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El doctor Segundo Rodríguez Quilichini, derecha, líder del "task force" médico que asesora a la gobernadora en medio la crisis por el coronavirus.
El doctor Segundo Rodríguez Quilichini, derecha, líder del "task force" médico que asesora a la gobernadora en medio la crisis por el coronavirus. (David Villafañe Ramos)

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Tres días después de ser designado como portavoz del grupo de médicos que asesora a la gobernadora Wanda Vázquez en el manejo de la pandemia de coronavirus, el doctor Segundo Rodríguez Quilichini recibió en su teléfono celular un mensaje de texto que, en principio, parecía inocuo, pero que después ha terminado teniendo un enorme significado.

Le escribía Juan Maldonado de Jesús, activista del Partido Nuevo Progresista (PNP), ex subsecretario de Transportación y Obras Públicas y exdirector de la Autoridad de Transporte Marítimo, quien ha sido visto en actividades de campaña de la gobernadora Wanda Vázquez. Maldonado de Jesús funge hoy como representante de Apex General Contractors, una pequeña empresa de construcción cuyo dueño, Robert Rodríguez López, habiéndose quedado sin ingresos a causa de la parálisis impuesta por las autoridades para detener el coronavirus, buscaba en qué más podía ganarse la vida.

En el mensaje, que fue enviado el 22 de marzo y copia del cual le fue suministrado a El Nuevo Día por una fuente que prefiere que no se le identifique, Maldonado de Jesús se presentó ante el doctor Rodríguez Quilichini y le ofreció prácticamente el equivalente a una quincalla de tiempos del coronavirus. Dijo tener disponibles tres modelos de respiradores, un respirador portátil, las codiciadas mascarillas N-95, batas sanitarias, mucho otros productos médicos y, sobre todo, las famosas “pruebas rápidas” que ayudan a determinar si alguien padece o ha padecido de coronavirus.

Rodríguez Quilichini dijo a El Nuevo Día que no conoce a Maldonado de Jesús. El mensaje probablemente habría quedado quietecito en el teléfono del galeno junto a otros cientos de no ser porque Maldonado de Jesús se presentó dejando caer una de esas frases tipo abracadabra que en gobiernos como el de Puerto Rico lo mismo abren puertas que mueven montañas: “Soy amigo de Tito Laureano, quien me facilitó su móvil”.

Eduardo “Tito” Laureano es un veterano militante y organizador del PNP que se ha relacionado de una u otra manera con todas las administraciones de ese partido desde la década de los 80. Rodríguez Quilichini, quien ha donado $10,297 a candidatos de ese partido, principalmente al presidente del Senado Thomas Rivera Schatz, lo conoce. Laureano dijo a El Nuevo Día que él no tiene relaciones de negocio ni de ninguna otra índole con Maldonado de Jesús y que simplemente le dio el teléfono de Rodríguez Quilichini.

Las compañías de asesoría de Laureano y su hija han acumulado $1.8 millones en contratosdurante este cuatrienio. De esa cifra, $220,050 son por contratos en el Recinto de Ciencias Médicas de la Universidad de Puerto Rico (UPR ) autorizados por Rodríguez Quilichini, como su rector.

Sin precisar que haya sido por las palabras mágicas –“Soy amigo de Tito Laureano”– el galeno reconoció que refirió el mensaje a las personas encargadas de las compras del gobierno. “Le dije que le iba a pasar un contacto de compras para que hiciera la recomendación que tuviese que hacer”, dijo Rodríguez Quilichini.

El rector asegura que esa fue su única participación en este asunto. Negó enfáticamente haber promocionado o tener relaciones con Apex General Contractors o con 313 LLC, la otra empresa que vendió pruebas de coronavirus al gobierno en circunstancias dudosas.

“No sé quién es el dueño de Apex ni de 313. No sé ni qué compañías son esas. Yo soy cirujano. Me metí en este ‘task force’ a ayudar a la gobernadora, a ayudar a la secretaria de Salud y a ayudar al pueblo de Puerto Rico. Yo no soy comprador. Yo no tengo experiencia en cosas de laboratorio ni en compras. Yo no me dedico a eso y no tengo experiencia’”, dijo Rodríguez Quilichini.

No se ha podido constatar si ese fue el primero o el único acercamiento que hizo Maldonado de Jesús a favor de su cliente.

Lo que sí se sabe es que cuatro días después del mensaje a Rodríguez Quilichini – el 26 de marzo - Apex General Contractors, que no tenía ninguna experiencia en el mercadeo de productos médicos, obtuvo un contrato de $38 millones para venderle un millón de pruebas rápidas al Negociado de Manejo de Emergencias y Administración de Desastres (Nmead), por recomendación del Departamento de Salud.

Cinco días después, el 27 de marzo, en la cuenta de Apex General Contractors en Oriental Bank cayeron $19 millones, la mitad del monto total del negocio que el comerciante exigió como depósito.

Igualmente, unos días después, el 1 de abril, un día después de que se venciera el plazo de cinco días que se le había dado a Apex para traer un millón de pruebas de Australia a Puerto Rico, el contrato fue cancelado y el dinero devuelto.

