El proceso de negociación colectiva que Genera PR mantiene con el sindicato que representa a más de la mitad de su empleomanía podría resultar en un costo incremental de 47% en los gastos de nómina, a la luz de la petición presupuestaria que la empresa sometió al Negociado de Energía de Puerto Rico (NEPR) de cara a la revisión de la tarifa base del sistema eléctrico.

Dentro del procedimiento de revisión tarifaria, Genera PR propuso un presupuesto “óptimo” de $113 millones para el renglón de mano de obra que, como testificó este martes la jefa de Recursos Humanos, Jennifer Witeczek, refleja el costo que supondría acceder a todos los reclamos que tienen sobre la mesa los empleados unionados, representados desde mediados de 2024 por la United Steelworkers (USW). En cambio, el presupuesto “limitado” –es decir, la petición alternativa que el NEPR requirió– ronda los $77 millones para mantener el esquema de beneficios vigente, una diferencia de $36 millones.

Según Witeczek, el grueso de los aumentos reclamados por el sindicato se distribuiría en $13 millones anuales para incrementos en el salario base, $6 millones en beneficios adicionales, $4 millones en incrementos periódicos y $3 millones en bonos de productividad. La ejecutiva precisó que el convenio negociado, una vez firmado por las partes, tendrá una duración de tres años.

“Como asunto práctico, el NEPR no puede controlar el resultado de las negociaciones. Si el NEPR aprueba un requisito de ingresos (producto de la tarifa) y ustedes van con esa cifra a la unión y le dicen ‘tómenlo o déjenlo’, no hay manera que el NEPR pueda evitar que haya una variación entre lo que se apruebe y lo que se acuerde (entre Genera PR y la USW)”, advirtió el oficial examinador Scott Hempling.

“Estamos haciendo la mejor negociación posible para que el número no llegue ahí ($113 millones). Pero fuimos transparentes (en la petición tarifaria)”, replicó Witeczek durante la audiencia, al tiempo que el principal oficial regulatorio de Genera PR, Ricardo Palléns Cruz, recalcó que la negociación está cobijada por las regulaciones laborales ordinarias.

El comisionado asociado Ferdinand Ramos Soegaard cuestionó cómo comparan, al presente, los beneficios de los trabajadores de Genera PR con los que se otorgaban bajo la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE). Ramos Soegaard puntualizó que, cuando Genera PR entró en funciones en 2023, un informe estimó que los trabajadores unionados recibían, en promedio, un salario de $62,000 anuales, con una mediana de $52,000, cifras que Witeczek confirmó, aunque no pudo precisar cómo comparaban con la compensación de la AEE.

La jefa de Recursos Humanos sí señaló que, como condición contractual, Genera PR venía obligada a ofrecer salarios y beneficios marginales iguales o mejores a los que ya disfrutaban los empleados del componente de generación.

De acuerdo con Witeczek, Genera PR mantiene una plantilla en torno a 700 empleados, con entre 30 y 40 plazas que permanecen vacantes. De ese total, unos 440 son unionados.

“Mi preocupación es que ese aumento en el presupuesto de mano de obra, que incluye a todos los trabajadores, es de casi 50% y solo iría como al 50% de los empleados”, sostuvo Ramos Soegaard.

En la audiencia, por otra parte, Genera PR y los comisionados parecieron chocar sobre la elegibilidad de la compañía para beneficiarse de los incentivos económicos contractuales derivados de ahorros que –directa o indirectamente– sean el producto de proyectos financiados por el gobierno federal.

Ese escenario podría materializarse, por ejemplo, si empleados de Genera PR trabajan en proyectos sufragados por la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias, que cubriría las horas dedicadas a esas obras, lo que reduciría el gasto de fondos provenientes de la tarifa base. De igual forma, los representantes legales de los bonistas de la AEE cuestionaron a Genera PR si podría reclamar bonificaciones si, mediante dinero federal, se realizan mejoras a una planta de generación que redundan en costos menores de combustible.

En ambos casos, Palléns Cruz y la jefa de Finanzas, María Sánchez Brás, sostuvieron que, a su juicio, Genera PR podría tener un derecho contractual a un incentivo equivalente al 50% del ahorro.

“Los incentivos son para ahorros fuera de lo ordinario. Pero, en proyectos federales, están trabajando para que el pueblo de Puerto Rico reciba todo el dinero de vuelta. (…) Si alguien más hizo el trabajo, ¿qué pericia entra aquí?”, cuestionó la comisionada asociada Lillian Mateo Santos, mientras que su homólogo Antonio Torres Miranda señaló que el NEPR tiene la responsabilidad de definir los parámetros de los incentivos.

“Respetuosamente, el LGOMA (acuerdo de operación y mantenimiento de la flota generatriz) no dice que, para cualificar al incentivo, haya que hacer algo extraordinario”, acentuó Palléns Cruz, quien trazó una distinción entre proyectos federales que meramente reparen un activo a su estado previo y uno que realice mejoras, en los que considera qué sí aplicarían las bonificaciones.