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El representante Juan Oscar Morales Rodríguez indicó que no tiene plena confianza en el Departamento de Justicia.
El representante Juan Oscar Morales Rodríguez indicó que no tiene plena confianza en el Departamento de Justicia. (Ramón “Tonito” Zayas)

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El primer informe parcial de la Comisión de Salud de la Cámara de Representantes sobre compras de pruebas para detectar coronavirus incluye referidos a agencias de ley y orden estatales y federales a múltiples funcionarios y exfuncionarios

Entre los referidos están el comisionado del Negociado de Manejo de Emergencias y Administración de Desastres (NMEAD, José Burgos, y la ex secretaria interina de Salud, Concepción Quiñones de Longo.

También figuran como referidas Adil Rosa, exsecretaria Auxiliar de Administración de Salud; Mariel Rivera Rivera, requisidora en Salud y Diana Meléndez, directora interina de la Oficina de Compras y Subastas de Salud.

Los referidos serían a la Oficina del Panel del Fiscal Especial Independiente, la Oficina de Ética Gubernamental, la Oficina del Contralor y el Negociado Federal de Investigaciones a Burgos.

Sin embargo, no se hacen referidos al Departamento de Justicia.

El informe sería enviado tan pronto sea recibido por el pleno de la Cámara de Representantes, que sesiona el lunes. El presidente de la Comisión de Salud de la Cámara, Juan Oscar Morales Morales, no precisó si ese ejercicio se hará en dicha fecha.

Morales recordó, por un lado, que la ley faculta a la Cámara a hacer referidos directamente a la Oficina del Panel del Fiscal Especial Independiente. También indicó que no tiene plena confianza en Justicia.

"Fue por una experiencia que tuve con el Negociado de Ciencias Forenses", dijo al aludir a un informe con referidos contra varios funcionarios de dicha dependencia. Justicia nunca lo llamó para darle seguimiento. 

El informe concluye que Mabel Cabeza, exjefa de personal de Salud, tras su traslado a La Fortaleza, “pasó a ser la persona que dirigía los trabajos de la agencia desde La Fortaleza”.

En cuanto al doctor Segundo Rodríguez Quilichini, coordinador del task force médico sobre el coronavirus, se concluyó que se extralimitó en sus poderes conferidos por la orden ejecutiva que creó al grupo médico al asumir “la posición de darle el visto bueno a una compra realizada con fondos públicos”, en alusión a la compra de $38 millones a Apex General Contractors.

Morales indicó que refirió a Quiñones de Longo debido a su participación en ciertas compras en Salud que han reflejado problemas por tardanzas en entrega de productos o porque los precios pactados resultaron muy altos.

“Ella firmó las órdenes de compra y hay algunos que conllevaron el desembolso indebido de dinero”, dijo Morales al referirse a órdenes de compra a las empresas Maitland 175 y a 313 LLC. “Señaló desconocer cómo se realizaría el proceso de las órdenes de compra y reiteró ser meramente la persona que las firmaba, al no tener inherencia en la toma de decisiones para compra de las pruebas, incluso, manifestó sentirse como un sello de goma”, lee el informe.

La exfuncionaria también dijo desconocer por qué se emitió una orden de compra de $355,280 a Maitand 175 por el pago de fletes, si una compra de 200,000 pruebas rápidas a dicha empresa se hizo a un buen precio y refirió a la División de Compras y Subastas de Salud preguntas de la Comisión de Salud sobre si eran o no apropiados los precios pactados. Luego, funcionarios del Departamento de Hacienda indicaron que probablemente el desembolso de $355,280 se trataba de uno indebido. En las vistas también trascendió que Quiñones de Longo llegó a darle a su secretaria, Sandra Torres, la facultad de autorizar compras a su nombre.

Quiñones de Longo, quien negó haber participado en la negociación con Apex, también falló, según la Comisión de Salud, en verificar a qué se dedicaba la empresa 313 LLC cuando se le compraron 101,500 pruebas para detectar COVID-19. Esa empresa de informática había modificados sus objetivos corporativos días antes de firmar el contrato. Quiñones de Longo también justificó el adelanto del 60% del monto del contrato a la compañía, aunque luego, en un proceso judicial, salió a relucir que se le pagó a la compañía el 100% de la compra.

Quiñones de Longo, según la Comisión de Salud, pudo haber violado los artículos de incumplimiento en el deber y negligencia en el cumplimiento del deber, al igual que haber violado la Ley de Ética Gubernamental (prohibiciones éticas de carácter general), el Código Civil y la Ley de Contabilidad.

En el caso de Burgos, la comisión le señala por presuntamente haber cometido perjurio al mentir ante el cuerpo legislativo sobre las verdaderas razones por la que se canceló la orden de un millón de pruebas compradas a Apex. En la vista, que fue a puerta cerrada, Burgos dijo que se canceló porque las pruebas no cumplían con especificaciones de la FDA.  El abogado de Apex, Juan Maldonado, le habría solicitado que en el documento de cancelación se dijera que fue porque la empresa no cumpliría con la fecha de entrega, pero Burgos les dijo a los legisladores que no accedió a la petición.

