El Frente Unido del Valle de Lajas acudió este miércoles al Tribunal Federal con miras a obtener la documentación que dio paso a la subvención que la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica (NOAA, en inglés) autorizó para la restauración de la Laguna de Guánica, un proyecto al que la organización se opone por el impacto adverso que, a su juicio, tendría sobre el desarrollo agrícola del área.

La asignación, de $7.4 millones, fue adjudicada en 2023 a favor de la organización Protectores de Cuencas, que entonces dirigía el biólogo Roberto Viqueira Ríos, asesinado en julio pasado frente a su hogar, en Yauco.

“Aunque el Frente y Protectores ambos realizan trabajo ecológico importante en Puerto Rico, difieren con respecto al restablecimiento de una laguna en tierras agrícolas del Valle de Lajas”, sostiene el recurso de acceso a la información, presentado por los licenciados Judith Berkan y Steven Lausell, de la Clínica de Asistencia Legal de la Facultad de Derecho de la Universidad Interamericana.

“El interés público en la divulgación supera significativamente cualquier posible interés en retener la información, toda vez que el proyecto tiene implicaciones sustanciales para el terreno agrícola en Puerto Rico, lo cual es de vital importancia para la seguridad alimentaria en Puerto Rico”, abunda el escrito.

El recurso legal –en el que el portavoz del Frente Unido, Carlos Alfredo Vivoni Remus, figura como codemandante– esboza que, bajo las leyes de Puerto Rico, “otros usos o la eliminación de tierras agrícolas no están permitidos”, por lo que “el Frente se opone al financiamiento de proyectos, por la NOAA o cualquier otra entidad, si la reinundación del área donde estaba la laguna significa la pérdida clara y significativa de terrenos agrícolas”.

De acuerdo con el Frente Unido, en respuesta a su requerimiento de información, la NOAA se limitó a proveer documentación “considerablemente tachada”, dificultando la gestión de evaluar la propuesta que Protectores de Cuencas sometió de cara a la adjudicación de la subvención.

En un análisis de esa documentación, sin embargo, el Frente Unido identificó aparentes inconsistencias entre las representaciones que Protectores de Cuencas realizó ante las autoridades estatales y la NOAA.

“Esto sugiere que los endosos obtenidos localmente pueden haber estado viciados, al posiblemente haber estado fundamentados en información incompleta, lo cual, por sí mismo, levanta preocupación, y que también socava cualquier reclamo de confidencialidad”, argumenta la demanda, que insinúa que las tachaduras en los documentos entregados fueron producto de las recomendaciones de Protectores de Cuencas y no del criterio independiente de la NOAA, una dependencia adscrita al Departamento de Comercio de Estados Unidos.

Si bien la administración del exgobernador Pedro Pierluisi apoyó la restauración de la Laguna de Guánica –que fue drenada en la década de 1950 en favor del desarrollo agrícola bajo el llamado Proyecto del Suroeste–, el gobierno de Jenniffer González puso en duda el futuro del proyecto, dejando en manos de los departamentos de Agricultura y de Recursos Naturales y Ambientales definir el rumbo a seguir.