Genera PR recurrió al Tribunal de Apelaciones para exigir que valide las enmiendas negociadas a su contrato de operación y mantenimiento que le darían derecho a un pago adelantado de $110 millones, bajo la premisa de que el Negociado de Energía de Puerto Rico (NEPR) incumplió con su deber de emitir una determinación final en un período de 30 días e impuso exigencias que excedieron sus facultades administrativas.

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De concederse el remedio solicitado por el administrador de la flota generatriz en su recurso de revisión, la única autorización pendiente a las enmiendas contractuales sería la correspondiente a la Junta de Supervisión Fiscal (JSF), organismo que no se ha expresado formalmente sobre las modificaciones, que eliminarían el esquema de incentivos contenido en la versión todavía vigente del acuerdo de operación y mantenimiento firmado por Genera PR en 2023.

En su recurso legal, Genera PR argumentó que el NEPR impidió injustificadamente el acceso al expediente administrativo donde evaluaba las enmiendas, a las que el regulador concedió –a finales de febrero– una aprobación preliminar, aunque luego exigió, a la luz de la precaria situación financiera de la matriz de la empresa, mayores garantías de cumplimiento.

“Las actuaciones del Negociado son contrarias al derecho administrativo, al excluir a Genera de procesos decisivos sobre su contrato, negarle acceso a documentos críticos y permitir que terceros tuvieran acceso antes que la propia parte interesada”, señaló Genera PR en el recurso, sometido el 2 de junio al Apelativo.

El presidente del NEPR, Edison Avilés, confirmó este jueves a El Nuevo Día que el organismo fue notificado del recurso y está en proceso de preparar la respuesta.

De acuerdo con Genera PR, el NEPR, conforme a la política pública energética, tenía 30 días, a partir del recibo de la versión final de las enmiendas, para darlas por aprobadas, rechazarlas o concluir que requería más tiempo para evaluarlas, determinación que, a juicio de la empresa, no se materializó. Bajo esa interpretación, el Apelativo debería “declarar que la certificación de cumplimiento con respecto a la enmienda al GOMA (acuerdo de operación y mantenimiento de generación) ya ha sido concedida automáticamente por operación de ley”, lee parte del escrito.

Las enmiendas al contrato fueron autorizadas por las juntas directivas de la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE) y la Autoridad para las Alianzas Público Privadas (AAPP) el 25 y 26 de marzo, respectivamente, tras lo cual fueron sometidas formalmente al NEPR el 31 de ese mes. Días después, el 7 de abril, el NEPR condicionó su aval a la incorporación de una fianza de cumplimiento, mediante una resolución que, según Genera PR, no advino en conocimiento hasta el 21 de abril por medio de la AAPP, debido a que, supuestamente, el regulador le limitó el acceso al expediente.

Una resolución confidencial del NEPR, con fecha del 28 de abril, a la que El Nuevo Día tuvo acceso, consignó que las preocupaciones del organismo se concentran en la posibilidad de un escenario de insolvencia de New Fortress Energy, la empresa matriz de Genera PR.

Según Genera PR, el NEPR –que en 2023 validó el cumplimiento del contrato original de privatización– no cuenta con un reglamento que establezca sus parámetros de intervención en los acuerdos que suscribe la AEE ni cuenta con autorización para exigir fianzas.

“Nosotros estamos apoyando las enmiendas que aprobamos en la Junta (de Directores de la) AAPP y la Junta de Directores de la AEE. Ese requisito adicional es uno que trae a la mesa el NEPR y ellos tienen jurisdicción para hacerlo. Una vez el tribunal determine, nosotros atenderemos también unas resoluciones y órdenes que ha emitido el NEPR con relación a ese contrato para atenderlas y poder llevarlas nuevamente ante la atención del NEPR una vez culmine esta disputa legal”, señaló, por su parte, el zar de Energía y jefe de la AAPP, Josué Colón.

Bajo las enmiendas acordadas, se disolvería el esquema de incentivos contractuales a los que, al presente, Genera PR tiene derecho, que le permiten devengar hasta $100 millones anuales en bonificaciones por desempeño. A cambio, la AEE desembolsaría –mediante recaudos cobrados a los abonados– $110 millones en 11 pagos mensuales de $10 millones.

De acuerdo con el gobierno, la transacción representaría ahorros potenciales de más de $800 millones a lo largo de los siguientes nueve años, si bien Genera PR no ha justificado –a juicio del NEPR– un solo centavo en bonificaciones correspondientes al 2023-2024, su primer año como operador.

Un informe comisionado a FTI Consulting, que no ha sido divulgado públicamente, estimó los ahorros entre $322 millones y $644 millones durante la vida del contrato de Genera PR.