“A pesar de haber manifestado, bajo juramento, que no accedió a la petición del lcdo. Maldonado, obra en poder de la Comisión evidencia del perjurio cometido por el general Burgos, toda vez que cursó una comunicación, con fecha del 2 de abril de 2020 a Aaron Vick, donde adjudicó la cancelación del contrato el alegado incumplimiento con la entrega de la mercancía”, reza el informe.

El informe narra que Burgos le dijo a Quiñones de Longo que no sabía sobre la entrega de 500 del laboratorio Quest entre los días 24 y 25 de marzo en la sede de NMEAD. Burgos luego reconoció en la vista que no corroboró lo que le contestó a Quiñones de Longo y averiguó con personal de la dependencia de que sí se habían recibido.

Burgos también habría mentido cuando le dijo a la Comisión de Salud que Rosa recibió las pruebas de Quest cuando un correo electrónico que Burgos envió a Quiñones de Longo reveló que fue Mabel Cabeza.

Burgos también aceptó que firmó, por NMEAD, la orden de compra de Apex y que lo hizo ya que la Oficina de Gerencia y Presupuesto (OGP) y la Administración de Servicios Generales (ASG) ya lo habían hecho. Igualmente reconoció que fue la persona que solicitó el pago por adelantado a la empresa, aunque fue otra funcionaria de NMEAD, quien firmó esa petición.

Rosa y Rivera son referidas por posibles violaciones al Código Penal, la Ley de Ética Gubernamental y la Ley de Contabilidad del Gobierno de Puerto Rico. En cuanto al Código Penal, los artículos supuestamente violados son: intervención indebida en las operaciones gubernamentales, usurpación de cargo público, incumplimiento del deber y negligencia en el cumplimiento del deber.

En el caso de Rivera Rivera, una persona sin experiencia en el área de compras y quien reconoció que no sabía por qué había sido seleccionada por Rosa para tramitar la orden de compra de Apex, se le imputa no haber indagado sobre el trasfondo de la empresa, no haber verificado si tenían el derecho de distribución exclusiva de las pruebas, tampoco verificó si estaban aprobadas por la FDA o si Apex estaba en el registro de suplidores de la FDA.

Rivera Rivera dijo que la orden de la compra de Apex la dio Rodríguez Quilichini, pero que quien se la comunicó a ella como una orden fue Rosa, quien también señala a Rodríguez Quilichini como quien dio el mandato.

El doctor, también rector del Recinto de Ciencias Médicas y su colega Juan Salgado, dijeron en vista pública que solo le dieron “el visto bueno” a la compra y que no tenían el poder de dar órdenes.

A Rosa, quien rechazó una oferta de inmunidad de la Cámara, se le achaca haber acatado una presunta orden del doctor Segundo Rodríguez Quilichini y sin consultar con Quiñones de Longo para que le solicitara al gerente general del laboratorio Quest que entregara unas pruebas en la sede de NMEAD. También identifica a Rodríguez Quilichini como la personas que le dio la “petición’ de que cotizara tres millones de pruebas rápidas.

“No demostró diligencia en el cumplimento del deber, ni responsabilidad con el desembolso de fondos públicos, toda vez que eligió a una persona sin ninguna experiencia para que trabajara una compra millonaria”, lee el informe.

La Cámara la señala identificando a Rodríguez Quilichini, aunque sin presentar prueba por escrito, como la persona que dio la orden para la compra a Apex. El doctor dijo en una vista posterior que la frase que usó con Rosa fue “dale pa’lante”. De hecho, Rosa, según el informe, aceptó que era ella y no Rodríguez Quilichini “la autoridad nominadora en materia de compras de Salud”.

A pesar de ello, se le imputa a Rosa no buscar más suplidores de pruebas cuando se firmó un contrato con 313 LLC para la compra de un primer cargamento de 1,500 pruebas a $45.

También se indica en el informe que Rosa, reconoció el error en el pago de fletes a Maitland 175 e identificó a Cabeza como la persona que le dio “una instrucción” para que se compraran pruebas de Covid-19 a Castro Business Enterprises. Cabeza dijo en una vista reciente que ella no recomendaba licitadores.

En el caso de Meléndez, según la Cámara, pudo haber incumplido con sus deberes y haber cometido negligencia debido a los errores cometidos por su oficina en el pago indebido de fletes a Maitland 175, específicamente el pago de impuestos estatales Florida. Meléndez reconoció ese error, según el informe, y también reconoció que no indagó a qué se dedicaba la empresa 313 LLC cuando se le otorgaron contratos para la compra de pruebas.