La jueza federal Laura Taylor Swain delineó este martes un calendario, que se extiende hasta febrero, para que las partes argumenten en torno al foro en que corresponde dirimir las demandas gubernamentales dirigidas a decretar la nulidad del contrato de LUMA Energy.

Aunque, con la orden emitida, la jueza se alineó con la administración de Jenniffer González al fragmentar la discusión sobre la jurisdicción de los pleitos de los demás elementos en controversia, los plazos dispuestos se encuentran en un punto medio entre los que el gobierno había solicitado y los que LUMA propuso en una moción coniunta el lunes.

Específicamente, Swain ordenó que las mociones dirigidas a devolver los casos al tribunal estatal –la postura que defiende el gobierno– se entreguen en o antes del 12 de enero de 2026, seguido por los escritos de oposición el 2 de febrero. Las réplicas a las oposiciones se tendrán que someter el 16 de febrero.

“En cada uno de los procedimientos adversativos, la fecha límite para que los demandados (LUMA) respondan a las demandas se extiende hasta 21 días después de que la corte expida una orden resolviendo la moción relevante de devolución y/o abstención o, de no someterse ninguna moción de devolución y/o abstención, el 2 de febrero de 2026”, indicó Swain, quien designó a la magistrada Judith Dein –quien la asiste en los procedimientos del Título III bajo la ley Promesa– para administrar los trámites de ambas demandas.

El 11 de diciembre, la Autoridad para las Alianzas Público Privadas (AAPP) y la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE) presentaron un recurso ante el Tribunal de Primera Instancia de San Juan con miras a obtener una sentencia declaratoria que decretara la nulidad del contrato de LUMA, así como un entredicho provisional e “injunction” preliminar que ordenara al consorcio privado entregar la información necesaria para proceder con una transición en la administración del sistema eléctrico.

Luego de que LUMA trasladara el pleito a la sala de Swain, el 16 de diciembre, González radicó otra demanda ante el foro estatal con, esencialmente, los mismos argumentos que las corporaciones públicas, aunque sin una solicitud de remedio provisional. LUMA, nuevamente, trasladó el caso al Tribunal Federal, bajo la premisa de que su contrato está cobijado por las protecciones concedidas a la AEE bajo el Título III.

El lunes, en una moción conjunta requerida por Swain, la Junta de Supervisión Fiscal (JSF) coincidió con el reclamo de LUMA de que la controversia debe resolverse ante el Tribunal Federal, y afirmó que el gobierno parece decidido a devolver el sistema eléctrico a manos públicas, en contravención del plan fiscal de la AEE, un argumento que los abogados del Estado rebatieron, señalando que la intención es procurar otro operador privado.

En el escrito, LUMA propuso que la fase de alegatos jurisdiccionales se extendiera hasta el 9 de marzo y que, en aras de “eficiencia”, paralelamente se realizara el descubrimiento de prueba asociado al pedido de remedio provisional de la AEE y la AAPP, un calendario que la JSF favoreció. Los demandantes, en cambio, propusieron un calendario que distinguiera entre los reclamos de la gobernadora y el de las corporaciones públicas, concluyendo el 17 y 21 de enero, respectivamente y dejando cualquier alegato sobre el “injunction” preliminar hasta la resolución del asunto jurisdiccional.

“(Swain) tiene toda la razón. Primero, tiene que determinar si hay jurisdicción y, segundo, si se va a abstener o no. Una vez decida eso, decide lo otro. El ‘injunction’ no va para ninguna parte”, vaticinó el abogado de Quiebras John Mudd.

Aunque Swain dispuso un calendario uniforme, los dos casos no han sido consolidados, por lo que, de momento, los trámites procesales seguirán segregados.

La aprobación del calendario procesal, mientras, se produce luego de que la JSF dejara establecida, una vez más, su postura de que la continuidad de la gestión privada de la red eléctrica es un componente esencial de la reorganización financiera de la AEE, cobijada bajo el Título III de Promesa desde 2017.

“Pese a expresiones públicas recientes de oficiales del gobierno de Puerto Rico, la Junta de Supervisión no tiene conocimiento de las identidades de ningún candidato para reemplazar a LUMA, o que la AAPP haya iniciado ningún proceso transparente y competitivo con ese fin. Para que no quede duda, el regreso de las operaciones de transmisión y distribución a una AEE ‘legado’ como consecuencia de la terminación del acuerdo de operación y mantenimiento (lo que estos casos buscan lograr) es un resultado inaceptable y contrario a la ley y política pública”, estipuló la JSF.

“En el fondo, el acuerdo de operación y mantenimiento de transmisión y distribución es el contrato más importante de la AEE y es central a la reestructuración de la AEE bajo el Título III”, acentuó el organismo.

En la misma moción, el gobierno subrayó que “en ningún momento” ha buscado adelantar una devolución el sistema eléctrico a manos públicas.

“Por el contrario, las partes gubernamentales han reafirmado consistentemente su compromiso con el modelo de alianzas público privadas como una piedra angular de la transformación energética de Puerto Rico”, insistieron los demandantes.

“Puedes señalar todos los errores que quieras de LUMA, pero hasta que no le pongas en la cara a la JSF, ‘este es el que va a sustituir a LUMA’, la JSF no va a permitir la sustitución, punto”, planteó Mudd.

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Alex Figueroa Cancel colaboró en esta historia