El director ejecutivo de la Autoridad para las Alianzas Público Privadas (AAPP), Josué Colón, remitió este martes a LUMA Energy una comunicación en la que inició el proceso de “resolución de disputas” bajo seis supuestas violaciones a sus obligaciones como administrador de transmisión y distribución eléctrica, lo que supone el primer paso para la cancelación del contrato por causa de incumplimiento del consorcio.

Según Colón, también zar de Energía, LUMA ha incumplido con sus responsabilidades en áreas que incluyen los niveles de interrupciones de servicio, el manejo de fondos federales para proyectos de reconstrucción y garantizar los ingresos suficientes para la operación sostenible del sistema eléctrico. Asimismo, afirmó que el consorcio ha fallado en sus obligaciones asociadas al mantenimiento de la vegetación y los sistemas de protección de líneas de transmisión –a los que atribuyó los apagones masivos de los pasados años–, en remitir la información necesaria para completar las auditorías financieras de la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE) y en realizar los cobros asociados a los equipos que empresas de telecomunicaciones adhieren a los postes eléctricos.

“La letanía de incumplimientos aludidos –lapsos en financiamiento federal, apagones que colocan en riesgo la red, riesgos de vegetación, sobregiros presupuestarios y auditorías estancadas– han llevado la paciencia de Puerto Rico a un punto de quiebre. La AAPP, por lo tanto, invoca por este medio el mecanismo de resolución de disputas del Artículo (15) y notifica formalmente a LUMA: el gobierno de Puerto Rico no subsidiará más la incompetencia o la resistencia. Los puertorriqueños merecen un operador de la red que mantenga las luces encendidas, respete los fondos públicos y obedezca los términos y condiciones del contrato que suscribió”, afirmó Colón en una misiva de 81 páginas, dirigida al presidente de LUMA, Juan Saca.

LUMA, que el lunes sometió al Negociado de Energía de Puerto Rico (NEPR) el informe operacional del último trimestre del año fiscal 2024-2025 –período que cerró con un incremento de un 12% en la duración de las interrupciones del servicio eléctrico–, dio la “bienvenida” al trámite de resolución de disputas, al sostener que “las herramientas contenidas en el contrato están diseñadas para resolver este tipo de controversias en favor de nuestros 1.5 millones de clientes”.

“A pesar de la retención de fondos por parte de la AEE que afecta nuestra operación y pone en riesgo la seguridad del sistema, seguimos enfocados en superar los retos históricos de la red eléctrica. Y esto no nos detiene. Al contrario, refuerza nuestro compromiso con un mejor futuro energético”, abundó el consorcio, por escrito, en alusión a las pugnas sobre el manejo presupuestario en el que las partes se han apuntado mutuamente.

La cancelación del contrato de LUMA –una promesa de campaña de la gobernadora Jenniffer González–, sin embargo, está sujeta, en la mayoría de los escenarios, al visto bueno de la Junta de Supervisión Fiscal y el NEPR. Las excepciones a ese procedimiento incluyen una declaración de bancarrota de LUMA o sus matrices y violaciones al Código Anticorrupción.

En la comunicación de Colón, se hizo referencia a decenas de notificaciones de los pasados años en las que el propio director ejecutivo de la AAPP o la AEE señalaron supuestas deficiencias en el manejo operacional o financiero del sistema eléctrico.

“Si LUMA falla en corregir cada violación durante el proceso del Artículo 15, la AAPP está lista para ejercer el último remedio –la terminación temprana del contrato. Ante un evento de incumplimiento del operador, incluyendo un mal desempeño crónico y otras violaciones materiales aquí detalladas, la AAPP tiene la facultad, bajo la sección 14.2, de declarar a LUMA en incumplimiento, rescindir el OMA (Acuerdo de Operación y Mantenimiento) y recuperar todos los daños mientras orquesta una transición ordenada y financiada por LUMA a un operador sucesor cualificado. La AAPP no titubeará en perseguir ese remedio, junto a todas las medidas de transición y recuperación pertinentes, para proteger el interés público y restaurar la rendición de cuentas al sistema energético”, subrayó Colón.

El Artículo 15 del OMA dispone que las “disputas técnicas” –como las que Colón está imputando a LUMA– están sujetas a un período de negociación entre las partes sujetas al contrato que, de no resolverse en 30 días, se someten a un “experto técnico”, en referencia a una persona o grupo de personas que emitirán, dentro de 60 a 120 días, una determinación que se considerará final y firme.

La comunicación del zar de Energía coincidió, a su vez, con la divulgación de las métricas de desempeño del sistema eléctrico para el período fiscal 2024-2025, cuando los 1.5 millones de clientes sufrieron, en promedio, 1,602 minutos de interrupciones de servicio (SAIDI, en inglés), o el equivalente a 26 horas y 42 minutos. La cifra superó la marca histórica de 1,564 minutos (26 horas y cuatro minutos) que se había registrado en el año fiscal 2021-2022, el primero de LUMA como operador de la red.

En el 2023-2024, el SAIDI había sido de 1,432 minutos (23 horas y 52 minutos).

En el año fiscal que concluyó el 30 de junio, el promedio de frecuencia de interrupciones por abonado también aumentó respecto al 2023-2024, de 7.92 a 8, de acuerdo con los datos de LUMA, que no consideran apagones causados por deficiencias de generación eléctrica.

LUMA, en un comunicado de prensa emitido temprano este martes, responsabilizó al presunto incumplimiento de la AEE en la transferencia mensual de fondos operacionales por el incremento interanual de 12% en el SAIDI, señalando que, desde enero, una cuarta parte de la fuerza laboral designada a labores de mantenimiento fue reasignada a proyectos financiados por el gobierno federal, trabajos que, según el consorcio, “no tienen un impacto directo en la confiabilidad inmediata del sistema eléctrico”.

Según LUMA, el déficit entre los fondos asignados por la AEE y el balance que deben mantener sus cuentas ha fluctuado entre los $190 millones y los $350 millones.

“Lo hemos dicho en múltiples ocasiones: ningún sistema eléctrico puede operar con eficiencia ni avanzar sin inversiones constantes en infraestructura crítica. Exhortamos a la AEE y a las entidades correspondientes a actuar de inmediato y asignar los fondos necesarios para mejorar el servicio que nuestro pueblo se merece”, afirmó Saca, por escrito.