Aunque es una determinación que en su día tomará un juez, la defensa del exboxeador Juan Manuel “Juanma” López Rivera buscará un programa de desvío para su cliente tras renunciar hoy, martes, a la vista preliminar como parte de su estrategia legal.

“La defensa tiene el derecho de renunciar a vista preliminar, ese ha sido el curso de los abogados que sería, en su momento, enviarlo a un Artículo 3.6 de Violencia Doméstica que, si el juez la acoge, sería un programa de desvío”, confirmó a su salida de la sala 201 del Tribunal de Caguas el fiscal Jaime Perea.

En los casos donde se renuncia a la vista preliminar, automáticamente se entiende que hay causa probable. “Esperaremos al día del juicio, al momento vamos a dejar que el caso siga su curso”, expresó Perea.

López Rivera enfrenta seis cargos de violación al artículo 3.1 (maltrato) y uno por el artículo 3.3 (maltrato mediante amenaza) de la Ley 54 de Violencia Doméstica. “Toda persona que no tenga convicciones criminales y no se haya beneficiado de un Artículo 3.6 de Violencia Doméstica cualifica para un programa de desvío”, detalló Perea.

Según el Artículo 3.6 de la Ley 54, una vez celebrado el juicio y haya una convicción o una alegación de culpabilidad, el Tribunal puede motu proprio o mediante solicitud del Ministerio Público o de la defensa, suspender todo procedimiento y someter a la persona convicta a libertad condicionada, sujeto a que participe en un programa de reeducación y readiestramiento.

Perea explicó que la determinación de acoger o no una petición de programa de desvío tiene que darse dentro del proceso del juicio, que inicia el 19 de octubre con la lectura de acusación. Además, tiene que tomarse en consideración, entre otras cosas, un informe de un trabajador social que recoja el sentir de la víctima, así como de la comunidad donde reside el imputado.

A preguntas de la prensa sobre expresiones de la expareja de López Rivera, Andrea Ojeda Cruz, que apuntan a que no se opondría a que su expareja sea enviada a un programa de desvío, el fiscal dijo que “el Departamento de Justicia acepta las declaraciones que hacen las víctimas y las respetamos”.

Durante la vista de rebaja de fianza, el pasado 23 de septiembre, Ojeda Cruz alegó que no temía por su vida y que no quería hacerle daño a su expareja, sino que deseaba que este buscara ayuda para superar su programa de alcoholismo y agresión.

“Tenemos que esperar hasta el día de juicio, que ese informe esté en su totalidad, que se haya entrevistado a Andrea, a la comunidad completa, para que el juez determine discrecionalmente si le provee el desvío o no se lo provee”, expuso Perea.

El exboxeador llegó pasadas las 2:00 p.m. al Tribunal de Caguas en compañía de sus abogados Jaime Barceló y Eduardo Ortiz. No hizo expresiones a su entrada ni a su salida.

Barceló, por su parte, no quiso abundar sobre las razones para renunciar a la vista preliminar ni si se encuentran negociando algún tipo de acuerdo con el Ministerio Público. “Es parte de nuestra estrategia y les pedimos espacio... no queremos hacer expresiones. Vamos a llegar a la etapa del juicio y ahí sí que tenemos que cerrar nuestra defensa”, señaló el abogado.

López Rivera afirmó ante el juez José D’Anglada Raffucci que tomaba la determinación libre y voluntariamente. “Sabe que usted tiene ese derecho a que el Ministerio Público pase evidencia de la posibilidad de que usted cometió los alegados hechos que se le están imputando”, le cuestionó el juez, a lo que respondió en la afirmativa.

Desde el pasado 23 de septiembre, López Rivera permanece en libertad condicionada luego que el juez Jorge Díaz Reverón rebajara a $35,000 la fianza impuesta en su contra, la cual prestó a través de un fiador privado. López Rivera permanece, además, bajo supervisión electrónica. Su padre, Juan A. López Novena, es su custodio.

A mediados de septiembre, Ojeda Cruz -quien estuvo presente en sala- alegó a través de su cuenta de Instagram que fue víctima de un patrón de maltrato físico y emocional por parte del exboxeador. A través de varios “stories”, presentó imágenes de unos golpes que presuntamente le propinó López Rivera, ocasionándole daño físico y moretones.

Estas no son las primeras imputaciones por violencia de género contra el exboxeador. En el 2015, su expareja Geraldine Crespo también lo señaló por violación a la Ley 54 de Violencia Doméstica, pero esta retiró los cargos.