El Municipio de Hormigueros aprobó una ordenanza que le permitirá agilizar la contratación de amas de llaves y proveerles el servicio de atención en el hogar a 45 adultos mayores que permanecen en lista de espera, informó este martes el alcalde Pedro J. García.

“La lista de personas que están necesitadas es amplia y, por eso, lo estamos haciendo (ordenanza municipal), para acelerar el paso. Hay mucha gente sufriendo en las casas y los cuidadores necesitan un espacio porque están desgastados”, expresó García, en entrevista con El Nuevo Día.

Contrario a otras administraciones, Hormigueros no enfrenta retos económicos para ofrecer y sostener el servicio de amas de llaves, pero sí confronta problemas en el reclutamiento del personal, debido, principalmente, a lo difícil y costoso que resulta obtener el certificado de historial delictivo.

Las personas interesadas en trabajar como amas de llaves tienen que contar con un certificado, emitido por el Departamento de Salud, que valide que no han sido convictas por delitos sexuales ni abuso contra menores, entre otros enumerados en la “Ley de Verificación de Historial Delictivo de Proveedores de Servicios de Cuidado a Niños y Envejecientes” (Ley 300-1999). En este caso, se usan las huellas dactilares como parte del proceso de verificación.

La certificación, emitida a través del “Puerto Rico Background Check Program”, cuesta $70 y solo se obtiene yendo personalmente a la única oficina del programa que, a pesar de que atiende a ciudadanos de toda la isla, está ubicada en San Juan.

“Este es un andamiaje que se lo pone difícil a la persona”, indicó García, al señalar que al participante también se le exige un certificado de salud. “Todo puede resultar entre $180 y $200”, expuso.

Por los pasados meses, el Municipio ha estado transportando a los solicitantes hasta San Juan, pero no todos tienen los recursos económicos ni tecnológicos para completar el trámite. La ordenanza, sin embargo, le permite al ayuntamiento asumir los gastos.

“Esta decisión busca eliminar las barreras económicas y logísticas que impiden a muchos unirse a este programa vital. No podemos permitir que se pierdan fondos ni que nuestros adultos mayores y personas con impedimentos se queden sin atención por falta de personal”, recalcó el alcalde.

En febrero, durante una vista pública en el Senado, el secretario de Salud, Víctor Ramos, anunció que en cuestión de semanas abrirían dos oficinas satélites del PRBCP en Fajardo y Ponce, pero eso no ha ocurrido hasta el momento.

De hecho, ante la acumulación de solicitudes, Ramos aprobó una orden administrativa que extiende de uno a tres años la vigencia de los certificados de historial delictivo a proveedores de servicios de cuidado a menores, adultos mayores y personas con discapacidad, y para profesionales de la salud.

García añadió que, como mecanismo para atender la demanda del programa de Amas de Llaves –que actualmente cuenta alrededor de 30 participantes–, abrió la convocatoria a residentes de pueblos limítrofes, como Cabo Rojo y San Germán. “Yo pudiera emplear de 30 a 40 amas de llaves más si estuvieran disponibles”, apuntó.

“De dondequiera que quieran venir, vamos a estar ofreciéndoles ese trabajo, claro, después de hacer ese ‘background check’ (revisión de antecedentes)”, dijo, al recordar que el 32% de la población de Hormigueros, unas 6,000 personas, son adultos mayores, según los estimados de la Encuesta de Comunidad del Censo entre 2018 y 2022.

Hormigueros también está al tope en la lista de la tasa de dependencia de personas adultas mayores, que mide la cantidad de gente de 65 años o más que depende de otros en edades económicamente productivas (18 a 64 años), según datos de la Oficina del Censo. En Hormigueros, la tasa de dependencia es de 51.9 personas por cada 100 habitantes entre los 18 a 64 años.