La transformación de la AEE podría demorar años

El principal oficial ejecutivo de LUMA Energy, Wayne Stensby, advirtió ayer que transformar la red eléctrica de Puerto Rico tomará años, pero aseguró que la pericia que la empresa trae a la mesa debe resultar en un sistema más confiable y robusto, y ello debe contribuir a impulsar la economía de la isla.

Un día después de que la Autoridad para las Alianzas Público Privadas (AAPP) anunció la selección de LUMA para manejar esos activos de la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE), Stensby, junto a Duke Austin Jr., principal oficial ejecutivo de Quanta Services, y su homólogo en ATCO, Siegfried W. Kiefer, hablaron con El Nuevo Día acerca del proceso de selección que implementó Puerto Rico y que les convirtió en ganadores de un contrato valorado en unos $1,352 millones al cabo de 15 años.

Esos detalles de la transacción constan en el informe del Comité de Alianza de la AAPP, que tuvo a su cargo escoger entre la propuesta de LUMA y PSEG, el otro licitador que llegó a la etapa final de la licitación. Aunque, en principio, cinco empresas mostraron interés y cuatro llegaron a la etapa de selección, tanto Exelon Corporation como Duke Energy desistieron de continuar en el proceso.

A pesar de que diversas voces en Puerto Rico han planteado que el proceso de contratación no fue transparente, Stensby describió el trámite adoptado por la AAPP como robusto y riguroso.

LUMA prevaleció en la licitación por ofertar alrededor de $30 millones menos que PSEG.

Pero, según Austin, si bien el precio habría sido un factor de peso, la propuesta de valor añadido que ofreció su grupo, en lo que respecta a pericia para manejar la red de transmisión y distribución, y el servicio a los clientes, es lo que permitirá establecer un sistema “moderno” en Puerto Rico “que beneficiará económicamente a toda la isla por muchos años”.

Durante la plática con este medio, en la que también participó Madhu Beriwal, principal oficial ejecutiva de IEM, los ejecutivos aseguraron que la experiencia ganada por las empresas debe servir bien a Puerto Rico y su gente.

“Vimos la respuesta al huracán (María) desde lejos, y nosotros no estuvimos en el contrato de líneas eléctricas más grande en el mundo. Fue frustrante para mí ver a la gente sufriendo en esta isla y no poder hacer nada para ayudar de una manera significativa”, relató Austin, al señalar que ello le motivó a buscar posibilidades para traer capacidades de alcance mundial a Puerto Rico.

Luego del ciclón, hace casi tres años, ATCO apoyó a la farmacéutica Amgen en la respuesta al desastre. Esa experiencia sirvió para identificar a Puerto Rico como una oportunidad. Una vez el gobierno abrió el proceso de APP, Quanta y ATCO decidieron aunar esfuerzos y diseñar una propuesta para atender “la situación” de la isla.

“Aprendimos hace mucho, tal vez hace más de una década, que cuando trabajamos juntos podemos hacer algo desde el corazón”, dijo Stensby, al describir la relación entre Quanta y ATCO.

El proyecto más ambicioso a cargo de ambas empresas se produjo en Alberta, Canadá, durante el 2014. Allí, Quanta y ATCO tuvieron a su cargo la construcción de la línea de transmisión más larga que se haya desarrollado bajo el modelo de APP y que se conoce como el proyecto Fort McMurray West.

El proceso de bancarrota

Sin embargo, LUMA tendrá que esperar alrededor de un año para hacer válida su promesa de un mejor sistema eléctrico en Puerto Rico. Ello, porque el contrato entre las partes establece que la AEE tiene 10 días para acudir al tribunal y conseguir que la jueza federal Laura Taylor Swain apruebe el acuerdo. Esto, con el objetivo de que el contrato de LUMA pueda ser incluido entre los gastos administrativos de la corporación pública, que se encuentra en un proceso de bancarrota.

De esa forma, LUMA podría comenzar a operar la red eléctrica, si al terminar el período de transición, la reorganización financiera bajo la ley federal Promesa no ha culminado.

De otra parte, según el informe de la AAPP, si el tribunal ordena un síndico en la corporación pública, como han solicitado los bonistas, el contrato con LUMA quedaría cancelado y la AEE tendría que indemnizar al consorcio.

Stensby no hizo ninguna expresión en torno a la posibilidad de que el proceso de bancarrota pueda descarrilar el acuerdo con LUMA. Más bien, está enfocado en lo que viene a hacer para transformar un sistema que se ha deteriorado por la falta de inversión, un fenómeno que no es exclusivo de Puerto Rico o la AEE.

La AEE pagará a LUMA $60 millones por el año de transición. Entre otras cosas, LUMA debe preparar un Plan de Remediación y conseguir que el Negociado de Energía de Puerto Rico (NEPR) le dé su respaldo.

Aunque todavía no es responsable de la red eléctrica, LUMA quiere invertir los próximos meses en conocer cómo la AEE se ha preparado para la temporada de huracanes que recién comienza y familiarizarse con los procesos establecidos por la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias (FEMA) para desembolsar los fondos para la reconstrucción del sistema eléctrico.

En ese frente, será IEM -firma que en los pasados 35 años ha gestionado unos $51,000 millones en fondos de reconstrucción en lugares como Luisiana, Florida y Nueva Jersey- quien marque la pauta. En Puerto Rico, IEM provee apoyo al Departamento de la Vivienda en el desembolso de fondos bajo el programa de subvención de emergencia CDBG-DR.

De acuerdo con Beriwal, IEM buscará contribuir a que los fondos disponibles se utilicen de manera eficiente para que la gente no experimente la secuela de otro desastre natural.

A diferencia de otros modelos de alianza público privada, la empresa no tendrá que invertir recursos propios en mejoras permanentes. Ello, porque el gobierno federal pagará la reconstrucción del sistema eléctrico, una inversión estimada en $18,000 millones.

El lunes, al informar su selección al mercado, Quanta indicó que, aparte de su participación en LUMA, la empresa podría competir para los trabajos de construcción que se lleven a cabo. En ese sentido, los ejecutivos destacaron que las mejoras a la red eléctrica también deben tener un efecto dominó en la economía local, a medida que recursos y empresas locales participen del proceso de reconstrucción.