La madre de una menor de 16 años de edad contra la que pesa una orden de protección por la Ley 54 –tras una denuncia de la progenitora de la joven con la que mantenía una relación de noviazgo– pidió que se le permita a su hija regresar a la escuela mientras se dilucida el asunto, al tiempo que denunció un “abuso de discreción” por parte de los jueces a cargo de la resolución del caso.

En entrevista con El Nuevo Día, la madre de la adolescente contra la que pesa la orden de protección desde el 18 de junio, a la que este medio no identificará para proteger la identidad de la menor, anticipó que acudirá al Tribunal Supremo para reclamar que “hubo un abuso de discreción del Tribunal Apelativo, al no querer modificar la orden de protección (para permitir a la menor regresar a la escuela) y que ha habido un abuso de discreción en no celebrar la vista y cumplir con lo que dice claramente la ley, que había que celebrar la vista en 20 días”.

“Estos términos no son discrecionales. Estos términos existen por una razón, para evitar que la gente utilice la ley de violencia doméstica para castigar”, enfatizó la mujer, quien es abogada.

Acusó a la madre peticionaria –que este medio tampoco identificará– de incoar el caso contra su hija por homofobia, pues presuntamente se opone a la orientación sexual de su hija. Este diario intentó contactar a la mujer, pero no ha obtenido respuesta.

La abogada contó que los problemas empezaron en mayo, cuando la menor con la que su hija mantenía una relación le contó a su madre sobre el noviazgo. De acuerdo con la licenciada, luego de enterarse de la relación, la madre peticionaria interrumpió una cita de ambas menores y discutió con su hija. Añadió que la mujer empezó a comunicarse por correo electrónico para hacerle reclamos, incluyendo que mudara a su hija fuera de Puerto Rico.

Por estudiar en el mismo grado, en la misma escuela, la orden de protección –emitida por la jueza Rocío Alonso González– impide a la menor acudir a clases. La abogada alegó que el plantel –cuyo nombre este diario también se reservará para proteger a las menores– no ha brindado a la joven la opción de conectarse a clases en línea y que solo le ofreció darle las tareas para que las haga en su casa.

“Para que la estudiante pueda continuar su progreso académico a pesar de la orden de protección que está vigente, la escuela ha puesto a disposición la metodología de aprendizaje de manera remota, la cual se utiliza con los estudiantes que se tienen que ausentar por otras razones, incluyendo acceso a maestros y planes de trabajo a través de nuestros portales online. Por otro lado, para proteger la educación de las estudiantes y cumplir con la orden, la escuela intentó participar del pleito para recibir guías claras del Tribunal sobre cómo cumplir con la orden judicial, y el Tribunal denegó esa solicitud”, comentó –por escrito– un portavoz de la escuela.

La Ley 54 dispone que, “siempre que el tribunal expida una orden de protección de manera ex parte”, deberá señalar una vista dentro de los próximos 20 días de haberse emitido la orden, “salvo que la parte peticionada solicite prórroga a tal efecto”. En este caso, la vista ha sufrido varios retrasos por acciones de la parte peticionaria, señaló la madre entrevistada, y no se celebrará hasta el 27 de agosto. Los retrasos impidieron que el pleito se resolviera previo al inicio de clases.

La progenitora de la menor contra quien pesa la orden relató que el juez Juan León González, actualmente a cargo del caso, rechazó una solicitud para enmendar la determinación para permitir a su hija ir a la escuela. La madre recurrió al Tribunal de Apelaciones, que denegó la petición y decidió que el Tribunal de Primera Instancia atendió el caso “de manera razonable”.

“Es necesario que mi hija regrese a la escuela. Y la escuela está dispuesta, si la niña regresa físicamente, a poner las medidas necesarias (para evitar el contacto), porque esa nena no está en las mismas clases que mi hija. También se le dijo al tribunal, están en clases diferentes”, planteó.

“Mi hija está sufriendo, mi hija ha sido humillada por esta señora, hasta humillada por la escuela, que no le quieren hacer ni un acomodo para que esté virtual. Es una escuela que sabe que ella es una excelente estudiante. (…) ¿Es razonable dejar a un niño fuera de la escuela? ¿Dónde está el deber del Estado de velar por los mejores intereses de los menores? ¿Por qué a mi hija se le está tratando de esta manera? Por la homofobia, esto es bien homofóbico”, denunció.

Según la orden revisada por este diario, la menor contra la que pesa la orden de protección “ha maltratado emocionalmente” a la otra adolescente. “En los pasados meses, (Persona A) ha presionado a (Persona B) para que le manifestara a su madre su orientación sexual y le dejara saber sobre la relación que estas tenían. Además, cuando las menores han tenido discusiones, (Persona A) le ha manifestado a (Persona B) que se va a matar si no pueden estar juntas”.

“Lo que quiero es poder hablar sobre lo que me pasó y poder defenderme en la corte, porque nos han negado ese derecho más de tres veces, y la Corte Suprema dice que tengo máximo 20 días para defenderme, y han pasado más de 60 días”, expresó vía telefónica la menor peticionada. “No es verdad que fui una abusadora y no es verdad que hice todas estas cosas que están diciendo que hice. Lo que yo quería hacer es estar con alguien que de verdad me amaba a mí también. Y ella dijo (ante el tribunal) que yo no le falté el respeto, que no le hice nada, y todavía la corte decidió poner la orden de protección cuando la supuesta víctima dijo que no había nada malo pasando en la relación, y fue la mamá la que dijo que yo convertí a su hija a ser gay”.

La licenciada sostuvo que la madre peticionaria fue a la escuela de las menores para exigir que expulsaran a su hija. Agregó que descubrió que la mujer –que también presentó una querella ética contra la abogada para quitarle su licencia– supuestamente tuvo un caso similar en la escuela previa de su hija, donde “acechó” a otra menor.