Las persistentes deficiencias en el monitoreo financiero del Estado continúan figurando entre las principales amenazas para la estabilidad fiscal de Puerto Rico a largo plazo, advirtió la Junta de Supervisión Fiscal (JSF), organismo que proyecta que, tan pronto como en el año 2027-2028, el Fondo General comience a registrar déficits, al igual que ocurriría con el presupuesto consolidado para el periodo subsiguiente.

“Más allá de lo que se registró oficialmente, se identificaron aproximadamente $411 millones en gastos incurridos, pero todavía no registrados. Esta cantidad incluye gastos de nómina relacionados con el Departamento de Educación (cerca de $90 millones) y el Departamento de la Policía (cerca de $22 millones), así como gastos fuera de nómina (cerca de $299 millones) relacionados con todo el gobierno”, expuso el ente fiscal en el informe financiero que corresponde al último trimestre del año fiscal 2024-2025, publicado el pasado viernes.

La JSF puntualizó que, “históricamente”, las fallas y retrasos en la documentación de gastos e ingresos están vinculadas a la segregación de los datos financieros del gobierno central en los seis sistemas de información que utilizan las agencias.

“Al presente no existen controles contables a actividades de cierre una vez concluye el año fiscal, y los registros de contabilidad continúan abiertos para que las agencias entren transacciones no registradas o realicen ajustes contables hasta que se emiten los estados financieros auditados (lo que puede ocurrir más de un año después). Como resultado, al 30 de junio de 2025, el informe financiero anual de 2023 no se ha completado, 731 días después del año fiscal 2023”, planteó la JSF.

El ente que controla las finanzas públicas recalcó que el gobierno ha intentado sin éxito implantar “por los pasados siete años” un sistema centralizado de planificación de recursos, plataforma que se anticipa que pueda comenzar finalmente a operar en dos fases, entre julio de 2026 y enero de 2027.

El documento de 25 páginas divulgado por el ente enumera una serie de “riesgos” fiscales que se avecinan, destacando la incertidumbre con el nivel de financiamiento que el gobierno federal asumirá sobre el programa de Medicaid luego de septiembre de 2027 y otros potenciales recortes en las asignaciones a Puerto Rico, así como el ritmo de desembolsos de partidas de reconstrucción que, en el año fiscal 2024-2025, se quedaron nuevamente por debajo de las proyecciones del plan fiscal certificado.

Asimismo, señala que, a lo largo del año fiscal que concluyó en junio pasado, se observó un virtual estancamiento de los principales indicadores de actividad económica, influenciado en gran medida por una desaceleración en la creación de empleo a nivel de todo Estados Unidos.

En ese sentido, y sumado a las supuestas deficiencias de contabilidad, la JSF acentuó que la diferencia de casi $4,000 millones entre los cálculos preliminares de recaudos –$14,100 millones– y gastos –$10,338 millones– del Fondo General no son representativos del panorama a mediano y largo plazo.

De acuerdo con la tabla presentada en el informe, la JSF estima que el año fiscal corriente y el 2026-2027 concluirán con superávits cercanos a $100 millones en el Fondo General, margen que desparecerá en el año fiscal 2027-2028, cuando los ingresos rondarían los $13,542 millones frente a $13,777 millones en gastos, una deficiencia de $235 millones. En el ciclo subsiguiente, el déficit crecería hasta $1,268 millones si no se toman medidas fiscales ni económicas.

Al mirar el presupuesto consolidado –que incluye también las partidas de fondos especiales y fondos federales– el déficit global proyectado en ese periodo fiscal es de $845 millones.

“Hay riesgos significativos al plan fiscal futuro que continuarán siendo monitoreados, incluyendo incertidumbre a largo plazo con niveles de financiamiento federal de Medicaid, recortes potenciales a ciertos programas federales, potenciales gastos recurrentes adicionales del Fondo General que se sufragan actualmente con fondos federales no recurrentes, potenciales contribuciones estatales adicionales para cubrir proyectos de recuperación de desastres y las necesidades de cubrir inversiones capitales mayores sin acceso adecuado a los mercados”, enumeró el organismo.

En el caso de Medicaid, que encabezó el listado de riesgos de la JSF, supone una diferencia de más de $3,000 millones anuales respecto a la asignación federal que está garantizada, por legislación congresional, hasta el 30 de septiembre de 2027.

“El CBO (Oficina de Presupuesto Congresional) estima que, en octubre de 2027, el tope anual del financiamiento federal de Medicaid, caerá de $4,000 millones a aproximadamente $500 millones. Presumiendo que no habrá ningún cambio en la elegibilidad del programa o sus gastos, esto aumentaría la porción de los costos del programa cubiertos por el territorio a más de 90%. Esta proporción de gastos estatal-federal triplicaría la del estado promedio de los Estados Unidos”, estimó el organismo fiscal.