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Manuel "Manny" Ortiz. (Archivo)
Manuel "Manny" Ortiz. (Archivo)

Washington - La Oficina del Contralor de Maryland examina si el presidente de la empresa VantageKnight, Manuel “Manny” Ortiz, ha cumplido con sus obligaciones contributivas en ese estado.

La pesquisa comenzó luego que el representante novoprogresista José Enrique “Quiquito” Meléndez pidió que se investigue si el excabildero del gobierno utiliza los beneficios tributarios que recibe en Puerto Rico para evadir responsabilidades en EE.UU.

En una carta del 19 de agosto, la gerente de la sección de cumplimiento de la Contraloría, Barbara Esker, notificó a Meléndez que examinarán “este asunto para determinar si Ortiz cumple con los requisitos de su declaración de impuestos con el estado de Maryland”.

Debido a las normas de intimidad, Esker advirtió al legislador del Partido Nuevo Progresista (PNP) que no podrá divulgar los resultados de la evaluación que se haga.

Meléndez solicitó el mes pasado al gobierno de Puerto Rico que investigue si Ortiz ha incumplido con los requisitos de la Ley 20 de 2012, que permite a una empresa tributar a solo 4% por trabajos realizados e ingresos obtenidos en la isla.

Además, solicitó al Servicio federal de Rentas Internas (IRS) y al estado de Maryland que indaguen, a su vez, si Ortiz ha evadido impuestos en EE.UU.

La primera contestación que Meléndez recibió fue de la Oficina del Contralor de Maryland, que maneja los asuntos tributarios de ese estado, aunque públicamente el secretario de Desarrollo Económico y Comercio y director ejecutivo de la Compañía de Fomento Industrial (Pridco) en la isla, Manuel Laboy, ha dicho que investigará si VantageKnight, que fue su contratista, acata las normas referentes a la Ley 20.

“No tenemos ninguna información de qué ha ocurrido con esa investigación en Puerto Rico. Corresponde la cancelación del decreto contributivo”, indicó Meléndez, al dar a conocer la carta de la Contraloría de Maryland.

El representante dijo que aún espera respuesta oficial del IRS, de Pridco y el Departamento de Hacienda de Puerto Rico. “Hay una investigación abierta en Maryland. Lo apropiado es que aquí se acaben de hacer las investigaciones. Esa gente (en Maryland) van a pedir evidencias”, agregó.

Ortiz, cercano a la familia Rosselló y con amplia trayectoria en Washington D.C. como consultor demócrata, fue cabildero del gobierno de Ricardo Rosselló Nevares hasta junio, a través de Pridco.

Con esa entidad pública, tuvo contratos que sumaron $1.6 millones desde principios de 2017 a junio pasado.

Además del trabajo a nombre de Pridco, Ortiz reportó el pasado año fiscal al Congreso ingresos y gastos valorados en cerca de $2 millones por gestiones de cabildeo para empresas privadas y la petrolera CITGO, subsidiaria de la empresa estatal venezolana Petróleos de Venezuela (PDVSA).

Ni el cabildeo a nombre de Pridco o de los clientes privados en Washington cuentan para los beneficios de la Ley 20.

De acuerdo al estatuto, VantageKnight solo puede haber atribuido a sus beneficios tributarios en Puerto Rico el trabajo que haya llevado a cabo en la isla.

La empresa VantageKnight, con oficina principal en Washington D.C., registró una subsidiaria en Puerto Rico que tiene como dirección una propiedad de Ortiz en Dorado.

Ortiz, cuya familia reside en Maryland, dijo hace unos meses que se había domiciliado en Puerto Rico para adquirir los beneficios de la Ley 20.

Según el secretario Laboy, VantageKnight obtuvo en febrero de 2018 un decreto contributivo bajo la Ley 20 para exportar servicios de consultoría.

En una declaración del 13 de agosto, cuando Meléndez hizo sus denuncias -luego de reportajes de El Nuevo Día-, Ortiz afirmó que su empresa ha cumplido con “todos los requisitos” que exige la Ley 20 de 2012 y con las obligaciones contributivas en Puerto Rico y Estados Unidos.

La organización Espacios Abiertos -que promueve la transparencia- ha impugnado, por su parte, el secretismo con el que se manejan los decretos contributivos, lo que impide al público y la prensa fiscalizarlos.

También ha llamado la atención de que VantageKnight estaba bajo contrato de Pridco en momentos en que obtuvo los beneficios de la Ley 20.

A diferencia de la Ley 22 de 2012, la Ley 20 no exige al beneficiario estar en Puerto Rico la mayor parte del año, pero no permite “empresas carapacho (shell corporation)”, según expertos.