Tras ser declarada no culpable en el juicio por presuntas violaciones a la Ley de Ética Gubernamental, la expresidenta de la Junta Reglamentadora de Telecomunicaciones Sandra Torres López aseguró sentirse “en paz y tranquila con el cierre de un capítulo” que inició en 2021.

“Siempre tuve la convicción de que era inocente. Tuve la fuerza y el valor a pesar de los quebrantos de salud que me dieron. Sufrí dos pequeños infartos cerebrales. En el proceso, perdí a mi esposo y otras situaciones más. Pero aún así tuve fe, primero, en Dios y, después, en mí de que la verdad tenía que prevalecer”, expresó Torres López en entrevista con El Nuevo Día.

El 8 de abril de 2021, los fiscales especiales designados por la Oficina del Panel sobre el Fiscal Especial Independiente (Opfei) presentaron contra Torres López un cargo por aprovechamiento ilícito de trabajos y servicios públicos, y dos cargos por violaciones a la Ley de Ética Gubernamental.

Los fiscales intentaron probar que la licenciada, presuntamente, compartió una lista de compañías de telecomunicaciones y contratistas de la agencia para que se les vendieran taquillas para una actividad de recaudación como parte de la campaña de reelección de Ricardo Rosselló Nevares.

No obstante, las denuncias en su contra iniciaron antes, precisamente, en 2019 cuando Exel López Vélez, exdirector de comunicaciones de Torres López, declaró que su exjefa le encargó la venta de las taquillas para alcanzar la meta de recaudar $40,000 para Rosselló Nevares.

Pese a que la Oficina de Ética Gubernamental archivó la querella en contra la expresidenta, el caso prosperó en la esfera judicial donde el Ministerio Público presentó alrededor de 18 testigos.

El juicio contra Torres López inició en septiembre de 2024 y culminó con el fallo de no culpabilidad, emitido por la jueza Nerisvel Durán Guzmán, del Tribunal de San Juan.

“Yo me corrí un riesgo muy grande a sabiendas. Dos veces me mandaron hacer la oferta (de culpabilidad) a través de mi abogada y las dos veces las decliné. Decliné irme por jurado y me tocó el Tribunal de Derecho, que ese es otro riesgo que me corrí”, sostuvo Torres López.

“La consecuencia de estos delitos eran ocho años de cárcel sin derecho a probatoria y aún así decidí correrme el riesgo porque era inocente. Lo sostengo y lo sostendré hasta el día de mi muerte. No lo hice y me defendí”, reiteró la expresidenta.

Admitió, no obstante, que se trató de un proceso difícil de afrontar emocionalmente y reconoció que su reputación se vio afectada.

“¿Quién le va a dar trabajo a una persona que tiene una acusación? (...) La gente que me conoce sabe de mi verticalidad y mi seriedad. Pero claro que se sufre y se llora un montón", expresó.

Durante el juicio, uno de los argumentos principales por parte de su defensa consistió en que el día que, según la declaración jurada de López Vélez, ella, supuestamente, le entregó la lista, no se encontraba en Puerto Rico, sino en un congreso de telecomunicaciones en México.

“Él alegó que yo di esa supuesta instrucción el 17 de mayo del 2018 y ese día yo estaba en Ciudad de México dando una conferencia y llegué el 18 a las 10:00 p.m.”, reiteró Torres López.

En entrevista previa con El Nuevo Día, una de las fiscales especiales del caso, Leticia Pabón Ortiz, sostuvo, por su parte, que “la declaración jurada del testigo lo que dice es que entiende que fue ese día".

Ante ello, Torres López señaló: “Allí, hay un récord en el tribunal disponible para el que quiera escucharlo. Yo me siento en paz y tranquila en estos momentos”.

“Es un capítulo que se cerró (...) Mi análisis está hecho desde el día número uno. Era inocente. No lo hice. Cada quien con su verdad, con su conciencia y deben hacer una autoevaluación”, expresó.

A preguntas de este medio sobre si consideraría ocupar nuevamente algún cargo público, respondió: “Yo quiero seguir ayudando a Puerto Rico, pero desde otras trincheras”.

“Nunca me he negado a seguir sirviendo. En este proceso, he estado bien inmersa en la comunidad de Santiago, en Humacao, trabajando con personas necesitadas (...) a través de la Iglesia”, compartió.

“Somos ministros de la eucaristía. Abrimos un pequeño centro de salud. Hacemos actividades, buscamos medicamentos para personas indigentes, se les consigue tratamiento y hago declaraciones juradas para ellos sin costo alguno”, agregó.

López Torres laboró durante 30 años en la Puerto Rico Telephone Company. Se desempeñó como directora de la Junta Reglamentadora durante la administraciones de los pasados gobernadores Luis Fortuño y Rosselló Nevares.