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Entre las posturas que no cambiarán respecto al Ejecutivo anterior, Marrero destacó la privatización de WIPR y la externalización de servicios públicos al sector privado.
Entre las posturas que no cambiarán respecto al Ejecutivo anterior, Marrero destacó la privatización de WIPR y la externalización de servicios públicos al sector privado. (Teresa Canino Rivera)

Antes que concluya el año, la Autoridad de Asesoría Financiera y Agencia Fiscal (Aafaf) espera renegociar parte de la deuda de la Autoridad para el Financiamiento de la Infraestructura (AFI) y de la Compañía de Fomento Industrial (Pridco, en inglés).

En ese mismo período, la Aafaf también examinará la conveniencia del acuerdo de reestructuración (RSA, en inglés) de la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE), trabajará en un plan B en caso de no prevalecer en el litigio por la Ley 29 que reduciría la carga de los municipios y procurará alguna interacción con la Junta de Supervisión Fiscal (JSF) antes que el organismo federal presente el plan de ajuste del gobierno ante la jueza federal Laura Taylor Swain.

Esos temas son parte de la lista de prioridades de Omar Marrero, quien hace apenas un mes se convirtió en el tercer director ejecutivo de la Aafaf en menos de tres años.

Ayer, en entrevista con El Nuevo Día, Marrero dijo estar “del lado de Puerto Rico” cuando se le preguntó si se considera parte del grupo de jefes de agencia que “sobrevivió” a la crisis política provocada por su exjefe, el exgobernador Ricardo Rosselló Nevares, y sus colaboradores más cercanos, o como parte de la nueva administración que ha intentado proyectar la gobernadora Wanda Vázquez Garced.

Durante la entrevista, el exdirector de la Autoridad de Alianzas Público Privadas (AAPP) y la Oficina Central de Reconstrucción (COR3) buscó despejar las dudas que existen en ciertos círculos financieros en torno a su desempeño, y reconoció que, a lo sumo, tiene unos 14 meses para lograr resultados concretos a la luz de las exigencias de la ley federal Promesa y la JSF.

Puentes con la JSF

Consciente del poco tiempo que queda antes de las elecciones generales, Marrero explicó que la administración de Vázquez Garced no entrará en controversias innecesarias con la JSF y que el gobierno procurará ser parte del proceso de mediación en los casos de Título III que ha ordenado la jueza Swain.

“Vamos a tratar de mediar porque, al final del día, nos cuesta menos”, dijo Marrero, al revelar que ya comunicó la posición adoptada por Vázquez Garced a la jueza Barbara Houser.

El proceso de mediación se reanudó esta semana, supo este diario.

Marrero indicó que, si bien la preparación del plan de ajuste del gobierno es una competencia exclusiva de la JSF, les expuso a Houser y al ente federal la necesidad de que el gobierno pueda participar del proceso.

“Tenemos la expectativa de que podamos participar de ese proceso y que habrá apertura. Queremos ser optimistas sin ser cándidos”, manifestó Marrero.

No obstante, dejó claro que la postura conciliatoria del Ejecutivo ante la JSF no implica que no habrá diferencias. “Hay una mayor apertura. Todos podemos reconocer que las circunstancias cambiaron y que se requiere de un mayor desprendimiento. Sí, vamos a tener una relación de trabajo, pero, como diría mi viejo, lo cortés no quita lo valiente, y habrá cosas en las que no vamos a estar de acuerdo”, subrayó.

El Nuevo Día preguntó si Vázquez Garced pagará el bono de Navidad y si rechazará los recortes a las pensiones que acordó la JSF con el Comité Oficial de Retirados, dos asuntos en los cuales Rosselló Nevares trazó la raya.

“Se están revisitando distintos temas de política pública. Se está revaluando todo para asegurarse que habrá una decisión informada”, agregó Marrero, al explicar que tanto él como el representante del gobierno ante la JSF, Elí Díaz Atienza, han decidido examinar parte de lo realizado por sus predecesores.

Su fin es que la gobernadora reciba información suficiente, sea para reafirmar las políticas públicas de Rosselló Nevares en materia fiscal o ajustar el curso, de ser necesario, y en esa evaluación se encuentra el acuerdo de reestructuración de la AEE.

Marrero no prevé modificar los términos del RSA de la corporación pública, pero sí asegurar que lo hecho sea cónsono con la privatización de la red de transmisión y distribución y las conversaciones para allegar fondos federales a su infraestructura.

La Ley 29

De acuerdo con Marrero, una de las principales preocupaciones es asegurar el pago de las pensiones a lo largo del tiempo, y por ello, Vázquez Garced integró en el equipo fiscal al jefe de la Administración de los Sistemas de Retiro (ASR), Luis Collazo Rodríguez.

En esencia, el gobierno necesita encontrar una alternativa para sí o para los municipios, luego que se aprobara la Ley 29 de este año. El estatuto liberó a los municipios del pago de la Reforma de Salud y las aportaciones del sistema “PayGo”, convirtiendo el pago de pensiones en una obligación exclusiva del Fondo General.

“En cuanto a la Ley 29, la posición será defenderla (en el tribunal) porque, como mínimo, 40 municipios se pueden ver en una posición maltrecha”, dijo Marrero.

WIPR y el Supremo

Si bien para Marrero es necesario revisitar las posturas asumidas en temas fiscales, hay cosas que no cambiarán. Entre estas, la privatización de la Corporación para la Difusión Pública (WIPR) que ha recomendado la JSF y la externalización de servicios públicos al sector privado.

La administración de Vázquez Garced tampoco cambiará la posición que ha asumido el gobierno en el litigio que busca anular las acciones de la JSF de los pasados tres años, luego que el Primer Circuito de Apelaciones, en Boston, declarara que el ente federal es inconstitucional. Mientras más de una decena de organizaciones y figuras políticas han radicado recursos de amigos de la corte reiterando la invalidez de lo hecho por la JSF, el gobierno ha favorecido la doctrina de facto que estableció el Circuito de Apelaciones y que ha permitido que el ente federal continúe en funciones.

“Hay que ser pragmático”, dijo Marrero, al plantear que de anularse lo hecho por la JSF, también se irían por la borda los ajustes de deuda ya alcanzados y que rondan unos $22,000 millones, o cerca de la mitad de la deuda bajo el Título III de Promesa.

“Entendemos que nuestra postura es la correcta, no solo porque valida las acciones que se han tomado, sino porque protege los mejores intereses de Puerto Rico”, dijo Marrero.

“El efecto sería nefasto”, agregó el abogado, al indicar que si bien lo ideal “es terminar con la Junta y salir de Promesa”, mientras el estatuto esté vigente, hay que procurar cumplir con sus objetivos.