En anticipo a la vista de desacato pautada para mañana, miércoles, el consorcio LUMA Energy presentó hoy, martes, un escrito al Tribunal de Primera Instancia de San Juan detallando por qué, a su juicio, el poder de investigación de la comisión cameral presidida por el representante Luis Raúl Torres no se ha ejercido prudentemente y dentro de los contornos legales y reglamentarios aplicables al solicitarle información sobre su operación y empleados.

En la moción –de cerca de 50 páginas y que será atendida mañana–, LUMA planteó que la mayoría de los requerimientos fueron cursados luego de que expirara el término concedido a la comisión para realizar su investigación y tras la emisión de un informe final.

Según el consorcio, el propio reglamento de la Cámara de Representantes establece que la comisión no puede emitir requerimientos y citaciones adicionales una vez expirado el término de vigencia de la resolución que autoriza la investigación.

“Se trata, entonces, de que la comisión viene llamada a cumplir con el reglamento de la Cámara y no debiera estar por encima de las reglas aprobadas por el pleno de la Cámara, las cuales una vez aprobadas tienen fuerza de ley”, indicó LUMA en declaraciones escritas enviadas a El Nuevo Día.

Como argumento adicional, planteó que, luego de haber expirado la Resolución 136, la Cámara acudió a la Resolución 243, “la cual no tiene relevancia alguna a las operaciones de LUMA y no es capaz de concederle poder a la comisión para administrar y supervisar” al consorcio e “interferir” con el contrato de operación y mantenimiento de la red eléctrica. “Es decir, dicha resolución no cumple con el elemento de especificidad que, según nuestro Tribunal Supremo, debe tener una resolución legislativa para justificar la investigación que la comisión pretenden conducir sobre LUMA”, dijo.

El consorcio añadió que el Artículo 34-A del Código Político, en el que la comisión basa su recurso de solicitud de información, dispone que solo el presidente o vicepresidente de la Cámara o el Senado pueden acudir al tribunal para requerir la asistencia en la implementación del requerimiento.

“Si el pleito es presentado por una persona sin autoridad para hacerlo, como ocurrió en este caso, el tribunal no tiene jurisdicción para atenderlo”, esbozó LUMA, en referencia a que el representante Torres no es presidente ni vicepresidente de la Cámara, sino el titular de la Comisión de Desarrollo Económico, Planificación, Telecomunicaciones, Alianzas Público Privadas y Energía de ese cuerpo.

En cuanto a expectativas de la vista de mañana, LUMA indicó que, “por primera vez”, espera tener la oportunidad de exponer sus planteamientos de derecho “bien fundamentados” que establecen la presunta nulidad de dos investigaciones de la comisión. De ser declarados ha lugar, harían innecesario entrar a considerar argumentos legales del consorcio sobre los requerimientos de la comisión.

“Hasta esta etapa, LUMA no ha tenido oportunidad de participar de una vista y presentar verbalmente sus defensas y objeciones. La orden inicial del Tribunal de Primera Instancia fue dictada sin escuchar la posición de LUMA. Además, LUMA presentará objeciones bien fundamentadas sobre lo irrazonable, vaguedad y amplitud excesiva de los requerimientos”, sostuvo el consorcio.

La vista de mañana –solicitada por Torres– fue pautada por el juez superior Anthony Cuevas, luego de que el Tribunal Supremo declarara no ha lugar una segunda moción de reconsideración sometida por LUMA para no entregar la información solicitada por la Cámara. El Supremo devolvió el caso a la sala del juez Cuevas, quien inicialmente ordenó al consorcio entregar los requerimientos –en 24 horas– el pasado 25 de junio. LUMA, sin embargo, ha retrasado el proceso al llevar el caso al Tribunal de Apelaciones y, luego, al Supremo.

En sus declaraciones a El Nuevo Día, LUMA aseguró que ha entregado “miles de documentos” a la comisión.

Según el consorcio, ayer, lunes, proveyó a los abogados de Torres información adicional en respuesta a “múltiples requerimientos”, incluyendo la información y documentos entregados, la semana pasada, al Congreso de Estados Unidos, “como parte de un esfuerzo de buena fe de LUMA para reducir las controversias en el caso y adelantar la economía procesal”.

“El objetivo de LUMA en este caso no es dejar de proveer información, sino hacer valer sus derechos y los de sus empleados, proteger información sensitiva y crítica de la operación, pero, sobre todo, evitar un uso ilegítimo y del poder de investigación legislativo que, a todas luces, tiene como fin impedir la transformación del sistema eléctrico de Puerto Rico”, puntualizó.