuciones sobre ingreso de estos beneficiarios arrojó que pagaron $90 millones en dos años. El tiempo analizado cubrió el 2017 y 2018.