La gobernadora Jenniffer González impartió un veto de bolsillo a una medida aprobada por unanimidad en la Asamblea Legislativa que habría prohibido el encarcelamiento por más del término constitucional de seis meses para juicio rápido de imputados cuya capacidad mental para enfrentar el proceso está bajo evaluación, una situación que afecta, en este momento, a cerca de 200 personas.

El Proyecto del Senado 655, de la autoría de los senadores independentistas María de Lourdes Santiago y Adrián González, fue enviado a La Fortaleza tras su aprobación, sin enmiendas, en la Cámara de Representantes el 24 de junio. Previamente había sido aprobado por el Senado.

La gobernadora González nunca lo firmó y el 1 de agosto fue objeto del veto de bolsillo, que ocurre cuando el gobernante no firma una medida aprobada por la Asamblea Legislativa en los 30 días dispuestos para ello, indicó Marieli Padró, portavoz de La Fortaleza.

Al ser un veto de bolsillo, y la Legislatura no estar en sesión, no está disponible la opción de ir sobre el veto de la gobernadora, para lo cual, juzgando por el hecho de que el proyecto fue aprobado por unanimidad, habría votos suficientes. La gobernadora no ha explicado por qué vetó la medida, que trata un tema que es objeto de discusión legislativa desde el cuatrienio pasado. El miércoles, González tuvo una comparecencia pública, pero solo para preguntas relacionadas al comienzo de las clases en las escuelas públicas.

“El hecho de que la gobernadora no convierte en ley este proyecto es muestra del desdén que tiene hacia las causas más nobles de este país. La gobernadora literalmente le ha cerrado la puerta a personas que están recluidas en instituciones penales y que ni siquiera entienden el proceso judicial en su contra. El hecho de que esta medida no se convierta en ley significa que pudieran pasar años encarcelados “, dijo el senador González, del Partido Independentista Puertorriqueño (PIP).

La medida intentaba resolver un problema causado por una determinación de 2010 del Tribunal Supremo de Puerto Rico. Ese año, la corte decidió que, cuando un imputado de delito es sometido a evaluaciones para determinar su capacidad mental para enfrentar juicio, a la luz de la Regla 240 de Procedimiento Criminal, se interrumpe el término constitucional de seis meses para juicio rápido.

Pero en vista que el Estado ha carecido por años de la capacidad para realizar dichas evaluaciones en tiempo razonable, el resultado ha sido el de incontables pacientes mentales confinados, a veces por años, sin ningún veredicto en su contra. La Sociedad de Asistencia Legal (SAL), que representa a casi la totalidad de los pacientes mentales encarcelados, estima que en este momento hay alrededor de 200 imputados esperando su evaluación.

“Es una población significativa. Cada día vemos cómo más personas con problemas de salud mental terminan en procesos criminales. No es poca cosa. No es una cuestión aislada. Es algo que vemos a diario en los tribunales”, comentó la directora de SAL, Alejandra Belmar Jiménez.

El cuatrienio pasado, la Asamblea Legislativa intentó ya atender este problema, con una medida, en aquella ocasión, por la senadora Santiago y Thomas Rivera Schatz, del Partido Nuevo Progresista (PNP), hoy presidente del Senado. Con la Legislatura dominada por el Partido Popular Democrático (PPD), la medida no pasó de vistas públicas.

Belmar Jiménez considera que el problema es la lentitud en las evaluaciones. Se dan, dijo, por un perito contratado por la Oficina de la Administración de Tribunales (OAT), una vez al mes, que, con suspensiones y otros contratiempos, retrasa los procedimientos. En su experiencia, agregó Belmar Jiménez, determinar definitivamente la procesabilidad de un imputado suele tardar cerca de un año, el doble del término máximo de seis meses que la Constitución de Puerto Rico establece que es el máximo que un imputado puede estar preso sin juicio.

Una persona cuya capacidad para enfrentar juicio cumple seis meses preso sin juicio, la corte está obligada a liberarlo bajo el recurso conocido como habeas corpus. En el caso de los pacientes bajo evaluación, ese derecho constitucional no está disponible.

El caso más notorio es el de José Luis Jorge Moreau, un paciente mental de Ponce que, tras ser imputado en 2016 de maltratar a sus padres, pasó 688 días preso, sin veredicto en su contra y sin atenciones médicas. “Lamentamos que la gobernadora haya ignorado esta iniciativa legislativa. Eso hubiese resuelto una gran injusticia que se comete contra ese sector”, sostuvo Belmar Jiménez.

Un reo atravesando actualmente esta situación es Jonathan López Jiménez, de Caguas. El joven de 24 años, con diagnóstico de esquizofrenia, fue acusado el 2 de diciembre del año pasado por presuntamente romper a pedradas varias ventanas de cristal de una casa vecina, frente a la cual, además, según la acusación se masturbó.

Sus abogados de SAL pidieron que se evalúe su capacidad para enfrentar juicio. Todavía ese proceso no ha concluido y López Jiménez, quien también padece de graves condiciones de salud física, sigue preso, ocho meses y medio después de haber sido encarcelado.

“Están demonizando a pacientes mentales porque no tienen dónde ponerlos”, dijo a El Nuevo Día Johanna Jiménez, la madre de López Jiménez, quien guardaba grandes esperanzas de que la medida supusiera la liberación de su hijo, a quien quiere de vuelta en su casa.

“Mi expectativa es tener a Jonathan de vuelta conmigo, en salud, tranquilo, con mi mamá, cuyo sueño es volver con su nieto”, agregó la mujer, quien cuida a su anciana madre.