LUMA Energy trasladó este miércoles al Tribunal Federal la demanda estatal que la gobernadora Jenniffer González presentó en la tarde del martes para anular su contrato de gestión del sistema eléctrico, replicando la acción que tomó dos días antes, cuando hizo lo propio con un recurso previo de la Autoridad para las Alianzas Público Privadas (AAPP) y la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE).

En su notificación de traslado a la sala de la jueza Laura Taylor Swain –quien preside el proceso de reestructuración de la AEE–, LUMA describió el alegato de la mandataria como “casi una copia al carbón” de la demanda incoada la semana pasada por las corporaciones públicas.

“La acción de la gobernadora busca exactamente el mismo remedio que se procura en la acción de la AEE, sustentada en exactamente los mismos fundamentos. La demanda de la gobernadora declara expresamente que la acción de la gobernadora es un intento de impedir el traslado por parte de LUMA de la acción de la AEE. Sin embargo, como aquí se discute, la acción de la gobernadora también es trasladable a este tribunal”, planteó LUMA en la moción, de la que ya notificó al Tribunal de San Juan.

El traslado de jurisdicción, según LUMA, se fundamenta en la sección 306 de la ley Promesa, que concede al tribunal especial creado para atender la bancarrota de las instrumentalidades de Puerto Rico “jurisdicción exclusiva de toda la propiedad, dondequiera esté ubicada, del deudor al momento del comienzo del caso”.

“Por lo tanto, la acción de la gobernadora busca ejercer control sobre la propiedad del deudor, la AEE”, argumentó el consorcio, que desde 2021 se encarga de la transmisión y distribución eléctrica.

De igual forma, LUMA sostuvo que, de lograrse la anulación de su contrato, “el proceso de reestructuración (de la AEE) se echaría por la borda”.

“Como hemos compartimos (sic) anteriormente, creemos firmemente que el Tribunal Federal del Título III es el foro adecuado y apropiado para abordar cualquier reclamación relacionada con este asunto, por lo que hoy solicitamos que la nueva acción legal del Gobierno de Puerto Rico se traslade a ese foro. Como hemos mencionado anteriormente, el contrato original y su posterior extensión fueron creados, negociados y ejecutados por el Gobierno de Puerto Rico dentro del marco de ley existente”, indicó LUMA en declaraciones enviadas a los medios.

Según la moción judicial de la empresa, al momento del traslado no había sido emplazado de la segunda demanda ante el foro estatal, sino que conoció del recurso por medio de la prensa y, “posteriormente, un abogado externo de LUMA recibió copia de la petición relacionada al Tribunal Supremo (de Puerto Rico) vía correo electrónico”.

Junto a la demanda radicada el martes, González pidió al máximo foro estatal expedir una certificación intrajurisdiccional, de forma que atendiera el recurso de manera directa.