La decisión de LUMA Energy de recurrir al Tribunal Federal para controvertir las imputaciones de violaciones contractuales de la Autoridad para las Alianzas Público Privadas (AAPP) presagia un litigio que pudiera extenderse por “años” y, de esa forma, dar al traste con la promesa de la administración de Jenniffer González de rescindir el pacto y encargar la red de transmisión y distribución eléctrica a un nuevo operador.