Aunque es una alternativa disponible para reeducar y readiestrar a las personas convictas o que hayan hecho alegación de culpabilidad bajo la Ley 54 de Violencia Doméstica, actualmente no existen estadísticas que evidencien la efectividad de los programas de desvío, confirmó este miércoles la procuradora de las Mujeres, Lersy Boria.

La funcionaria aseguró que, cuando asumió la presidencia de la Junta Reguladora de Programas de Reeducación y Readiestramiento para Personas Agresoras, en 2019, una de sus primeras acciones fue solicitar estadísticas sobre su efectividad, así como trabajar un nuevo reglamento.

“Ese fue mi primer reclamo, que no fue contestado, y por eso entré a evaluar el reglamento, si había alguna estadística de reincidencia de las pasadas juntas”, dijo.

No obstante, Boria aspira a que, con la entrada de vigor de un nuevo reglamento a principios de este año, se pueda establecer pronto si esos programas dan resultado.

El tema regresó a la palestra luego que trascendiera el martes que la defensa del exboxeador Juan Manuel “Juanma” López, quien enfrenta siete cargos por un caso de violencia de género, buscara un programa de desvío para su cliente.

“Cuando nos topamos con estos programas, había distintas historias, como que las propias víctimas tomaban el programa por el agresor, el tiempo no era suficiente o las terapias eran grupales cuando algunas personas agresoras la necesitaban de forma individual”, mencionó.

La Junta, adscrita al Departamento de Corrección y Rehabilitación (DCR), evalúa el licenciamiento de estos programas de desvío, además de que cumpla con los criterios mínimos y el reglamento sobre qué tipo de adiestramiento se les ofrece a los agresores y agresoras. El organismo no se reunió entre 2016 y 2019, señaló Boria.

“Me topo con que, de los 26 programas de desvío, solamente uno tenía licencia vigente, así que lo que hice inmediatamente fue movilizar al Departamento de Corrección para que fiscalizara todos esos programas”, expresó.

Para evitar un colapso, se le concedieron a los programas licencias provisionales y 30 días para actualizar el proceso. A los que no cumplieron en ese período, se les eliminó la licencia, y quedaron 21 en funciones, precisó la procuradora de las Mujeres.

Abordada sobre cuántas personas se acogen a estos programas anualmente, Boria indicó que esos datos son recopilados por el DCR. El Nuevo Día solicitó hablar con algún portavoz de esa agencia ayer, pero no fue posible.

Otra preocupación que se levanta también con la concesión de este beneficio, reconoció Boria, es que, en algunas instancias, el programa de desvío se ve simplemente como una alternativa para evadir la cárcel. Al respecto, dijo que presentó, por petición, un proyecto de ley para “limitar este privilegio”, el cual no ha sido considerado por la Asamblea Legislativa.

“El programa de desvío no es para no cumplir cárcel, es porque ese agresor o agresora, bajo la Ley 54, está reconociendo que tiene un problema conductual y va a reeducarse o readiestrarse”, señaló. “Ese reconocimiento de cambio de conducta es importante que se evalúe”, afirmó.

Aunque se trata de una alternativa establecida en el Artículo 3.6 de la Ley 54 contra la violencia doméstica, su otorgamiento queda a discreción de un juez y depende de varios elementos, como el sentir de la víctima y los vecinos del convicto. La parte agresora tampoco puede haber tenido convicciones criminales previas ni haberse beneficiado del mencionado articulado.

Boria sostuvo que, de haberse atendido el Proyecto de la Cámara 791, que impulsó, “quizás Juanma López tuviera que utilizar otros mecanismos para presentar su defensa, porque limitaría ese privilegio”.