En un informe en que analizó las causas que llevaron a la insolvencia del Sistema de Retiro de la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE), la Junta de Supervisión Fiscal (JSF) recalcó que el Negociado de Energía de Puerto Rico (NEPR) deberá convertir el actual cargo tarifario provisional para el pago de pensiones en un componente permanente de la factura que se cobre de forma uniforme a la totalidad de los abonados.

Desde agosto, la factura incluye un cargo de 1.92 centavos por kilovatio hora (kWh), es decir, que el monto depende del consumo mensual de cada cliente. Bajo el modelo que la JSF dispuso, y que el NEPR no ha podido adoptar debido al reto que, según LUMA Energy, representa ajustar el sistema de facturación, todos los consumidores pagarían un monto fijo mes tras mes.

“LUMA deberá convertir la tarifa de aproximadamente 1.92 centavos por kWh en un cargo fijo por cliente lo antes posible”, acentúa el informe, divulgado el 2 de octubre.

El documento de 37 páginas reconoce, por otra parte, que la transferencia de las operaciones del sistema eléctrico a LUMA y Genera PR, entre 2020 y 2023, supuso la estocada final a la viabilidad del modelo de beneficios definidos bajo el que operó el Sistema de Retiro de la AEE, instaurado por convenio colectivo en 1942, solo un año después de la creación de la entonces Autoridad de Recursos Hidráulicos.

Ambos contratos de privatización, indica el informe, “redujeron aún más el estado financiado y la liquidez del Sistema (de Retiro) debido a una merma en las aportaciones corrientes de los empleados de la AEE y a transferencias de empleados a otras entidades gubernamentales que causaron que los empleados retiraran sus beneficios acumulados por concepto de aportaciones en una proporción mayor a la observada históricamente, así como a los aumentos asociados en solicitudes de desembolsos”.

A partir de la cesión de los activos a manos privadas, el volumen de empleados de la AEE se redujo de aproximadamente 6,000 a 259, lo que eliminó el grueso de las aportaciones nuevas al pote de pensiones, exacerbando el efecto de los incumplimientos que, desde 2014, se venían registrando en las contribuciones patronales.

El reporte de la JSF sostiene que, aunque la AEE cumplió hasta 2014 con las aportaciones que los informes actuariales requerían, las proyecciones pecaban de ser “poco realistas y demasiado optimistas sobre la rentabilidad de los activos y las tasas de descuento”.

“Las aportaciones inconsistentes, combinadas con un mayor pasivo derivado de la adopción de suposiciones actuariales más realistas en 2010 y 2017, dieron lugar a un descenso continuado del estado financiado del Sistema”, abunda, al destacar que el nivel de financiamiento futuro sobre el 60% que se observaba en 2007 se había reducido a un 40% en 2014 y siguió en picada hasta la insolvencia de 2023.

“En 2017, el pasivo actuarial (costos futuros sin fuente de pago) aumentó un 30%, debido en gran medida a la actualización de las suposiciones para adaptarlas mejor a la experiencia”, detalla el informe.

Junto a los cerca de 250 empleados activos de la AEE que siguen aportando, hay otros 2,500 que se transfirieron a otras dependencias gubernamentales que hacen lo propio, frente a unos 12,500 beneficiarios, cifra que incluye tanto a jubilados de la corporación pública como cónyuges.

Si bien la JSF sostuvo que, en términos generales, el Sistema de Retiro era administrado conforme a las guías del Consejo Coordinador de Pensiones Públicas, esbozó como un elemento negativo que la composición de su Junta de Síndicos concedía un nivel de “influencia” sustancial a la Unión de Trabajadores de la Industria Eléctrica y Riego (Utier), el principal sindicato de la AEE.

“Con frecuencia, los miembros de la Utier han ocupado cargos en la Junta de Síndicos, incluso el liderazgo de la Utier suele desempeñar funciones ejecutivas, lo que le otorga a la Utier una influencia significativa tanto en la administración de los beneficios del Sistema como en la administración financiera de sus activos y su posición de liquidez”, señala el reporte.

La Junta de Síndicos del Sistema de Retiro se compone de ocho miembros: el director ejecutivo de la AEE, tres integrantes designados por la Junta de Gobierno de la corporación pública, otros tres elegidos por empleados activos y un representante de los retirados.

A partir de 2023, el Sistema de Retiro ha funcionado, esencialmente, bajo un modelo de “Pay-as-you-go”; primero, mediante préstamos del gobierno central y, desde agosto, a través de los recaudos del cargo tarifario provisional. Aunque la JSF insistió en que se trata del mecanismo óptimo a futuro –y lo ha incluido tanto en el Plan Fiscal como en el Plan de Ajuste de deuda propuesto–, reconoció que podría redundar en costos mayores a largo plazo.

“En general, puede que los costos sean más elevados usando un modelo de PayGo que usando un modelo de prefinanciamiento, bajo el cual el valor de los activos financiados aumenta y se acumulan ganancias de inversión. Sin embargo, el costo de llevar el Sistema de Retiro de la AEE de vuelta a estar plenamente financiado será significativamente más alto en los primeros 20 años que bajo un modelo PayGo, pues las (contribuciones patronales) deberán cubrir los presentes pagos de beneficios y financiar inversiones para uso futuro”, apunta el informe.