En el gobierno trasatlántico en el que todo es lento y cuyos bizantinos procesos burocráticos a menudo hacen pensar en la novela ‘El proceso’, del escritor checo-judío Franz Kafka, en cuestión de días se le soltaron $19 millones para que una compañía sin experiencia en el campo de productos médicos comprara pruebas rápidas para detectar el coronavirus, al parecer a sobreprecio y a una empresa en Australia de la que acá tampoco se sabía nada.

En el gobierno en el que nadie responde por nada, con un solo día de retraso en la fecha de entrega, una transacción de tan enorme magnitud sencillamente fue cancelada. Ahora mismo, el controversial negocio es investigado por el Departamento de Justicia de Puerto Rico, el FBI, el Departamento de Salud y Recursos Humanos de Estados Unidos y por la Cámara de Representantes de Puerto Rico.

“Cuando traen este asunto a mi atención, del área de contabilidad central, reconocen que bajo las representaciones que hizo el Departamento de Salud, colocar dilaciones en el proceso contractual podrían poner a Puerto Rico en posición de no poder obtener estas pruebas”, dijo el secretario de Hacienda, Francisco Parés, a quien le tocó autorizar la tramitación del adelanto que pedía Apex.

Los pagos por adelantado en el gobierno no están prohibidos, pero sí son muy inusuales, reconoció el secretario Parés.

“Del Departamento de Salud le representan al Departamento de Hacienda que no había manera alguna de que ese suplidor entrara en ese acuerdo si no mediaba un pago anticipado”, agregó Parés.

No ha sido posible, hasta ahora, precisar cuál fue la mano poderosa que logró tanto desde el Departamento de Salud. Hasta hoy en la tarde, en que se realiza una conferencia de prensa sobre este tema, la gobernadora no había hecho expresiones públicas sobre este tema desde el domingo. El portavoz de Fortaleza, Osvaldo Soto, ha ignorado preguntas toda la semana en cuanto a quién estaba al tanto o autorizó la controversial transacción desde la mansión ejecutiva.

El negocio se dio en un momento complicado. La secretaria interina, Concepción Quiñones de Longo, había sido nombrada el 13 de marzo tras la abrupta salida de Rafael Rodríguez Mercado. Quiñones renunció, también abruptamente, el 26, el mismo día en que se firmó el trato con Apex.

En entrevista con El Nuevo Día, Quiñones de Longo que todo el tema de las contrataciones lo manejaba la entonces subsecretaria auxiliar de administración de Salud, Adil Rosa Rivera, y otros subalternos, en coordinación directa con Fortaleza.

“La señora Adil Rosa estaba encargada de todas las pruebas y ella coordinaba eso directamente con Fortaleza. Ella me explicó que estaba siguiendo instrucciones de Fortaleza”, dijo Quiñones de Longo.

La doctora sí firmó los contratos de $3.6 millones de 313 LLC, pero dice que no conocía ni a los directivos de esa empresa ni a los de Apex. Sostuvo, igualmente, que desconocía el precio en el mercado de las pruebas que el Departamento de Salud pagó a $36, $38 y $45, a pesar de que sus precios reales rara vez pasan de $20.

“Los contactos (con los contratistas) los hizo la señora Adil Rosa en comunicación con Fortaleza. Con quién allí, no sé”, sostuvo Quiñones de Longo.

El FBI investiga estas y otras transacciones en Salud, ha confirmado el actual secretario, Lorenzo González. Cuando se le preguntó a Quiñones de Longo si había sido interrogada por el FBI, hizo un silencio de unos segundos, tras lo cual respondió: “No puedo hablar de eso”.

Apex nunca pudo comprar las pruebas en Australia. Rodríguez dijo que no pudo “porrazones ajenas a mi voluntad”. Hay versiones de que la cuenta le fue congelada cuando le cayeron de golpe los $19 millones. Rodríguez López, quien en los pasados días había contestado preguntas de El Nuevo Día, hoy dijo que no haría más comentarios.

El Nuevo Día le preguntó al secretario Parés sobre la versión de que la cuenta fue congelada. Respondió que no le constaba, pero indicó que Oriental Bank informó a Ottmar Chávez, director de la Administración de Servicios Generales (ASG), que en algún momento antes de que se cancelara la orden, Rodríguez intentó, sin éxito, hacer una transacción “con una entidad en Australia”.

En ese momento, dijo Parés, ya él se había enterado de que se pensaba cancelar la orden y se comunicó velozmente con el Departamento de Salud y Nmead para que agilizaran el trámite para la devolución del dinero.

El jueves 2 de abril el director de Nmead, José Burgos, le escribió a Rodríguez López cancelando el contrato y pidiendo la devolución del depósito. Lo mismo hizo el viernes 3 el secretario de Salud, quien había sido confirmado en su puesto el sábado 28 de marzo y se encontró con este revolú al llegar.

El lunes, 6 de abril, los $19 millones estaban de vuelta en la cuenta del Secretario de Hacienda, dijo Parés.

Y la controversia, y las pesquisas y todo lo que venga después, apenas comenzaba.