La Junta de Supervisión Fiscal (JSF) alertó que la anulación del contrato de LUMA Energy podría tener como resultado cancelar, igualmente, “todos los actos post-extensión”, en referencia a los eventos posteriores al 30 de noviembre de 2022, cuando se suscribió el acuerdo que extendió la vigencia del pacto suplementario del consorcio hasta que la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE) deje atrás su bancarrota.

El mismo día que el gobierno de Jenniffer González y la Autoridad para las Alianzas Público Privadas (AAPP) solicitaron a la jueza federal Laura Taylor Swain devolver a los tribunales estatales las dos demandas que buscan declarar nula la extensión de 2022, la JSF afirmó su derecho a intervenir en el pleito en el marco del Título III de la ley Promesa.

Una declaración invalidando el pacto “podría resultar en la anulación de todos los actos post-extensión, incluyendo, por ejemplo, todo el caso tarifario que ahora está en una etapa avanzada con el Negociado de Energía, en el que LUMA es el único peticionario”, planteó la JSF.

En la moción, el organismo fiscal reiteró su argumento –desechado por el gobierno– de que LUMA es, al día de hoy, la única alternativa en el sector privado para administrar la red eléctrica.

“La Junta de Supervisión y la AEE tienen un interés sustancial en la existencia continua del T&D OMA (acuerdo de operación y mantenimiento del sistema de transmisión y distribución), a menos y hasta que el gobierno presente una alternativa de un operador privado cualificado (…) Y no existe ninguna alternativa discernible de un operador privado”, enfatizó la JSF en el recurso, radicado el lunes.

En el escrito, el ente busca ser admitido como interventor en la demanda de la gobernadora, toda vez que considera que, bajo el recurso de la AAPP, ya figura como representante de la AEE, que es una de las partes demandantes. Hasta el momento, Swain se ha abstenido de consolidar los recursos bajo un solo caso.

La JSF estimó que una anulación contractual “potencialmente causaría que la AEE incurra en más de $100 millones en pesados costos administrativos, incluyendo un cargo de terminación a LUMA, sin mencionar el caos potencial resultando de la anulación de las acciones tomadas bajo el T&D OMA luego de noviembre de 2022”.

Las mociones gubernamentales para devolver la jurisdicción al foro estatal, mientras, se concentraron en puntualizar las interrogantes legales que persisten bajo el derecho puertorriqueño y que, a su juicio, ameritan una abstención de parte de Swain.

“La acción de la gobernadora levanta asuntos de primera impresión en torno a la interpretación de estatutos especializados de Puerto Rico; dada la ausencia de autoridad interpretando estos estatutos, es importante un tribunal de Puerto Rico resuelva sobre estos temas. De hecho, la gobernadora ha pedido al Tribunal Supremo que atienda estos casos directamente, en lugar de tribunales inferiores”, esbozaron los abogados de González, en su moción de devolución, también radicada el lunes ante el Tribunal Federal.

Para el gobierno, la acción legal de González bajo los “poderes de razón de Estado” está inmune a la jurisdicción de la ley Promesa porque cumple con el estándar de “interés público” y no procura un remedio monetario a favor de ninguna entidad pública.

“Los tribunales de Puerto Rico son el foro apropiado para resolver las interrogantes noveles y pendientes que emanan de la interpretación y aplicación de estos estatutos, sobre todo, en relación con la validez de la carta de extensión (del contrato de LUMA)”, enfatiza el alegato, en alusión a las leyes 29-2009 y 120-2018, que gobiernan los procesos de privatización del sistema eléctrico.

En síntesis, tanto la gobernadora como la AAPP sostienen que la extensión de noviembre de 2022 requería el aval de los representantes del interés público en la junta directiva de la propia dependencia, tal como si fuera la concesión de un nuevo contrato de alianza.

La AAPP intentó, por su lado, rebatir el argumento de “diversidad de ciudadanía” que LUMA levantó para trasladar su demanda al foro federal, al señalar que, como un “brazo del Estado”, no es un “ciudadano” para “propósitos de diversidad”.

Paralelamente, señaló que su argumento de nulidad contractual no invalida la cláusula que ordena a LUMA y el gobierno a litigar sus diferencias en foros estatales.