Aunque afirmó que acatará el mandato del Negociado de Energía de Puerto Rico (NEPR) que impide –de momento– la conversión al uso de gas natural en múltiples unidades generatrices, Genera PR fustigó la determinación del regulador, al argumentar que contraviene tanto la política pública federal como estatal que promueve los cambios de combustible.

Mediante una moción en la que, incluso, se refirió al espaldarazo que la gobernadora Jenniffer González ofreció a las gasificaciones en su reciente Mensaje de Situación de Estado, Genera PR subrayó que no existen motivos para que el NEPR le imponga una penalidad por haber informado –el 28 de mayo– su intención de comenzar las conversiones en varias plantas de las estaciones generatrices de Cambalache (Arecibo) y Mayagüez, toda vez que no llegó a tomar acción o invertir recursos en esa dirección.

La Ley 57-2014, señaló Genera PR, “no le permite al NEPR imponer multas administrativas por intentos de violar la ley o una orden, malinterpretar una orden federal o intentar eludir requerimientos regulatorios –todas las cuales (la compañía) niega haber cometido–, sino por violaciones, en efecto, cometidas. Por tanto, no amerita legalmente ninguna multa o sanción”.

Genera PR también subrayó que, en su moción del 28 de mayo, había precisado que esperaría 10 días a que el NEPR emitiera un dictamen previo a proceder con trabajos de gasificación.

Como parte de su escrito ante la orden de “mostrar causa” que el NEPR había impuesto el 30 de mayo, Genera PR incluyó una petición de reconsideración a la postura del organismo de que la orden de emergencia que el Departamento de Energía federal (DOE, en inglés) emitió el 16 del pasado mes no abre la puerta a gasificar unidades de generación existentes.

“Genera quisiera aclarar que respetuosamente difiere de la interpretación de ocupación que el NEPR hace sobre la orden del DOE. Aunque el NEPR correctamente afirma que no hay una ocupación expresa por el Congreso, cuando una regulación estatal pudiera producir un resultado incompatible los objetivos del gobierno federal, aplica la doctrina de campo ocupado. Esto tiene los objetivos de evitar conflictos regulatorios entre los gobiernos estatal y federal y promover la uniformidad”, abundó el operador de la flota generatriz en la moción que presentó el lunes.

Si bien para Genera PR la orden del DOE daba paso a gasificaciones, el NEPR concluyó, en su determinación del 30 de mayo, que tenía el efecto contrario, toda vez que los trabajos de conversión implicarían suspender temporalmente las operaciones de las unidades. En su texto, la Orden 202-25-1 del secretario del DOE, Chris Wright, se limita a indicar que la Autoridad de Energía Eléctrica o sus agentes deberán “despachar unidades de los recursos especificados según sea necesario para mantener la confiabilidad de la red”.

La orden federal se extiende del 16 de mayo al 14 de agosto, aunque el gobierno puertorriqueño puede solicitar su extensión.

Genera PR puntualizó el lunes que, en su mensaje en el hemiciclo cameral el 29 de mayo, González aludió a las gasificaciones como uno de los componentes claves de su política energética, y que las autorizaciones para las modificaciones de combustible en unidades en Cambalache, Mayagüez y la central Palo Seco (Toa Baja) debían completarse a mediados de junio.

“En otras palabras, en su orden del 30 de mayo, en lugar de intentar ser consistente y permitir a Genera cumplir con órdenes federales; adherirse a la política pública relacionada al estado de emergencia concerniente al estado del sistema eléctrico de Puerto Rico declarado por la gobernadora en su orden ejecutiva; o incluso tratar de cumplir el cronograma esperado para la conversión a gas natural expuesto por la gobernadora en su Mensaje de Situación de Estado, el NEPR continuó impidiendo la conversión a gas natural”, censuró el operador privado.

A la luz de la orden del DOE, Genera PR aspiraba a gasificar cuatro unidades de la estación de Mayagüez y otras tres de Cambalache, con una capacidad combinada de 460 megavatios (MW). La empresa ya mantenía otra disputa con el NEPR por tres unidades de emergencia de Palo Seco, que producen unos 80 MW adicionales.