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Los integrantes de la Junta tomaron jurisdicción sobre las cuentas bancarias del Gobierno y sobre lo que ingresa y sale del fisco.
Los integrantes de la Junta tomaron jurisdicción sobre las cuentas bancarias del Gobierno y sobre lo que ingresa y sale del fisco.

La aplicación inmediata de PROMESA al Gobierno central, los planes de pensiones, la Universidad de Puerto Rico (UPR) y 21 corporaciones públicas deja a la luz que la Junta de Supervisión Fiscal (JSF) buscará cumplir con su encomienda de manera rápida y adoptando un enfoque del gobierno como un todo.

De acuerdo con dos entrevistados por El Nuevo Día, la premura y el enfoque general hacia el Gobierno que mostró la JSF también implica que el próximo gobernador de Puerto Rico tendrá poco espacio para influir en el proceso de corrección de las finanzas públicas que recién comienza bajo la Ley para la Supervisión, Gerencia y Estabilización Económica de Puerto Rico.

“Deben estar viendo el gobierno como un todo”, aseveró el abogado Ramón Rosario, quien anticipó que Puerto Rico comenzará a ver movidas “sustantivas” por parte de la JSF tan pronto como en noviembre próximo.

“La Junta va a apretar y ha puesto un calendario apretado al gobierno porque quieren tomar acción rápido”, agregó Rosario.

“Hay prisa, claro que hay prisa, porque no ha habido ninguna desde el 2006”, indicó por su parte el economista Elías Gutiérrez.

Según el director de la Escuela Graduada de Planificación de la UPR en Río Piedras, la reunión de la JSF ayer “fue lo mejor que ha pasado en Puerto Rico en décadas”.

“Independientemente de que uno pueda estar a favor o en contra de la junta, es positivo. ¿Se habla de una dictadura? Pero si aquí en los pasados años, hemos destruido la clase media, se han destruido las bases de capital, se ha lacerado a los bonistas afectando sus ahorros”, agregó Gutiérrez.

Ayer, después de atender asuntos procesales y siguiendo un libreto, los integrantes de la JSF levantaron sus manos para confirmar que tomarían jurisdicción sobre las cuentas bancarias del Gobierno y sobre lo que ingresa y sale del fisco. Ello, al clasificar como “entidades cubiertas” bajo PROMESA al Gobierno central y en paralelo, tomar control de las corporaciones que poseen los activos más valiosos del Estado.

Activos monetizables

De acuerdo con Rosario, aunque se anticipaba que el Gobierno central quedaría bajo la JSF, el cuerpo rector fue contundente al catalogar como “entidades cubiertas” corporaciones públicas como la Corporación para la Supervisión y Seguro de Cooperativas (Cossec) y la Corporación del Fondo del Seguro del Estado (CFSE).

“En la comunidad financiera, levantó mucha preocupación el anuncio del intercambio de Cossec. La presión fue tanta que La Fortaleza tuvo que decir que no aprobó la transacción”, dijo Rosario haciendo referencia al intercambio de acciones preferidas por bonos que persiguen varias cooperativas de la Isla y que en los círculos financieros, se ha interpretado como un trato preferencial a un acreedor sobre otros.

En el caso de la CFSE, Rosario indicó que la JSF podría tener interés en mantener control de corporaciones que gozan de cierta solvencia y tienen fondos que pueden ser socavados.

“Bajo todas las administraciones, estas corporaciones se han visto como una ATH (tarjeta de débito) para el Fondo General”, sostuvo Rosario en directa referencia a la CFSE.

La suspensión de litigios

De otro lado, el abogado recordó que la JSF opera contrarreloj. El cuerpo rector goza, por el momento, de la suspensión automática de litigios contra el Gobierno. Esta expira a mediados de febrero de 2017.

Aunque la suspensión podría extenderse hasta mayo de 2017, Rosario entiende que la JSF buscará cumplir con su deber a la brevedad y que intervendrá en los procesos judiciales que buscan frenar la suspensión automática, tanto presentes como futuros.

En busca del cuadro real. A juicio de Gutiérrez, la petición de informes semanales hecha por la JSF responde al deseo de identificar cuál es el verdadero estado de las finanzas públicas, una vez el Gobierno incumplió con sus deberes de divulgación financiera.

“Le han dado al gobernador trabajo secretarial”, dijo Gutiérrez en referencia a la presentación de manejo de efectivo y balances presupuestarios, algo que según fuentes de El Nuevo Día, el Gobierno ya hace rutinariamente con el Tesoro federal.

Gutiérrez no descartó que la toma de jurisdicción de las principales corporaciones públicas responda a un deseo de analizar su viabilidad y poder disponer de estas si es necesario.

Del otro lado, Gutiérrez destacó que la supervisión de corporaciones públicas también puede responder a que se impulsará un proceso de renegociación por emisor. Ese curso de acción, dijo el economista, sería el obligado si Puerto Rico quiere continuar teniendo acceso al mercado de capital norteamericano, el que ha constituido la única fuente de financiamiento público para el Gobierno en más de un siglo.

Atado el próximo gobernador

De acuerdo con Gutiérrez, las acciones de la JSF ayer, también evidencian que el candidato que gane las elecciones en noviembre próximo tendrá poco espacio y capacidad de influir en el proceso de corrección que comienza.

Ayer, la JSF dio al gobierno de Alejandro García Padilla hasta el próximo 14 de octubre para presentar el Plan Fiscal y de Crecimiento Económico revisado, documento que aparte de identificar las deficiencias financieras del Gobierno, podría incluir los mecanismos para zanjar la crisis y que van desde lograr la paridad en Medicare y Medicaid hasta lograr un recorte de los bonistas en el principal que adeuda Puerto Rico y que ronda $69,000 millones.

“Todas las jugadas están predeterminadas”, dijo Gutiérrez al plantear que el próximo gobernador no debe crear expectativas que no pueda cumplir, una vez llegado a La Fortaleza.