El Negociado de Energía de Puerto Rico (NEPR) emitió el viernes las directrices para el proceso acelerado de evaluación de proyectos de generación renovable o almacenamiento de energía en baterías, a la luz de la orden ejecutiva que la gobernadora Jenniffer González promulgó más temprano en la semana con miras a cumplir con los plazos de elegibilidad para incentivos federales que el Congreso estipuló en la última ley de reconciliación presupuestaria.

La solicitud de propuestas (RFP) que el NEPR ordenó a la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE) publicar en los próximos días contempla que, para el 15 de diciembre, el organismo regulador tenga en sus manos las ofertas a evaluar con miras a proceder a la fase de ejecución.

“Las propuestas conformes serán clasificadas por precio y tecnología. La AEE elaborará un informe resumido para el NEPR, indicando las deficiencias, el ranking y la justificación de la selección, sin revelar la identidad de los proponentes en la etapa inicial”, precisó el NEPR en la resolución.

El calendario aprobado, alineado con la Orden Ejecutiva 2025-047 que González firmó el pasado lunes, contempla que la AEE emita el RFP dentro de cinco días y que los proponentes respondan con sus respectivas ofertas en un período de 10 días. La corporación pública, entonces, tendrá 30 días para evaluar y presentar sus recomendaciones al NEPR.

“La intención es que la AEE someta las propuestas aceptadas para aprobación del NEPR no más tarde del 15 de diciembre de 2025”, indica el modelo de RFP que acompaña la resolución del regulador.

El proceso acelerado, en principio, está dirigido a proponentes que participaron de las cuatro rondas o “tranches” de licitación que la AEE y el NEPR supervisaron desde 2020, que resultaron en la aprobación de 13 proyectos de generación solar y nueve de almacenamiento de energía en baterías.

Según el NEPR, las condiciones para el RFP se fundamentarán en los términos del cuarto “tranche”, incluyendo aspectos de precio y extensión de los contratos.

“Cualquier desviación de los criterios y de los modelos de contratos y RFP anexos, de existir, deberá ser mínima y no sustancial. No obstante, en caso de existir alguna incompatibilidad entre los criterios aplicados en dichos contratos o RFP y el lenguaje aquí dispuesto, prevalecerán los criterios y disposiciones establecidos en esta resolución y orden”, estableció el NEPR.

La urgencia que se desprende de la orden ejecutiva y la resolución del NEPR surge de los plazos límites que el presidente Donald Trump impuso a los incentivos contributivos federales para proyectos de energía renovable por medio de la firma de la ley de reconciliación fiscal, conocida como el “One Big Beautiful Bill Act”. El estatuto dispuso, específicamente, que solo proyectos de generación renovable que comiencen construcción en o antes del 4 de julio de 2026 y que se encuentren operacionales para el 31 de diciembre de 2027 serán elegibles para beneficiarse de los créditos contributivos por inversión (ITC, en inglés).

Los ITC, de acuerdo con el director ejecutivo de la Asociación de Productores de Energía Renovable, Julián Herencia, permiten a los desarrolladores descontar de su responsabilidad tributaria el equivalente a los gastos en adquisición de equipo para los proyectos de energía renovable.

En pasados días, este diario reportó que, de los 13 proyectos de energía renovable aprobados como parte de los “tranches”, solo cuatro se consideran “listos para construcción”, mientras el resto aún enfrenta retos de financiamiento u obtención de permisos.

Contrario a los proyectos de generación fotovoltaica o eólica, la ley presupuestaria de Trump concedió a los desarrollos de almacenamiento de energía hasta 2032 para entrar en operación, precisó Herencia.