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Departamento de Justicia. (GFR Media/Archivo)
Departamento de Justicia. (GFR Media/Archivo)

Los daños provocados por el huracán María en la infraestructura de las agencias del gobierno fueron estimados en $30,000 millones, según cifras oficiales provistas por el secretario de la Gobernación, William Villafañe.

 Del total de las agencias, 15 recibieron los daños más graves, precisó Villafañe. Entre estas figuran el Departamento de Justicia, cuya sede ubicada en Miramar fue declarada pérdida total. Los empleados han sido reubicados en otras oficinas gubernamentales.

También fue pérdida total la Oficina de Administración y Transformación de los Recursos Humanos (Oatrh). Los empleados fueron reubicados en el edificio de la Asociación de Retiro de Maestros, en Hato Rey.

“El huracán afectó muchísimo gran parte de las oficinas del gobierno. Ya al día de hoy la vasta mayoría de ellas ha regresado a sus oficinas (centrales), algunas han tenido que mudarse. La mayoría –de manera temporera– están en otras oficinas de gobierno. Es muy poco ya lo que queda por arreglar en términos de aquellas que no tenían un lugar de trabajo”, dijo Villafañe en entrevista con El Nuevo Día.

Villafañe aseguró que el gobierno no incurrirá en gastos para reubicar las oficinas, sino que se buscarán edificios que son propiedad del Estado.

Asimismo, indicó que “muchas de estas facilidades estaban aseguradas”, por lo que esperan por alguna indemnización de la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias (FEMA, por sus siglas en inglés).

“Estamos dando prioridad a la reubicación en edificios pertenecientes al gobierno. Esos mecanismos lo que deben permitir son ahorros en el gasto de renta... Obviamente, está el gasto de mudanza, pero esos son gastos operacionales también relacionados a la emergencia que deberían también reembolsarse (por FEMA). Se reclamarán”, abundó el secretario.

Renuncian 187 empleados

En cuanto a los empleados públicos damnificados por el huracán María, Villafañe sostuvo que luego del paso de los huracanes Irma y María, en   septiembre, se dieron instrucciones a los jefes de agencia para que fueran flexibles con   la asistencia.

“Luego del 1 de octubre los empleados públicos debieron reportarse a trabajar. Pero si había situaciones en la que una persona había resultado damnificada, había perdido su casa, su carro… ese tipo de cosas, en lo que podía solucionar ese asunto, pues había unos días en los que cada agencia podía determinar un trato flexible hacia ese empleado. Ha habido quienes se han ido de Puerto Rico o han solicitado licencias sin sueldo”, indicó Villafañe.

“Para el período del 5 de septiembre al 31 de octubre hubo un aproximado de 128 empleados retirados, 187 empleados que presentaron renuncia, 164 empleados que solicitaron licencia sin sueldo. Por ejemplo, por enfermedad, militar... Unos 34 empleados solicitaron licencia sin sueldo porque están fuera de Puerto Rico. Hubo tres decesos, 128 se fueron debido a la terminación de contratos transitorios, según los datos recopilados hasta el momento”, detalló Villafañe.